Un régimen político en descomposición. Una filtración ilegal que desnuda la connivencia entre jueces, empresarios y funcionarios macristas

El fin de semana vio la luz la filtración de una serie de conversaciones que formarían parte de un grupo de chat que conformaron empresarios de medios (en particular del Grupo Clarín), funcionarios macristas y jueces. La información habría sido obtenida mediante un hackeo al teléfono de Marcelo D’Alessandro, actual ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los participantes del chat.

En el intercambio de mensajes aparecen Jorge Rendo y Pablo Casey, directivo y abogado del Grupo Clarín respectivamente; el juez Julián Ercolini, que impulsó, entre otras la Causa Vialidad -de la que este martes se conocerá sentencia-; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires; su padre, el juez Carlos Mahiques; el juez penal económico Pablo Yadarola; Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE; Tomás Reinke, publicista; el juez Pablo Cayssials y el mismo D’Alessandro.

El grupo se habría conformado con el objetivo de encubrir un viaje realizado en octubre pasado y que tuvo como destino la estancia del magnate británico Joe Lewis, amigo personal de Mauricio Macri. La información se había conocido cuando se difundió la imagen de una planilla donde se detallaban los nombres de quienes realizaron el trayecto hacia Bariloche en un avión privado. Desde allí se trasladarían a la residencia de Lewis para ascender en helicóptero a la montaña para esquiar.

La aparición de los mensajes vuelve a demostrar no solo la obscenidad de la relación entre jueces, poder económico, medios de comunicación y funcionarios políticos (en este caso del PRO)

En los chats los participantes discuten cómo fraguar facturas y comprobantes para intentar presentar al viaje como pagado de manera particular. El objetivo es impedir que puedan ser acusados de recibir dádivas de empresarios privados, dado el carácter de funcionarios públicos de varios de ellos y de funcionarios judiciales que intervienen en causas sensibles. Además, en cientos de mensajes, dejan al desnudo un desprecio aristocrático por varios periodistas, al mismo tiempo que se burlan, de manera completamente despectiva, de los reclamos del pueblo mapuche. En el largo intercambio de mensajes hay, también, numerosos audios enviados al grupo de Telegram. Según la información de periodistas que conocen y tratan cotidianamente con los funcionarios judiciales implicados, se trata efectivamente de sus voces.

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Este mismo lunes, en el programa que conduce el periodista Ernesto Tenembaum en las mañanas de Radio Con Vos, la periodista Paz Rodríguez Niell (La Nación) confirmó que había rechazado un intento del juez Ercolini para que presentara periodísticamente la versión de quienes habrían participado en el viaje. También este lunes, se conoció una respuesta pública del ministro de Seguridad de CABA. D’Alessandro se pronunció desde su cuenta de Twitter sin dar ninguna explicación concreta y denunciando una operación.

Hasta el momento, la defensa ensayada por los involucrados fue del silencio a las desmentidas generales o aclaraciones que oscurecen.

La veracidad de la información difundida (si existió adulteración o no) será materia de controversias y una investigación que tiene altas probabilidades de caer en saco roto. En los mismos audios, uno de los protagonistas comenta que ya había hablado con la fiscal federal de Bariloche para que el escándalo no pasara a mayores. De lo que no hay dudas es de la verosimilitud de los más que estrechos vínculos entre el Poder Judicial, los empresarios de los grandes medios opositores y una parte fundamental de la dirigencia política en general y la de Juntos por el Cambio, en particular es un hecho confirmado más allá y más acá de esta denuncia.

Política y servicios

La aparición de los mensajes vuelve a demostrar no solo la obscenidad de la relación entre jueces, poder económico, medios de comunicación y funcionarios políticos (en este caso del PRO) sino también el activo funcionamiento de los servicios de inteligencia con la intervención de teléfonos celulares o escuchas de conversaciones. Si bien éstas podrían ser consideradas privadas, se trata de funcionarios políticos y judiciales cuya actividad personal tiene alcance y, muchas veces, consecuencias públicas.

En la historia reciente hay varios ejemplos del uso de estos mecanismos de espionaje. Uno de los más difundidos fue una llamada entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli cuando discutían cómo actuar políticamente frente a ciertas causas judiciales.

Cuando Alberto Fernández asumió la presidencia, afirmó que bajo su gobierno se terminaría con ese tipo de operaciones que fueron comunes bajo el macrismo. Hay que recordar que el expresidente tuvo y tiene causas judiciales por espionaje, algo que llegó a incluir a los y las familiares de las víctimas del submarino ARA-San Juan. Este lunes, el presidente habló en cadena nacional para referirse a los hechos. Lo hizo para respaldar la denuncia contra jueces y fiscales, haciendo referencia al Grupo Clarín. En ese marco, afirmó que impulsará la investigación a los funcionarios involucrados y, eventualmente, el juicio político.

Sin embargo, esta filtración vuelve a demostrar la continuidad de esos mecanismos que hay que rechazar, aunque hoy se utilicen contra personajes impresentables. La filtración y el momento en el que se produce (un día antes de la definición del juicio de “Vialidad”) demuestran un uso político de la información obtenida por métodos non sanctos. Hasta un asesor del presidente (Julián Leunda) aparece en los intercambios y se le atribuye haber dicho que “hay que estar en esa mesa” (la de este grupo) y “no matarla”.

El entramado de espionaje ilegal, ligado a los servicios de inteligencia del Estado -algo que muchas veces ha sido llamado “los sótanos de la democracia”, pero más bien podrían ser sus cimientos- se extiende a lo largo de la vida política en las últimas décadas y está lejos de ser algo privativo de un Gobierno. Las organizaciones políticas y de lucha del pueblo trabajador, así como sus referentes públicos, son víctimas recurrentes de semejantes operaciones.

La podredumbre del régimen político

La judicialización y la multiplicación de operaciones serviciales son propias de coyunturas de alta fragilidad política. Son un clásico en momentos del ya no más del poder actual y el todavía no del poder futuro. En el momento presente, como las dos coaliciones tienen un “núcleo de coincidencias básicas” rubricada en el pacto con el Fondo Monetario Internacional, la “lucha política” se lleva adelante por otros medios y se traslada a otros terrenos. Entre ellos, el manejo de la industria del secreto.

El entramado de espionaje ilegal, ligado a los servicios de inteligencia del Estado se extiende a lo largo de la vida política en las últimas décadas y está lejos de ser algo privativo de un Gobierno

La materia prima de estas operaciones habita en los secretos de esta democracia. Los espías (orgánicos o no) son los gestores de los secretos de una casta política, judicial, empresarial que tiene mucho que esconder (en este caso en Lago Escondido) y todavía más para perder si sus privilegios se hacen públicos. Las operaciones y los “carpetazos” sacan a la luz grandes privilegios, ventajas y las mil formas que adopta un “parlamentarismo negro”. Su fundamento reside en las mil traiciones que se cocinan en la trastienda de los grandes discursos sobre la lealtad, el honestismo o el último grito: el “consenso democrático”.

Este tipo de mensajes y entramados evidencian la más que estrecha ligazón entre el poder económico y sectores del poder político. Las verdaderas “castas” que no molestan a Javier Milei. El libertariano y su gente se cansan de denunciar la presunta corrupción en el manejo de planes sociales, pero es poco probable que escuchemos alguna crítica a esta parte de “la casta” por parte de uno de sus empleados (Milei).

Si algo pueden sacar “en limpio” los trabajadores, las trabajadoras y las mayorías populares de estas operaciones es la posibilidad de develar el carácter clasista y corrupto de un régimen político que detrás de sus relatos esconde los mecanismos turbios con los que cotidianamente se maneja el poder real.