En un artículo de reciente publicación en Revista ROSA, Diego Ramírez y Vicente Ramírez Sánchez –ambos militantes de Convergencia Social-, proponen “un sistema de seguridad e inteligencia que esté bajo control y supervisión civil, profesional, eficiente y absolutamente respetuoso de los DD.HH. que pueda responder correctamente a las necesidades actuales del país”. ¿A qué conduce esta política? ¿Es posible otra política desde la izquierda, como la disolución de carabineros y las policías?

La propuesta de Convergencia Social

La premisa de la propuesta de estos militantes de Convergencia Social, es la crisis del Sistema de Inteligencia y la crisis de Carabineros –la principal institución de seguridad del país-, “una crisis tan grande y absoluta que perfectamente puede ser terminal” . En su visión esta crisis expresa una crisis más de fondo. Por una parte, “nuestro modelo policial basado en una policía civil investigativa, y una policía militarizada con múltiples funciones, ha llegado a un límite en el que ya no cuenta con el respaldo de la ciudadanía, ni tampoco es capaz de responderle ni rendirle cuentas al poder civil, que a duras penas parece mantener algún grado de control sobre ella”. A su vez, ve que el problema de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) es que no es “una agencia de inteligencia como se las entiende en el mundo”. Y ve que la reforma del gobierno que no le da ningún papel directivo sobre las policías, tiene que ver con que se ve a “la ANI casi como un simple grupo de expertos que analiza fuentes abiertas, dejando demasiadas tareas a las Fuerzas Armadas y de Orden”. Volviendo al problema de carabineros, todo este esquema contribuye a la hipertrofia del “propio carácter militar de la institución” y a la “hipertrofia del valor del orden público” lo cual “hace imposible generar una policía cercana a la gente, que pueda de verdad llevar adelante un trabajo comunitario enraizado en los barrios. La policía sigue siendo vista principalmente como la represión estatal, cuando no como una institución corrupta, violenta e injusta”. A su entender, la “función represiva” y de “mantención del orden público” ha absorbido con creces la función preventiva, así como ha impedido el volverla una institución cercana a la población. Para los autores, “esta grave crisis perfectamente podría ser la oportunidad de poner en cuestión el modelo completo de policía existente en el país, generando una policía civil unificada o dos policías civiles de diferente perfil profesional”.

¿Cuál es la propuesta que hacen estos militantes de Convergencia Social? Los autores parten por reconocer que “todo país necesita policías e inteligencia, pero las necesita respetuosas de los DD.HH. las leyes y la Constitución, así como democráticas y eficientes”. Es con ese criterio que proponen una especie de nuevo organigrama de las instituciones del Estado.

Desglosando su propuesta:

1) “Las medidas que proponemos apuntan a la creación de dos Ministerios de seguridad diferenciados, para distinguir tipos de seguridad de distinto carácter, y así permitir que ambas se desarrollen sin que una opaque a la otra”. Esos ministerios son un Ministerio de Seguridad Pública y un Ministerio de Seguridad del Estado. Cada uno de estos ministerios tendría a su cargo distintas funciones de seguridad.

2) Eso implica un cambio del modelo policial actual, en el que Carabineros y la PDI son los pilares. En sus palabras: “La idea es poder desmilitarizar tanto la prevención e investigación del crimen, como el orden público. Para ello habría que formar una polícia civil, “una verdadera y única Policía Nacional profesional, democrática y que no esté subordinada a los intereses de la oligarquía, que adopte las tareas de la actual Policía de Investigaciones, y las tareas de Carabineros que no estén involucradas en la Seguridad del Estado”.

3) Ahora bien, D. Ramírez y Vicente Ramírez también ven necesario “mantener una fuerza que sea capaz de mantener la seguridad del Estado y combatir al crimen organizado, al gran narcotráfico, mantener a raya a organismos de inteligencia extranjeros, proteger la frontera y dotar al Gobierno de la inteligencia necesaria para tomar decisiones y llevar adelante las políticas de Estado”. Con ese criterio proponen “la reestructuración del Sistema de Inteligencia del Estado, el fortalecimiento de la Comunidad de Inteligencia, de la ANI, pero también de la vital supervisión democrática de estos organismos a través de Comisiones parlamentarias permanentes y especializadas”, “la eliminación de instancias como la Justicia Militar en los cuerpos policiales”, terminar con “los filtros de clase en los ingresos, así como cualquier elemento ideológico que busque que quienes integren las instituciones de seguridad estén impulsados por querer atarlas a los intereses de la oligarquía por sobre los intereses del país”.

En resumen, la propuesta de D. Ramírez y V. Ramírez apunta a una cierta democratización o mejora del aparato policial y de inteligencia del Estado. Lo de fondo es que para Convergencia Social y las fuerzas políticas del Frente Amplio y la izquierda del régimen como el Partido Comunista; el Estado existente es un horizonte político infranqueable, el medio privilegiado para llevar adelante el programa político. Si bien pueden aceptar o impulsar la movilización social, su programa y sus tácticas políticas se desenvuelven poniendo eje en las “ganadas en el Estado”. Las transformaciones son inconcebibles si no se llega a las principales palancas del actual poder estatal como la presidencia de la República. El artículo de D. Ramírez y V. Ramírez también se puede leer como un adelanto de lo que Convergencia Social propondría en el ámbito de la seguridad, de acceder al gobierno una variante de centro izquierda o de izquierda. Si la Unidad Popular basó en buena medida la posibilidad de una vía chilena al socialismo de carácter pacífico, en el profesionalismo de las Fuerzas Armadas, que en su mirada sí o sí iban a respetar la Constitución y el régimen democrático, más de cuarenta años después, estos militantes del Frente Amplio vuelven a imaginarse un aparato de inteligencia y policial que se subordine a la democracia. Pero ya vimos con el golpe de Estado que cuando la clase patronal ve peligrar sus intereses, no duda en recurrir a la violencia estatal. Y ahora, con Piñera, está verdad ha vuelto a ponerse de manifiesto.

Lo que no ven del Estado

Los autores no ven en el Estado un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, cuyo instrumento esencial son el ejército y la policía: cuerpos armados especiales que disponen de cárceles y otros elementos, como lo ha comprobado -una vez más- la experiencia viva de octubre de 2019 a la fecha en Chile y como plantea la tradición marxista revolucionaria de pensamiento sobre el Estado.

Reconocen, eso sí, que “la policía sigue siendo vista principalmente como la represión estatal, cuando no como una institución corrupta, violenta e injusta”, pero afirman que podría ser otra cosa si se reorganizara el sistema de inteligencia y policial en el sentido explicado.

La propuesta se basa en la ilusión de que por medio de una reasignación de funciones la actuación policial en materia de orden público, se pueden evitar los “excesos” propios del actual carácter militarizado de carabineros, pues una cosa sería resguardar el orden público y otra muy distinta resguardar la seguridad del Estado. Tareas propias de la seguridad del Estado, para los autores, serían, como citamos también más arriba “la protección de fronteras, guardia presidencial, custodia de infraestructura e instituciones del Estado Central, antiterrorismo, combate al crimen organizado, combate al tráfico de drogas y personas y demás peligros graves a la seguridad interna, pudiendo además ayudar a la ANI de ser necesario”. Esta institución policial, a diferencia de la policía encargada de la seguridad pública, sí sería jerarquizada y militarizada. Aun así sería más democrática que las instituciones policiales actuales, pues debería funcionar sin “barreras de ingreso”, “con activas políticas de género transversales a toda la Institución”, “con formación permanente, de excelencia y con ingreso gratuito, así como escalafón único”.

Después de las experiencias de octubre y noviembre de 2019, las funciones enumeradas por D. Ramírez y V. Ramírez: actuar como “guardia presidencial”, “custodiar infraestructura e instituciones del Estado Central”, “enfrentar al terrorismo”, etc., son funciones que sí pueden implicar la represión contra los sectores populares y las trabajadoras y trabajadores. ¿Acaso carabineros, en esos días álgidos de octubre y noviembre, no actuaron como “guardia presidencial” en contra de los cientos de miles de manifestantes que querían la renuncia de Piñera e intentaban concentrarse en el entorno de La Moneda? ¿Acaso no es en nombre de custodiar infraestructura e instituciones que justifican leyes represivas para adelantarse frente a las acciones revolucionarias de la lucha de clases? V. Ramírez y D. Ramírez, creen que con una nueva división de tareas policiales se va a lograr una relación democrática entre policía y pueblo, que acabe con los abusos. Pero en los hechos su política, sólo conduce a un perfeccionamiento del aparato policial y de inteligencia. Se naturalizan sus funciones como si se aplicaran “en el aire” y no hacia acciones y sujetos sociales concretos.

Otro programa: la supresión del aparato burocrático y la autoorganización de los trabajadores

Por supuesto, no es sorprendente que en una concepción así, resulte del todo ajena la idea de “supresión del aparato burocrático que domina la sociedad y, sobre todo, de la policía y del ejército permanente” que defendía el revolucionario Lenin y en cuya tradición está este semanario. Pero sí es llamativo que unos columnistas que declaran ubicarse en el lado izquierdo del espectro político escriban acerca de cómo fortalecer el Sistema de Inteligencia y las fuerzas policiales.

A diferencia de su planteamiento, quienes militamos en el Partido de Trabajadores Revolucionarios, peleamos por la disolución de la policía y de todos los aparatos de inteligencia que sólo pueden responder a los intereses capitalistas. Para dar estas peleas y enfrentar la agenda represiva del gobierno necesitamos una movilización sostenida y preparar la huelga general y encarar todas las batallas que se presentan en el proceso constitucional con esa perspectiva. Para nosotros esta pelea no es para que otra fuerza análoga a lo que es hoy la policía militarizada en su dependencia del Estado capitalista, pase a tener sus idénticas funciones en contra de los trabajadores y los sectores populares. Por el contrario, son los propios trabajadores los que a través de la autoorganización podrán garantizar las tareas de su autodefensa y seguridad, lo que para nosotros no está separado de la pelea por poner en pie un Estado de la clase trabajadora de ruptura con el capitalismo que reorganice la producción de acuerdo a las necesidades sociales y no la sed de ganancias de un puñado de multimillonarios.