La Unidad de Inteligencia Financiera entabló una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Esto, al ser detectada una transferencia presuntamente irregular de 26 millones de pesos que no corresponden con los ingresos económicos que ha reportado a las instancias tributarias del gobierno de México.
Viernes 8 de julio de 2022
La acusación contra el ex mandatario priista deriva de transferencias por 26 millones de pesos que instituciones bancarias reportaron a la UIF. Además de ello, dicha Unidad encontró vínculos que Peña Nieto tiene con empresas con irregularidades fiscales y financieras.
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En torno a esto, Pablo Gómez, titular de la UIF, mencionó al diario El Sol de México que la carpeta completa fue entregada a la Fiscalía General de la República, encargada de llevar a cabo las investigaciones.
El titular de la Unidad también mencionó que Peña Nieto había favorecido a dos empresas de familiares antes de ser presidente de la república, las cuales en su sexenio se beneficiaron con contratos para proveer al gobierno federal: la cifra de ganancias asciende los 10 mil millones de pesos.
Por su parte, distintos políticos han emitido su opinión respecto a las acusaciones que enfrenta el expresidente. Claudia Sheinbaum comentó que el hecho de que la UIF haya decidido enviar la investigación a la fiscalía significa, por sí mismo, que “ya no hay impunidad”.
Ricardo Monreal, fiel a su estilo pragmático, enfatizó que debe prevalecer la presunción de inocencia sobre Peña y que, por lo tanto, no se suma al clima de linchamiento ni de venganzas políticas.
Alejandro Moreno manifestó su apoyo a Peña Nieto agregando, además, que “su trabajo comprometido por nuestro país fue muestra de progreso y desarrollo, algo que ya extrañamos en México”.
A pesar de que en redes sociales usuari@s han expresado opiniones sobre la falta de justicia en los casos de Atenco ─en 2006, cuando Peña era gobernador del Estado de México-, así como en los de las masacres de Ayotzinapa y Nochixtlan ─cuando fue presidente de la república-, no ha habido mención a ellos por parte de la casta política. La impunidad hasta la fecha prevalece en los tres casos.
En Atenco y Texcoco durante, los días tres y cuatro de mayo de 2006, corporaciones policiacas tanto estatales como federales pisotearon derechos humanos de los y las manifestantes que se encontraban realizando bloqueos en protesta por el despojo de tierras a ejidatarios pobres, a quienes mediante decretos les habían sido expropiadas para la construcción del hoy cancelado proyecto de Aeropuerto Texcoco.
En esos hechos se ejerció brutalidad policiaca para desalojar a manifestantes: 11 mujeres denunciaron tortura sexual por elementos policiacos, entre las decenas que sufrieron abusos sexuales durante la represión de Atenco en 2006. El Estado mexicano con órdenes directas sobre la policía estatal, federal y el ejército es responsable por las detenciones arbitrarias, el uso innecesario de la fuerza pública, tortura y tortura sexual;
Por otra parte, en Ayotzinapa ─Iguala, Guerrero; 26 y 27 de septiembre de 2014- y Nochixtlan, Oaxaca, ─ 19 de junio de 2016- ocurrieron dos de las masacres más brutales de los últimos años en México, en las cuales manifestantes y estudiantes fueron asesinados o desaparecidos. Ambos hechos involucran también a policías de distintos niveles y militares. En todos ellos hay impunidad total.
