Pasaron solo cuatro meses desde que Alberto Fernández anunciaba la intervención de Vicentin y el proyecto de estatización de su deuda privada. Datos clave sobre el devenir a la reciente rebaja de retenciones a los agroexportadores.
Lucía Ortega @OrtegaLu_
Martes 6 de octubre de 2020 12:28
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Aunque parezca que fue hace un siglo, pasaron sólo 4 meses desde la conferencia de prensa en la que Alberto Fernández anuncie la intervención de Vicentin y el envío al Congreso de un proyecto para su estatización. Fue aquella tarde del 8 de junio en que, bajo una épica de “soberanía alimentaria” y de aumentar el control del comercio exterior, el gobierno buscaba rescatar a esa empresa de deudas millonarias por haber estafado al Banco Nación, a productores, a acreedores externos y a sus trabajadores.
Esa estatización de la deuda privada ni siquiera se inició. El proyecto nunca llegó al Congreso. Pero lo que sí sucedió es que se retrocedió directamente de la intervención de la empresa, a pesar de todos los fraudes probados.
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La necesidad de dólares ya se vislumbraba en aquel entonces. Los vencimientos de deuda pública venideros, haya o no renegociación con bonistas externos y con organismos internacionales como el FMI, eran un nubarrón a la vista. Cambiaron los plazos, pero no se eliminó el problema.
Atrás quedó Vicentin. Ahora la estrategia se invierte (si es que se le puede llamar estrategia). Como los exportadores exigen una devaluación para mejorar su rentabilidad y por ello muchos de ellos especulan con retrasar la liquidación de divisas, el Gobierno les cedió a la extorsión con una especie de “devaluación encubierta y selectiva”. ¿Cómo? Con una rebaja de las retenciones que aumenta el precio de bolsillo que reciben por cada tonelada exportada.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reconoció este lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que el costo fiscal de las medidas anunciadas alcanzan a 330 millones de dólares.
Certezas y preguntas
Dos cuestiones están claras respecto de las últimas medidas. Una, que el Gobierno necesita a toda costa dólares y por eso rebajó transitoriamente las retenciones a las exportaciones. Dos, que la rebaja de las retenciones es un beneficio para las patronales del campo, especialmente, y también para industriales y mineras.
Sin embargo hay muchas cosas que no se entienden: ¿Por qué no logran contener el dólar y se sigue ampliando la brecha con el paralelo? ¿Cuán efectiva va a ser la medida para que entren dólares? ¿Y después cómo siguen los problemas estructurales que retornan una y otra vez a la falta ed divisas?
En otro orden de cosas, llama la atención el reclamo de la Sociedad Rural ¿por qué pegó inmediatamente un portazo? ¿Cuánto ganan las patronales agrarias y cuánto ganaron los últimos años? ¿Con quién arregló el Gobierno esta medida? ¿Qué es el Consejo Agroindustrial?
Algunos datos clave
Elementos para ir cerrando ese rompecabezas:
- Si el Gobierno logra que entren entre 1 a 2 mil millones de dólares, ya está hecho. Tiene un poroto con el FMI que acaba de desembarcar y que exige aumentar las reservas para la deuda. Como dicen varios, el objetivo es tirar hasta el verano. Muy auspicioso todo.
¿Cuánto ganaron EN UN DIA los sojeros con la rebaja de retenciones y la devaluación de 70 centavos del BCRA?
💸 Antes: retenciones 33%, TC mayorista $76,25
👉Dps: ret 30 %, TC may $ 76,95Por tonelada sojeros ganan $ 1.188,77 (0 U$S 15,45) pic.twitter.com/cIEPW8zIDf
— Lucía Ortega (@OrtegaLu_) October 2, 2020
- Por cada punto que baja la retención al poroto de soja, los productores ganan 4,28 dólares más por tonelada (1%). Por cada punto que se devalúa el peso, 3 dólares más. Con una devaluación de un 30 % que lleve el dólar a 100 (es decir, sin cerrar la brecha), van a embolsarse 70 dólares más por tonelada, lo que implica un incremento de un 23 % en el precio que reciben.
Por ejemplo, en una cuenta simple a un “pequeño productor” que realiza 500 hectáreas en zona núcleo (rinde de 34 quintales promedio) le quedarían de yapa casi 120 mil dólares, o 9 millones de pesos.
¿A costa de qué? De nuestro salario.
- El precio de la soja está alto en términos relativos, un 25% más que el año pasado. No son los niveles récord de 2012, en donde la tonelada llegó a cotizar 650 dólares, pero sí son niveles del orden de los 420/430 dólares, similares a 2016 y 2014, similar al promedio de la última década y un 30 % por encima del promedio histórico desde 1993.
- En su libro “El desierto verde”, el Doctor en Economía de la UBA y especialista en temas agrarios Diego Fernández plantea que lo que se denomina pomposamente “agroindustria” tiene nada o casi nada de industria. El agregado de valor por aplastar la oleaginosa para sacar aceite y pellets de soja es, cuanto mucho, un 6 % sobre el costo de la materia prima. Esto significa menos de una décima parte de la media de las manufacturas del país.
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- Otra investigación de este autor junto a los especialistas Juan Manuel Villulla y Bruno Capdevielle, "Los números rojos de la Argentina verde", muestra que en la producción de una tonelada de soja el pago de salarios representa apenas el 2 % de los costos totales.
- El poroto de soja se vende en su mayoría para industria (83 %), no para exportar directamente. La mayor parte de esos 7.300 millones de dólares que están bajo la forma de granos en silobolsas tendrán como destino la molienda, la mal llamada “agroindustria”. De allí que los "productores" reclamen que los aceiteros sean quienes hagan mayor negocio del nuevo esquema de retenciones diferenciadas para harinas y aceites: compran barato el poroto y venden más caro el aceite con casi nulo agregado de valor.
- La liquidación de oleaginosas de soja al año suele promediar los 15/20 mil millones de dólares. Es decir, entre 4 y 5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI).
Van por más
La Mesa de Enlace y algunos sectores del campo se oponen a las medidas porque dicen que son insuficientes. Quieren más. Se argumenta que no hubo beneficios suficientes a la carne, que el esquema de retenciones es desfavorable para los "productores" en beneficio de la agroindustria.
Pero de fondo el interés de esas patronales es la devaluación. Y acá está el problema de la política del Gobierno de cesión permanente a las patronales: "para qué voy a cerrar trato ahora, dicen, si en un tiempo me vas a dar más?".
Esta es de hecho la primera señal que dio el Banco Central con una devaluación de un 1 % del tipo de cambio mayorista el mismo viernes y del anuncio de una nueva política cambiaría con mayor volatilidad. O sea, en el despacho de Miguel Pesce buscarán ir cerrando la brecha con el paralelo, lo que quiere decir, se va a ir devaluando más rápidamente. Los productores sojeros entienden esto, por lo tanto van a preferir vender ahora lo menos posible y guardar para después.
Entonces en esta dinámica de la fiebre del dólar y bajo esta lógica la cuestión no tiene una resolución favorable para quienes miramos de afuera, las trabajadoras y trabajadores. Los convidados de piedra, los que están peleando por su vida y por no terminar de perder todo (a diferencia de los sectores ganadores que pelean por tratar de ganar todo), son siempre los postergados, los invisibles, los que tienen que esperar.
La disputa por el dólar encarna en realidad otra más profunda que tiene que ver con la renta de la tierra y que nos lleva a dos aspectos estratégicos que merecen la atención: el comercio exterior y la propiedad de los recursos naturales, en particular de la tierra.
Los goles que no convertís se vuelven en tu contra
El problema es que cada retroceso del Gobierno frente a los intereses de los poderes fácticos fortalece más a la derecha y perjudica a los sectores más vulnerables que ya sufren la crisis sanitaria y social. Centrándonos en el primer punto mencionado arriba, no es extraño decir que hoy existe un monopolio privado del comercio exterior.
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De acuerdo a datos del Ministerio de Economía, hoy hay cerca de 58 mil empresas que se dedican a la producción primarios de soja. Las plantas principales de molienda son apenas 49. En tanto que 10 empresas controlan el 91 % del comercio exterior de granos.
Las agroexportadoras tienen hasta sus propios puertos privados alrededor del río Paraná: Cargill, Bunge, AGD, Vicentin, Deryfus, Molinos Río de la Plata. Algunas hasta tienen su propia flota de barcos.
Esta cuestión no es menor, porque se trata del sector que más divisas genera en el país. Uno de cada cuatro dólares que entra al país por exportaciones corresponde a la cadena de soja (el 24,4 % en 2018 según la Subsecretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía).
Un monopolio estatal, y no privado, del comercio exterior bajo control de los trabajadores sería una medida urgente de defensa nacional frente a ese dominio de que tienen las trasnacionales y exportadoras. Permitiría administrar las divisas en función de lo que la sociedad necesite y no de las ganancias de unos pocos, y hacer frente a los vaivenes de la economía internacional para preservar los precios internos y el salario.
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Lucía Ortega
Economista UBA. Coeditora de la sección de Economía de La Izquierda Diario.