Mientras el gobierno apunta a un veto casi total del proyecto, la derecha pretende mantener sus puntos más reaccionarios y la posibilidad de la autotutela en la defensa de su sacrosanta propiedad privada. Con veto o sin veto, son los sectores más pobres del país los que sufren con el enorme déficit habitacional, mientras los ricos regularizan sus tomas y construcciones ilegales a lo largo de todo el país.
Lunes 2 de octubre de 2023
Con expectativa los partidos de gobierno y oposición esperaban el tipo de veto que realizaría el gobierno a la ley anti-toma que se aprobó a principio de agosto. La iniciativa aprobada por 89 votos ahora deberá ser revisada artículo por artículo antes de que vuelva a entrar a la cámara para su revisión final.
Durante el programa mesa central de canal 13, el presidente de la UDI Javier Macaya, intentó poner al gobierno a favor de las “usurpaciones” pero la verdad es que el propio gobierno es quien impulsó esta ley, la diferencia sustancial que se generó entre ambos bloques fue el tema de la “legítima defensa privilegiada” y la posibilidad de que civiles u organizaciones civiles se coordinen para atacar a quienes ellos consideren que están violando su “propiedad”.
La ley, en lo que acuerdan gobierno y oposición, busca endurecer las sanciones contra la usurpación de propiedades, introduce modificaciones al Código Penal que establecen penas privativas de libertad para quienes resulten condenados. Además, prolonga el período de flagrancia y facilita la detención de los ocupantes. Sin embargo, el concepto de "flagrancia permanente" y la "legítima defensa privilegiada" de los propietarios, abre la puerta para una ley de gatillo fácil, ya no solo para los policías, sino para los privados.
En el caso de la legítima defensa privilegiada, la ley lo que hace es poner en un mismo nivel la defensa de la vida (frente a un ataque) con la defensa de la propiedad, donde para restituir un inmueble o un terreno, se podrían justificar el asesinato contra los más pobres, aquellos que ni siquiera tienen un derecho tan básico como una vivienda donde desarrollar su vida.
Mientras Macaya señala que de vetar la ley sería un problema sobre todo para la zona sur del país, que el gobierno tendrá que “dar explicaciones sobre todo a la gente de la región del Bío Bío, La Araucanía, de la Macro Zona Sur que tienen este problema de los terrenos”, Pero tras los dichos de Macaya lo que está sobre la mesa es su política criminalizadora contra el pueblo mapuche, no sus amigos ricos que se apropian de las riberas de ríos y lagos como se ha mostrado insistentemente a través de diversos reportajes en los canales de televisión.
Y en las urbes el problema no es muy diferente. Son las familias pobres las que sufren el hacinamiento y el déficit habitacional, mientras los ricos construyen donde quieren, las inmobiliarias no respetan los permisos de edificación o hacen lobby para modificar las reglas como ocurrió en Con Con, hay 81.643 familias viviendo en 969 campamentos en todo Chile, la cifra más alta desde 1996. Sólo desde octubre de 2019 a marzo de 2021 el número de familias viviendo en campamentos en el país aumentó casi en un 74%, todo esto empuja a los sectores más desfavorecidos a moverse hacia las tomas en muy precarias condiciones.
El proyecto de ley no casualmente se llama de “Usurpación de terrenos” que busca defender la propiedad privada de grandes grupos económicos que lucran con el suelo, muchas veces casi regalados por el Estado, para con ello rentabilizar los lugares para mayores ganancias, mientras aumentan los costos a la población.
Desde los campamentos y ocupaciones así como de organizaciones por el derecho a la vivienda, denuncian este proyecto como criminalizador y defensor del uso del suelo como un negocio, mientras el Estado no entrega ninguna respuesta por el reclamo de vivienda digna. Y señalan que busca detener las protestas por vivienda que han ido en aumento así como reprimirles sin necesidad de contar con el respaldo de la justicia.
Asimismo establece un peligroso precedente para poder desalojar, reprimir y criminalizar al movimiento mapuche también, pues es uno de los ascensos de toma de tierras de los últimos dos años, aunque en este caso como una lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales usurpadas por las forestales y latifundistas. Incluso, movimientos por el derecho a la vivienda digna han acusado que bajo esa figura se podría perseguir todo tipo de ocupaciones, desde liceos hasta universidades y eventualmente empresas frente a casos de huelga u otros casos similares.
El resultado de esta discusión está por verse. El gobierno espera reformular 10 artículos y agregar cosas en otros 4.
