La complicidad del gobierno y las patronales han orillado a que cientos de trabajadores se fueran a huelgas, manifestaciones y bloqueos de carreteras con el fin de ser escuchados y resolver sus demandas. En este ensayo desarrollamos un análisis fundamentado del accionar del Grupo México y su historia, enmarcada por la opresión y explotación de los trabajadores mineros y las consecuencias de su irracionalidad capitalista sobre la naturaleza.

En su conferencia de prensa matutina del 30 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el proceso para el reparto de utilidades a mineros empleados en las subsidiarias de Grupo México marcha según lo acordado tanto con el sindicato encabezado por el senador del Morena, Napoleón Gómez Urrutia, como con los agremiados de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Sin embargo, estas declaraciones afirman que Grupo México se encuentra en buenos términos y aparentemente pretende colaborar con todas las demandas planteadas por la base trabajadora, cuando por años las relaciones entre el gremio y los trabajadores mineros y el empresario Germán Larrea han sido tensas.

El origen turbio del imperio Larrea

Para comprender el largo historial de impunidad que corona a Grupo México es necesario remontarnos a sus orígenes. Como macroempresa, su apertura oficial fue en 1978; en aquellos años Larrea compró minas clave en Cananea y Nacozari, ciudades del estado de Sonora. Posteriormente adquiriría muchos otros lugares mineros, incluyendo minas de carbón en el estado de Coahuila, estado clave en la producción de carbón y en el terreno energético.

Fue a partir del año 2000 que Grupo México se convirtió en la principal industria minera de México con más del 87,5 % de la producción mexicana de cobre y la tercera empresa más importante del mundo en producción de cobre. Hoy en día, el emporio de Larrea se diversificó y en sus múltiples actividades se le reconoce principalmente por la minería, teniendo presencia en más de seis países. Además de dedicarse de forma importante al transporte ferroviario tanto de mercancías, personas, la planeación y logística de transporte, al igual que la creación de macro infraestructura energética, desarrollando plantas de procesamiento de energía, perforación, actividad eólica y construcción en general.

La creación y crecimiento de dichas empresas comenzó durante la transición del periodo de mexicanización de la minería, durante los años 60, hasta el periodo de liberalización en los años 80, cuando en 1992 se concretó la Ley Minera. En sus orígenes, Grupo México era una empresa dedicada a la construcción; fue formada a finales de 1942 y comenzó operaciones en la perforación de pozos petroleros de manera exclusiva para Petróleos Mexicanos (Pemex), pacto que continúa hoy en día.

Cabe resaltar que a raíz de la ley de Mexicanización del sector minero a finales de los 60, dos de las empresas mineras más grandes del país eran pertenecientes a los Estados Unidos de América, por lo que tuvieron que ceder cierto control de acciones a empresarios mexicanos; gran parte de las empresas obtenidas gracias a la Ley Minera fueron sufragadas por el Estado y dichas empresas permanecieron protegidas por el gobierno hasta los 90 cuando fueron compradas por Larrea, previo a la apertura del mercado a la inversión extranjera.

Dicha compra de acciones fue llevada a cabo por el grupo fundador del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios; durante ese periodo, lograron acceder a un cuantioso capital empresarial debido a la estrecha relación política que mantenían con el gobierno de turno de Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, eso no fue exclusivo de ese momento, incluso en la actualidad dicho grupo conserva un gran peso político sobre las instituciones, por lo que las acusaciones, demandas y señalamientos a los que ha sido sometido Grupo México no proceden y siguen sin caer los principales responsables a tales graves daños a la economía de miles de familias mexicanas y los terribles daños al ecosistema marino.

El peor desastre ambiental de la industria minera en México

El presidente considera sólo como un “pendiente” atender el derrame de sustancias tóxicas en el río Sonora.

Sin embargo, esto no es así. Uno de los mayores desastres provocados por el delicado equilibrio del ecosistema marino se dio el 6 de agosto del 2014, en una de las minas pertenecientes al complejo minero Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México. Allí se vertieron cerca de 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre, los cuales cayeron en el arroyo Tinajas y los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando a más de 20 mil habitantes de la región de Cananea. Este ecocidio fue conocido como el peor desastre de la industria minera ocurrido en México.

Pese a que existieron “sanciones” que supondrían la reparación del daño causado a los habitantes de la zona, los ciudadanos presentaron quemaduras en la piel, además de la detección de metales pesados en la sangre, no sólo de personas, sino también de otras especies que sufrieron envenenamiento sanguíneo, lo que causó severos daños a la salud.

Fue hasta el 22 de mayo del 2019 cuando se llevó a cabo la primera sesión de la reunión pública de información sobre el Fideicomiso del Río Sonora, el cual se estableció desde el 2014 con el fin de revertir las condiciones ambientales generadas por el derrame de 400 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora.

Fue entonces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la PROFEPA y a la COFEPRIS llevar a cabo una reunión pública de información para señalar punto por punto lo que se estipuló en el convenio por la realización de acciones y reparación por los daños ambientales, materiales y de salud pública a las comunidades perjudicadas por el derrame, además de explicar en qué consisten, cuáles fueron las medidas de remediación llevadas a cabo en las zonas afectadas, cómo se determinó y si se cumplió con las medidas estipuladas.

Por su parte, los integrantes del comité de cuenca hicieron énfasis en las problemáticas económicas, psicológicas, de salud y ambientales en las que se han visto inmersos los últimos años como consecuencia del derrame. Lamentablemente, las autoridades ambientales han hecho caso omiso a las exigencias de los pobladores de la cuenca del Río Sonora y, en su lugar, han entregado reportes poco confiables de las condiciones actuales de la zona.

Lo cierto es que, ante el otorgamiento de más concesiones mineras a lo largo de la cuenca del Río, prevalece el temor de que la tragedia se repita, ya que las autoridades presentes no se aseguran de la correcta ejecución de los protocolos de seguridad alrededor de su construcción, funcionamiento y mantenimiento.

Ante tal situación, la comunidad denunció que el consejo conformado para la elaboración y ejecución de los compromisos acordados dentro del fideicomiso no contaba con la participación de los comités de cuenca, por lo cual, se exigió su inclusión para se cumplan las peticiones de los afectados y no sólo otorgar beneficios políticos y particulares de las empresas.

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El homicidio industrial en Pasta de Conchos y la omisión del gobierno

La irresponsabilidad de Grupo México ha tenido consecuencias fatales. Siendo una de las más recordadas lo sucedido el 19 de febrero del 2006 cuando 65 mineros murieron y varios más quedaron heridos producto de la explosión de la mina Pasta de Conchos, ubicada en Nueva Rosita, Coahuila.

Pese a que, semanas antes de esa fecha, varios mineros reportaron una fuerte concentración de gas en la mina, tanto la patronal como las autoridades correspondientes hicieron caso omiso a esta advertencia, lo que derivó en la explosión, cuyo responsable es Grupo México, que sigue impune de las denuncias por omisión y se niega a desenterrar los cuerpos de los mineros.

Tras la llegada del gobierno de AMLO, éste se comprometió al rescate de los cuerpos y se iniciaron labores para ello que están próximas a concluirse. Sin embargo, los dichos del presidente a favor de Grupo México podrían indicar que su gobierno no sancionará a los responsables del homicidio industrial.

Además, es imposible contar con las patronales, ya que de manera cínica y completamente subordinada, han sido cómplices del régimen y sus instituciones, alegando que es imposible sacar los cuerpos de los mineros debido a que las cámaras donde se encuentran, al estar llena de agua, probablemente pueda estar infectada con hepatitis y VIH, que de ser cierto, expone aún más el nivel de desinterés y omisión ante la seguridad de los trabajadores, producto de las condiciones precarias impuestas por las patronales para asegurar más ganancias.

Con todos los antecedentes y a 16 años de Pasta de Conchos, no hay ningún culpable ni proceso contra Grupo México. Lo que queda claro es que los gobiernos panistas de Fox y Calderón, al igual que el gobierno de Peña Nieto, dejaron en el olvido a los 65 trabajadores y el gobierno de la Cuarta Transformación no se involucra a fondo para remediar tales desastres, por el contrario, encubre los daños o minimiza las consecuencias para los responsables.

Esta despreocupación por la situación de los trabajadores se ha expresado durante años también en relación a las demandas obreras. No olvidemos la huelga histórica de Cananea, que lleva más de 15 años y que hoy en día sigue sin tener una salida satisfactoria ante sus demandas, así como las de Taxco y Sombrerete, huelgas que estallaron en 2007 reclamando el aumento de salarios, condiciones dignas laborales y equipo de seguridad, demandas que siguen sin ser solucionadas.

El Grupo México es un verdadero exponente de la clase dominante mexicana, cuyas ganancias se basan en la explotación de la clase obrera, sus vínculos con la llamada “clase política”, y el saqueo y la expoliación de la naturaleza. Frente a la irracionalidad capitalista, que lleva al planeta a la destrucción y a millones a la miseria, son las y los trabajadores —de México y el mundo— quienes pueden proponer una salida de fondo para acabar con este sistema capitalista, y construir una sociedad nueva, sin explotadores ni explotados y donde la humanidad aprenda a vivir en armonía con la naturaleza.