Luego de solo una semana en libertad, Celestino Córdova deberá volver al CET de Vilcún, esto debido a recurso interpuesto por el gobierno junto a la familia Luchsinger-Mackay. Los vicios del juicio y las imputaciones no son un tema para el gobierno que, cuadrado con la derecha, sigue atacando a los representantes del pueblo mapuche.
Miércoles 10 de enero
Solo una semana alcanzó a estar en libertad del machi Celestino Córdova, uno de los pocos condenados por el bullado caso Luchsinger-Mackay. Córdova imputado como supuesto responsable material del asesinato de Werner Luchsinger Lemp y Vivianne Mackay González, fue condenado sin pruebas fehacientes y solo a través del criterio del tribunal, ya que el principal medio de prueba que se usó para su formalización, fue una herida de bala que se probó que no había salido del arma con la que se defendió el matrimonio y que se asume que lo que golpeó al machi había sido una bala loca. Él fue detenido a casi 1750 metros del lugar de los hechos.
Luego del juicio y posterior condena, el machi Celestino ha estado cumpliendo la pena de 18 años de cárcel en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Vilcún, región de la Araucanía.
La resolución de la Corte Suprema a la apelación realizada por el gobierno y los familiares del matrimonio Luchsinger-Mackay fue abordada por la Segunda Sala del máximo tribunal del país, rechazando el recurso amparo interpuesto Córdova. En el fallo la corte señala que no hay arrepentimiento por parte del acusado y que no se cumplieron temas técnicos para habilitar el beneficio de libertad condicional.
Aun así, y considerando los diversos vicios denunciados por la defensa del Celestino Córdova, este se presentó de manera voluntaria en el CET donde fue nuevamente ingresado para seguir cumpliendo la condena establecida por los tribunales.
El hecho de que Celestino fuera puesto en libertad y luego encarcelado otra vez por una acción judicial impulsada por el gobierno de Boric, pone de manifiesto cómo este gobierno ha hecho suya la política del Estado de persecución y encarcelamiento de los activistas y militantes de la causa mapuche. No solo ha extendido ya de forma indefinida el Estado de excepción constitucional en el sur, sino que ha apostado a intervenir, perseguir y desmantelar las organizaciones territoriales que luchan por el derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche.
La subordinación a los intereses de las grandes forestales y las familias latifundistas en el sur, no han hecho más que fortalecer a los sectores más conservadores y derechistas de la zona, enterrando la bandera de lucha por los derechos del pueblo mapuche y aportando a la criminalización y la persecución a las organizaciones mapuche que se enfrentan al Estado de Chile.
