El gobierno de Piñera no sólo será recordado por haber enfrentado la rebelión popular de octubre y noviembre de 2019, y las violaciones a los derechos humanos. También será recordado del mayor desempleo visto en décadas. Según estadísticas cerca de 3 millones de trabajadores están desempleados, suspendidos o inactivos. Son los males inherentes del capitalismo chileno y su régimen político que asegura altas ganancias privadas y fuertes ataques a las condiciones de vida de los trabajadores. El plan de la burguesía es cuidar el consenso con el modelo, mantener el rescate estatal a sus negocios quebrados, una política de ingresos de emergencia para los más pobres y prometer para un futuro indefinido que la empresa privada vuelva a abrir puestos de trabajo. Quieren que la crisis la paguen los trabajadores. Es urgente que los trabajadores propongan un plan de reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin rebaja de sueldo, en el marco de un plan de obras públicas controlado por trabajadores y sindicatos, a partir de afectar la ganancia de los grandes empresarios.

La promesa de la reactivación económica

La burguesía viene discutiendo que ya comenzó la recuperación económica, en la medida que avanza el des-confinamiento. Pero esa recuperación tiene una serie de riesgos y que, de todas formas, no alcanzará para volver a los niveles previos a la pandemia, al mismo tiempo que se mantendrá alto el desempleo durante varios años. Vitorio Corbo, ex presidente del Banco Central, lo resumía planteando que "con este cuadro podemos concluir que aunque la recuperación de la actividad se ha iniciado, su continuidad enfrenta importantes riesgos externos e internos y el mercado laboral seguirá debilitado por bastante tiempo” [1]. Entre los riesgos externos identificaba las tensiones entre EE.UU y China, las elecciones conflictivas en EE.UU, además de los posibles rebrotes; y a nivel interno, identifica la inestabilidad política (producto de las disputas entre instituciones), la incertidumbre por el proceso constitucional y la posible reemergencia de las movilizaciones. Desde El Mercurio en la editorial del 18 de septiembre, este importante medio de la clase dominante sostenía que el desempleo era un “batalla estratégica”.

El gobierno en su última cuenta pública propuso un plan de inversiones, apostando por la minería como uno de los sostenes y motores, para que de esta forma sea la empresa privada la que absorba a la gran masa de desempleados. Sin embargo, todos coinciden en que el desempleo será alto durante largo tiempo, algunos pronostican 3 y otros 5 años. Por ahora la economía chilena, profundamente golpeada, tiene como punto de apoyo el precio del cobre y el comercio mundial, pero son factores que dependen considerablemente de lo que suceda con las potencias mundiales.

El desempleo de Chile: más de 3 millones de trabajadores fuera del trabajo

Según datos del INE, se han perdido 2,1 millones de puestos de trabajo. Es decir que durante la pandemia se destruyeron esos puestos de trabajo y estos trabajadores durante 7 meses han vivido de su seguro de cesantía, mermando sus ingresos considerablemente. En pandemia los empresarios. Además, existen más de 1,1 millones de inactivos y 630 mil suspendidas/os. Las estadísticas de Clapes UC resumen, por ejemplo, que se trata de 3 millones de puestos de trabajo perdidos en todo un año y la “recuperación” de empleo en agosto fue de 300.000 personas, centralmente por apertura de locales comerciales [2].

Considerando esto la tasa desempleo ascendería entre el 21% y el 28%, y que el plan de inversiones no alcanza a recuperar todos los empleos perdidos. Por ejemplo, el plan de obras de construcción que durará más de 2 años, con fuertes inyecciones a empresas constructoras privadas sólo podría absorber a 20 mil trabajadores. Y los empresarios no quieren dar su brazo a torcer: un 82% considera necesario extender Ley de suspensiones y un 75% estima que parte importante de trabajadores suspendidas/os no volverán a sus puestos de trabajos. Para peor un 53% declara que seguirá despidiendo [3] También es importante destacar que todo ese sector de inactivos, si la economía continúa igual, comenzará a buscar empleo lo que aumentará el índice de desempleo y el peligro de empleos peores pagados.

Chile vive un escenario de mayor desempleo y precarización no visto en décadas. Esto se ve en menores salarios. La encuesta Bicentenario UC, declaró que un 52% de la clase trabajadora habría perdido la mitad o una cantidad superior de salarios durante los meses de pandemia, un aumento de la pobreza [4] (se plantea que habrá un alza de la pobreza por ingreso desde un 9,8% hasta un 11,9% en el mejor escenario, y hasta un 13,7% en el peor), y otros dramas como el aumento de campamentos a partir del déficit habitacional que comienza a expandirse.

El día domingo 27 de septiembre Piñera anunció un nuevo Plan de Subsidios al empleo, en el marco del plan de reactivación de la economía. Este nuevo plan de subsidios a las empresas, es decir, a sus dueños (no a los trabajadores) tendrá una duración de 6 meses y pretende invertir cerca de 2.000 millones de dólares.Con esto Piñera señaló que pretende recuperar 1 millón de empleos y señaló que "en los últimos meses hemos perdido más de 1,8 millones de empleos, lo que equivale a todos los empleos que habíamos creado en los últimos diez años". De esta manera el Estado pagaría el 50% del ingreso del trabajador hasta el monto de 250.000 pesos. No sabemos cómo impactará realmente. Lo seguro es que esta carta jugada por Piñera busca prevenir quiebras y salvar a los grandes empresarios para que paguen sueldos de miseria y sean subsidiados con fondos estatales. Y esa recuperación podría servir para dar migajas por un tiempo mientras el desempleo siga siendo alto por varios años. Finalmente todo esto será pagado con fondos estatales, cuyo origen son los impuestos que pagan los propios trabajadores.

En términos generales podrán acceder las empresas que hayan sufrido caídas en sus ventas de 20% o más, en el cuatrimestre abril- julio de este año, y las grandes empresas (de más de 200 trabajadores), no podrán repartir utilidades por sobre el porcentaje mínimo legal de 30%. A las empresas no se les exige nada respecto a sus trabajadores: ni mantener salarios, ni mantener condiciones sin degradar. Las empresas aprovecharán para descargar la crisis sobre los trabajadores, como ya lo están haciendo.

Un plan de reparto de horas de trabajo entre ocupados y desocupados que afecte la ganancia de los capitalistas

El Partido Comunista, una de los principales referentes de la oposición, recientemente ha denunciado también esta terrible situación de desempleo. Y plantea una receta que podemos resumir de la siguiente manera: 1) se requiere de una intervención estatal en la economía, 2) debe surgir un sector manufacturero que valorice el trabajo, 3) aumentar los ingresos de emergencia que ha entregado el gobierno, y 4) se deben seguir utilizando la deuda y la inyección de recursos estatales tanto para salvar empresas como sostener a los pobres. [5]

Primero que nada es curioso que el PC se sienta parte de la solución cuando han contribuido al problema. A inicios de abril, cuando empezaba la pandemia, votaron en el Congreso la ley de despidos y suspensiones. Contribuyendo así a dar cobertura legal a los despidos masivos en pandemia. Segundo, es importante destacar que el plan del PC es transitar hacia un modelo de intervención estatal en la economía que estimule la creación de otro sector económico, igualmente privado pero regulado por el Estado. Una suerte de cooperación entre las trabajadores, el Estado y un supuesto sector empresarial dispuesto a salirse del modelo neoliberal. Una utopía total si consideramos para que modelo trabajan los empresarios y las inversiones privadas, tanto nacionales como multinacionales. Es decir quieren lo que la realidad está negando, que la empresa privada.

No hay otra manera de revertir en el corto plazo el desempleo, que afectando la ganancia de los empresarios. En Chile está demostrado que existen intereses irreconciliables entre los que producimos la riqueza y quienes se la apropian. Por eso proponemos a los trabajadores discutir un plan contra el desempleo. En concreto: repartir las horas de trabajo disponibles entre trabajadores ocupados y desocupados.

¿Qué significa esto? Que las horas de trabajo que concentran los trabajadores activos incluyan a trabajadores inactivos. Sin rebaja de sueldos y reduciendo la jornada de trabajo. El salario mínimo debe ser igual al costo de una canasta básica familiar, es decir, superior a 500 mil pesos.

Hay 2 millones de trabajadores que no tienen ingresos seguros. Los grandes grupos económicos acumulan una riqueza muy superior al valor de estos puestos de trabajo [6]. Las horas disponibles actualmente están al servicio del margen de ganancias privadas. Nosotros creemos que todas esas horas deben ser repartidas, y ponerse al servicio de la generación de empleos para que todos puedan trabajar y que la búsqueda de empleo no signifique reducir el salario o empeorar condiciones de vida.

Cuando el PC establece que se necesita que el Estado intervenga para estimular la recuperación económica se refieren a que este Estado, que es capitalista, subsidie a la empresa privada. Como si con más burocracia estatal y recursos estatales a las empresas se pudiera conseguir un crecimiento a largo plazo.

Hay muchas necesidades sociales pendientes en Chile: como la vivienda, la salud, la educación y la alimentación. Proponemos un plan de obras públicas controlado por los mismos trabajadores y los sindicatos. Si el cobre fuera nacionalizado se podría invertir esos recursos en construir viviendas, hospitales, centros de educación, proveer de alimento de calidad a la población chilena. El control de los trabajadores de este proceso de reparto de horas y de obras públicas es imprescindible, pues se debe desmentir la idea de los capitalistas de que no tiene recursos y que están quebrados. La apertura de los libros de contabilidad de cada grupo económico y empresa es una medida necesaria para desnudar lo que realmente acumulan y cuantos recursos salen del país a partir de sus nexos con multinacionales y sociedades de inversión.

Octubre de 2019 a Octubre de 2020 ¿qué cambió?

Tiene razón Vittorio Corbo cuando dice que el régimen político chileno tiene como principal batalla el problema del desempleo. En 2019 el desempleo era de un 7%. Los empresarios siempre han necesitado de un grupo de desempleados para reducir los salarios de los ocupados, y en Chile si bien siempre ha habido alta rotación, precarización y despido fácil, los empresarios daban empleo. Hoy eso ha cambiado. Si en 2019 las demandas pendientes que exigía la rebelión popular fueron salud, educación y pensiones, hoy existe el problema del desempleo.

El actual proceso constitucional, controlado por los partidos tradicionales, responde sólo al problema constitucional abierto en 2019, pero no tiene nada que ofrecer en materia económica. Peor aún, Piñera se vanagloriaba de dirigir un país que cuenta con un pacto “por la paz y la democracia” y un pacto con el “modelo económico” neoliberal. Y en un escenario en donde no se ve posible una recuperación que reduzca el desempleo, sino más bien lo contrario, el empeoramiento de las condiciones de vida puede transformarse en un caldo de cultivo de nuevas protestas y nuevas rebeliones, que podrían ser más extendidas y profundas. Ya no serían los derechos sociales en general el principal motor, sino el hambre. Por eso es urgente que los trabajadores discutan qué plan económico proponer ante el desempleo para que la crisis la paguen quienes la generaron.