Un juez investiga al gobierno andaluz por presunta prevaricación al asignar a dedo 300 millones a clínicas privadas

Un juez estaría investigando al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un posible delito de prevaricación al haber aprovechado la legislación de emergencia por pandemia para seguir asignando contratos a dedos a hospitales y clínicas privadas incluso tras el final de la crisis del Covid-19. Una política que habría durado inicialmente de 2021 hasta acabar oficialmente en 2023 según el gobierno andaluz pero que posteriormente se ha descubierto que se habría reactivado a inicios de este año. En total, más de 300 millones de euros de dinero público habrían sido desviados a la Sanidad Privada de forma ilegal.

Un escándalo de corrupción que incluiría a varios altos cargos de la administración andaluza como la actual gerente del SAS, Valle García, o el exconsejero de Salud y actual presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre. Quienes habrían sido partícipes en la adjudicación ilegal de contratos a clínicas privadas tomando como referencia legislación de emergencia aprobada en el contexto de la crisis del Covid-19.

En concreto, se basaron en el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020 que daba pie a que las administraciones autonómicas pudieran contratar a dedo empresas sanitarias con un procedimiento más ágil para atajar una posible expansión del virus. Una política de emergencia que eliminaba controles y la fiscalización del dinero público por motivos de urgencia sanitaria. Dicho artículo afirmaba: “La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de la Administración general del Estado para hacer frente a la Covid-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público”.

Este segundo artículo referido a situaciones catastróficas o de eventos que afecten a la defensa nacional plantea un régimen excepcional donde “El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente”.

Tomando esto como referencia la Junta de Andalucía habría tomado un Acuerdo de Emergencia el 20 de enero de 2021 firmado por el director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzman, actual viceconsejero de Salud, que habría dado luz verde a 79 contratos con clínicas privadas por 70 millones de euros. Dicho acuerdo fue sumando prórrogas en 2021 y 2022 triplicando el presupuesto inicial. Todo ello según la Junta de Andalucía siguiendo lo permitido por los dos artículos citados anteriormente.

Amparados por esta normativa, el gobierno de Moreno Bonilla habría prorrogado a priori hasta 2023, ahora sabemos que, hasta este año, esta figura excepcional de contratación de empresas sanitarias sin publicidad, concurrencia pública y sin apenas una fiscalización del gasto por los organismos pertinentes.

El SAS habría estirado el chicle de la emergencia sanitaria agarrándose a que la OMS declaró el fin de la pandemia el 5 de mayo de 2023 para continuar esta política que ahora un juez investiga por posible delito de prevaricación. Otro argumento esgrimido por la Junta de Andalucía es que los efectos de la pandemia seguían persistiendo varios años después de su inicio, por lo que el SAS seguía viéndose afectado por ello. Un argumento que ignora que parte del problema del SAS es el propio desmantelamiento concienzudo que PSOE y PP han realizado de la Sanidad Pública andaluza, con, por ejemplo, Moreno Bonilla despidiendo a todos los enfermeros contratados por urgencia en la peor parte de la pandemia.

Los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, órgano superior de control interior y control financiero, es decir, el órgano de fiscalización de la Junta de Andalucía, han desmentido los argumentos lanzados por el gobierno de Moreno Bonilla. Dichos informes señalan que no existía justificación para continuar utilizando dicha contratación de emergencia a partir de 2022. También se ha señalado que dicha práctica no terminó en mayo de 2023 como afirmaba el gobierno del PP, sino que continuó en 2024 añadiendo mas de 28 millones de euros a la cantidad que la Junta de Andalucía habría desviado ilegalmente a la Sanidad Privada profundizando la crisis del SAS.

Un “sistema paralelo” de contratación a dedo

La causa judicial estaría investigando “un sistema paralelo” de contratación a dedo con clínicas privadas que habría durado cuatro años, de 2020 a ahora. El juez ha citado a declarar a los tres últimos gerentes del SAS para informarles oficialmente de que están siendo investigados por prevaricación.

Por su parte, el PSOE ha lanzado una querella donde le imputan delitos de malversación, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Planteando la posibilidad de que la causa involucre a más altos cargos del gobierno andaluz.

Otros grupos de la izquierda parlamentaria se habrían sumado a la denuncia del escándalo exigiendo su investigación.

Un posible escándalo de corrupción que golpea al gobierno de Moreno Bonilla al mismo tiempo que la Marea Blanca ha movilizado este fin de semana a miles de personas en las capitales de provincia para protestar contra el desmantelamiento de la Sanidad Pública.

Y un posible escándalo de corrupción que puede dar alas a una izquierda parlamentaria que fue vapuleada en los últimos procesos electorales en Andalucía precisamente por no ofrecer nada sustancialmente diferente a las políticas públicas del PP. El PSOE andaluz podría resolver, paradójicamente, su falta de proyecto y su similitud con el PP de Bonilla de la misma forma que en su momento Juanma Moreno supo ganarle al PSOE andaluz, demostrando que en esencia son lo mismo solo que uno de ellos no estaba en ese momento siendo investigado por un grave caso de corrupción.