Opinion. Tras el derrumbe y el “Valparaíso postergado” ¿Un problema de recursos?

Así lo revelan las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Vivienda (Minvu), que actualizan el catastro realizado el año 2011, y que pese a poner énfasis en el aumento de inmigrantes que viven en campamentos en las regiones del norte del país, exponen con crudeza la situación que afecta a miles de familias en nuestra zona.

De acuerdo a los resultados del trabajo que desarrollaron 500 profesionales del Minvu en todo el país, en la Región de Valparaíso existe un total de 181 campamentos, un 22% más que los 146 asentamientos sin permisos que contaba el ministerio ocho años antes. A nivel nacional, sólo la combinación de las regiones del Biobío y Ñuble (152 campamentos entre ambas) se acerca a los números que denotan la situación en Valparaíso.

En dichas casas viven 26.286 personas, quienes en su mayoría decidieron irse a una vivienda en terreno sin regularización debido al alto costo de los arriendos (31%) o la necesidad de adquirir independencia debido a que vivían como allegados (24%).

A nivel nacional, del total de hogares existentes, el estudio reveló que el 55% cuenta con una jefa de hogar, casos en los cuales el 43% es monoparental. En cuanto a la presencia de migrantes en asentamientos, el catastro arrojó que el 27,4% de los hogares cuenta con población de nacionalidad extranjera, principalmente de nacionalidad boliviana, colombiana y peruana. El subsecretario del Minvu, Guillermo Rolando, afirmó que "tomamos con mucha preocupación el aumento en el catastro de familias viviendo en campamento que, a pesar de los esfuerzos donde miles de familias han logrado mejorar sus condiciones en los últimos años, esto sigue aumentando".

26.286 personas viven en un asentamiento irregular en la Región de Valparaíso, según el Minvu. 24 % de esas personas dicen que la principal causa de vivir en campamento es el alto costo de los arriendos. 11.228 hogares fueron catastrados en los casi 50 asentamientos irregulares que existen en la región. 27 campamentos iniciaron su gestión de cierre en la región, 17 de ellos en Valparaíso y Viña.

¿Un problema de recursos y de la ley de presupuesto?

La precariedad de la vivienda abrió un amplio debate respecto al “Valparaíso postergado”. El gobierno salio a mencionar una inyección de recursos cercano a los mil millones para la construcción de viviendas, cuestión apoyada por el alcalde Jorge Sharp.

Por distintas vías todos coinciden con que este es un problema de recursos designados para las regiones.

Para el senador del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre (RD), esta cifra da cuenta de un fracaso en la política de vivienda aplicada en la región. "No hay construcción suficiente y no hay presupuesto suficiente para atender el déficit habitacional. Esto da cuenta de un problema histórico que no se ha enfrentado adecuadamente y espero que el Gobierno pueda reflejar soluciones en la próxima Ley de Presupuestos 2020", sostuvo Latorre.

Mientras el gobierno busca hacer una inyección de recursos focalizados que son chipe libre para la especulación inmobiliaria, para resolver el problema de la vivienda. El frente amplio ubica efectivamente el problema y lo denuncia, pero su salida es… esperar la ley de presupuesto 2020 dependiente del Congreso.

La solución frente a las miserias que hoy vive el pueblo trabajador en materia de vivienda, y en particular la juventud y las mujeres, que son la mayoría de la población pobre y que vive sin servicios básicos como agua potable. No se trata de una cuestión simplemente de recursos.

La región de Valparaíso genera enormes ganancias, como las que día a día genera la empresa portuaria. El problema es que estas ganancias se las lleva una minoría de empresarios como la familia Von Appen, responsables de la cruda represión a los trabajadores portuarios.

No olvidar, que con un día de trabajo portuario de podrían construir cientos de viviendas de emergencia. Y solo con la temporada de la fruta se podría resolver el problema habitacional en Valparaíso. Es necesario instalar la necesidad de un plan habitacional de emergencia gestionado por trabajadores y pobladores financiado en base al impuesto a las empresas inmobiliarias, junto a la pelea por la expropiación de los recursos estratégicos como el puerto de Valparaíso bajo gestión de trabajadores y control popular. Las y los trabajadores podrían dar una salida a la creciente pobreza y problemas latentes como el que hoy se vive en decenas de campamentos en la región.