Crisis habitacional. Un informe de la Universidad de Talca pronostica que para el año 2025 existirá un déficit de 750 mil viviendas sociales.

El estudio, titulado "Crisis habitacional en Chile: Construcción de viviendas sociales sin deuda", fue realizado por el académico Armando Durán Bustamante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Este análisis destaca como principal problema los extensos plazos de entrega de soluciones habitacionales, que oscilan entre 5 y 10 años en promedio, y en algunos casos superan los 15 años.

Según las cifras del ciclo de vida, que abarca el periodo desde la conformación de un grupo habitacional hasta la entrega de las viviendas, este no ha experimentado aceleración, siendo en ocasiones superior a los 15 años, según explicó Durán Bustamante.

La investigación revela que, a nivel nacional, el déficit habitacional alcanzó el 50,92% en el año 2023. Las regiones más afectadas fueron Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins, Los Ríos, Aysén y Magallanes, donde el déficit de viviendas sociales construidas en 2023, en comparación con el año anterior, superó el 80%.

El estudio también destaca la desigualdad en la postulación a beneficios en las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), organismos que asesoran a los comités habitacionales. Según la investigación, esta desigualdad se observa principalmente en ciertas zonas territoriales, exacerbando la crisis habitacional.

Otro punto destacado es la falta de rentabilidad en la construcción de viviendas sociales, según lo expresado por entrevistados, incluyendo EGIS y empresas constructoras. La investigación propone que las acciones para mejorar la brecha en la construcción de viviendas deberían centrarse en trabajar con la demanda, simplificar la permisología y aumentar el conocimiento de la trazabilidad para atraer nuevos actores, dado que actualmente el Estado cumple principalmente un rol normativo y subsidiario en el acceso a la vivienda para familias de menores ingresos, según señala el especialista.

Con estos datos podemos una vez más evidenciar el enorme problema de la vivienda en el país, más aún durante la pandemia. Hoy son muchas las familas trabajadoras quienes no poseen una vivienda propia o viven en campamentos, los cuales no cuentan con servicios básicos y cuyas familias ni siquiera poseen sueldos mínimos, sino que justamente se encuentran bajo la línea de la pobreza y en trabajos muy precarizados.

Las inmobiliarios que hacen un negocio con la vivienda mientras dejan a miles de familias en la calle, siendo esta una crisis de la vivienda que se suma al problema de los campamentos, la vulnerabilidad y precariedad de miles de familias, muchas de ellas migrantes. Por ello es necesario acabar con el negocio inmobiliario de los grandes empresarios y poner en pie un plan de emergencia habitacional, que sea gestionado por trabajadores y pobladores, basado en el impuesto a las grandes fortunas y la renacionalización de los recursos naturales.