A nivel oficial se informó este domingo que debido al derrumbe del pasado 6 de diciembre en una mina ubicada el sector indígena San José de Wadamapana, estado Bolívar, la cifra de fallecidos aumentó a 12 personas. De acuerdo con mineros y de cuerpos de seguridad, están en la búsqueda de otra persona que aún se encuentra desaparecida.
La Izquierda Diario Venezuela @LaIzqDiario_VE
Lunes 11 de diciembre de 2023
Tras cumplirse cuatro días del derrumbe que se registró en el sector 7 de la comunidad indígena San José de Wadamapa, en la parroquia Ikabarú del municipio Gran Sabana, al sur de Bolívar, el gobierno informó que se eleva a 12 el número de fallecidos. Se trata de una tragedia anunciada, pues la mina ya se había desbarrancado el pasado 12 de noviembre, en un siniestro que dejó varios heridos.
A pesar de ese accidente de noviembre que estuvo cerca de cobrarse decenas de vidas humanas, hecho que se hizo viral por todas las redes sociales y medios de comunicación, el Estado permitió que esa mina continuara operando. Es que desde el propio Estado se promueve este tipo de minería criminal e inhumana. Por eso decimos que el Estado es responsable de esta tragedia.
Se trata de minas, propensas a sufrir accidentes, que se gestionan ante la propia vista del Gobierno y donde las tragedias son constantes.
En la zona actúan todo tipo de grupos irregulares y criminales en engranaje tanto con sectores de las grandes corporaciones transnacionales como de empresas formales del Estado, que son los que reciben el producto de esa explotación minera. Son estos grandes intereses de estas corporaciones y empresas para los que la vida de trabajadores mineros no valen nada. Lo hacen aun existiendo avisos tan claros con el derrumbe de noviembre, que solo por el esfuerzo de los propios mineros se pudieron salvar la vida, tal como fue difundido por los medios.
El Gobierno explota en estos territorios el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), que abarca más de 111 mil kilómetros, casi un 12% del territorio nacional, zona de gran biodiversidad, fuentes de agua, espacios de vida de variados pueblos indígenas.
Es toda una zona rica en oro y otros minerales en la que tienen presencia, además de empresas extranjeras y formales del Estado, todo tipo de organizaciones mafiosas y criminales. El Gobierno, con ayuda de cientos de militares y con empresas ligadas a las Fuerzas Armadas, también extraen riquezas de la mayor parte del área.
