OPINIÓN EN TRIBUNA ABIERTA. Una reflexión necesaria sobre las jornadas de movilización de agosto

Fueron 12 días de bloqueos, protestas y huelgas, a las que varias organizaciones y distritos de la urbe alteña se habían sumado. Fue Un bloqueo nacional que se había extendido a más de 200 puntos en todo el territorio boliviano, esta acción había surgido en un inicio a raíz de la tercera postergación de las elecciones generales, prorrogando de esta manera por más tiempo al régimen de facto de Jeanine Áñez.

Tras el golpe de Estado ocurrido en Bolivia en noviembre del 2019, se había fijado una fecha para los comicios electorales a realizarse inicialmente el 3 de mayo, fecha que tuvo que ser modificada por la emergencia sanitaria en el país, posteriormente para el 2 de agosto y finalmente el 6 de septiembre.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero (nombrado por Añez) a raíz de las constantes presiones de funcionarios del gobierno, de cívicos cruceños Y sectores empresariales afines al gobierno de facto, pospuso la realización de las elecciones presidenciales y legislativas fijadas para el 6 de septiembre hasta el 18 de octubre del año en curso, no tomando en cuenta que las leyes 1297 y 1304 son las que determinan los lapsos de tiempo para que se lleve a cabo las elecciones y que a su vez, el órgano del Estado que puede modificar ese plazo es la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Al respecto el politólogo, Jorge Richter en una entrevista con la Red ATB, explicó, “la ley del Órgano Electoral Plurinacional, que en su artículo 24 inciso VII, señala claramente que tiene la facultad de convocar a procesos electorales de periodo fijo establecidos en la CPE, todos los demás procesos serán convocados mediante ley expresa según lo establecido en el régimen electoral”, también el analista señaló que , “Es un periodo excepcional y pasa en una coordinación entre el poder legislativo y el órgano electoral, (…), se necesita una ley expresa y la independencia de poderes no significa, ni otorga facultades para dictar leyes al TSE”.

En consecuencia, la decisión de pasar por alto la ley, la incertidumbre respecto a una fecha de elecciones y la posibilidad que un gobierno marcado por la corrupción, el racismo, un gobierno que gestiona terriblemente la pandemia por COVID 19, que vulnera el derecho a la vida el trabajo y la educación se prorrogue por más tiempo, fue lo que generó descontento en varios sectores sociales, el pedido conjunto de diferentes organizaciones, sectores populares y del movimiento campesino, fue el de respetar la fecha prevista para los comicios. Al respecto, el TSE se pronunció e hizo saber el porqué de su decisión: "la fecha definitiva de la elección genera mayores condiciones para la protección de la salud, facilidades de votación en el exterior, llegada de misiones de observación internacional, además de favorecer el despliegue logístico de todas las operaciones en el territorio por parte de los tribunales departamentales", "a la ciudadanía, los poderes del Estado, las fuerzas políticas y candidaturas, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación a acompañar su decisión”, de esa manera exhortó y homologó la nueva fecha.

Ante la tozudez del TSE, las organizaciones sociales encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, hicieron un llamado a los dirigentes de diferentes organizaciones para iniciar bloqueos y huelgas en distintos puntos del país, para que se respetara la fecha de las elecciones del 6 de septiembre y no así el 18 de octubre. Vanas fueron las reuniones e intentos de diálogo de las organizaciones sociales, para llegar a algún acuerdo y mantener la fecha prevista anteriormente o establecer una fecha intermedia y que se respetara la ley y la norma que se fijó para ir a las urnas.

Entre tanto, durante los días de bloqueo, los bloqueadores concentrados en distintas regiones fueron reprimidos, amedrentados, amenazados y heridos de bala. Las represiones dejaron el saldo de 20 personas heridas, con lesiones y heridas de bala según datos de la Defensoría del Pueblo.

La delegación de la Defensoría Departamental de Santa Cruz y el delegado de la Defensoría, Brayan Tintaya, llegaron hasta la comunidad de San Martín para verificar y recoger testimonios de los heridos, evidentemente, comprobaron que las 20 personas presentaban heridas con armas de fuego y perdigones de escopetas, lesiones físicas y traumas psicológicos, todo esto había sucedido durante el desbloqueo en Samaipata, provocados por miembros del grupo paramilitar de la Unión Juvenil Cruceñista y por los cívicos de San Ignacio de Velasco y Concepción en complicidad de la policía y los militares, todos ellos afines al gobierno de Áñez [1]

También hubo amagues de enfrentamientos en K’ara K’ara y en la Plaza Abaroa, por los miembros de la llamada Resistencia Juvenil Cochala, a esto se suman las amenazas constantes de Arturo Murillo: “…meter bala, eso sería lo políticamente correcto”, declaró en una entrevista realizada por un periodista de CNN, mencionó también que utilizarían todos los medios posibles para levantar los bloqueos a como dé lugar, del mismo modo, Fernando López señaló: “yo no voy a develar absolutamente nada que tenga que ver con lo táctico militar-policial”, “si se necesita la intervención de las fuerzas armadas a los bloqueos, se lo respaldará con un decreto”. Estas declaraciones ponían en evidencia el grado de tensión y de polarización, buscando calmar a los sectores más de derecha como Camacho, Tuto y el mismo Fernando del Rincon de CNN que exigían represión y mano dura.

Pese a las amenazas y a las acciones que estaban tomando los grupos paramilitares en contubernio con el gobierno de Áñez, la tensión iba creciendo, los bloqueos se agudizaban y la demanda de los distintos sectores populares y actores de los bloqueos se radicalizaban, exigiendo “la renuncia de Áñez y todo su gabinete”. Las organizaciones sociales, campesinas, obreras y auto-convocados a nivel nacional habían iniciado multitudinarios cabildos en distintos sectores del país en respuesta y repudio a las constantes amenazas, a la vulneración de los derechos humanos, el derecho a la educación, a la salud, la estabilidad laboral, entre otros.

Ante esta situación, el método del gobierno de Áñez, para esconder su incapacidad y aplastar a su rival político que es el Movimiento al Socialismo (MAS) fue criminalizar los bloqueos, tildándolos de asesinos y salvajes, aduciendo que, a causa de los bloqueos, el desabastecimiento de oxígeno medicinal en los hospitales estaba causando una cifra mayor de muertes. Sin embargo, hace meses que hay escasez y sobreprecios de medicamentos genéricos y de oxigeno medicinal. Este gobierno prorrogista ha ido atentando constantemente contra la salud y la economía del sector más empobrecido.

A esto se agrega los escandalosos casos de corrupción, uno de ellos es la adquisición de 170 respiradores con sobreprecio, cada equipo con un monto de 27.683 dólares, un préstamo del BID facilito la compra de estos equipos. Según el presidente de la SBMCTI (Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva), Adrián Ávila, estos AMBUS mecanizados, aunque fueran actualizados no servirían para atender a pacientes con Covid-19 que están en terapia intensiva y que además estas máquinas podrían poner en riesgo la integridad de los pacientes, señalaba también que: “me llegaron algunas otras especificaciones, son los AMBUS automatizados, no es un ventilador convencional microprocesado (…) en resumen, estos AMBUS automatizados no se pueden utilizar en pacientes críticos”, aseguró el médico. Este y muchos otros casos de corrupción empañan a este gobierno prorrogista.

Los efectos de estos actos corruptos y de la pandemia la están pagando los trabajadores, las familias más empobrecidas, sectores indígenas y campesinos, pese a todo ello, el sector más precarizado trata de hacerle frente a esta crisis económica y sanitaria, muchas familias optaron por tratarse con medicina tradicional para combatir al covid-19, puesto que no cuentan con recursos económicos para cubrir los gastos del tratamiento que deben seguir, se ha hecho casi imposible el poder adquirir medicamentos ya que el costo de estos se ha elevado durante la pandemia, las empresas funerarias especulan los costos de servicios en una situación de emergencia y no hay entes reguladores de precios que puedan parar con estos abusos. Motivos más que suficientes para que varios sectores populares de distintas regiones del país se hayan sumado a los bloqueos y protestas, sin embanderar un color político, desde luego.

Tras estos intensos días de bloqueos, los sectores movilizados se retiraban de manera paulatina de los puntos de bloqueo, ya que finalmente se había concretado el pacto del MAS y la COB con la derecha golpista, avalando la nueva fecha de los comicios electorales para el 18 de octubre impuesta por el TSE, este accionar fue un enorme golpe por la espalda a los sectores movilizados, por parte de la cúpula del MAS y burocracia cobista, pero no una derrota.

Estas alianzas entre los partidos políticos tradicionales siempre han convertido las movilizaciones en un espacio de aprovechamiento partidario y personal. Las duras críticas hacia la COB y al partido del MAS no se hicieron esperar, a pesar de haber sido vilmente traicionados, las personas auto-convocadas declararon que seguirían en pie de lucha y atentos a todo lo que vaya a suceder: “no nos sentimos derrotados, nos sentimos victoriosos, no nos han ganado… con responsabilidad hemos levantado nuestro punto de bloqueo, que el mundo se entere que, no somos animales ni salvajes, somos más inteligentes que los separatistas, sigamos en pie de lucha y unidad, no nos vamos a desmarcar ni estamos levantando el bloqueo de forma definitiva, esperaremos hasta el 18 de octubre, caso contrario volveremos a movilizarnos”. Expresó un auto-convocado de la comunidad de La Huachaca. En K’ara K’ara también se pronunciaron al respecto: “una vez más, nos ha traicionado la COB y autoridades que nos representan, los políticos de la misma izquierda, cuidando su interés político y sus bolsillos”, “mientras el pueblo boliviano está en la lucha sus negociaciones son por dinero y no por la patria, pero nadie, ningún dirigente, ninguna asamblea va a callar al pueblo”.

Escenarios como estos se han vivido durante años en Bolivia, los levantamientos campesinos, de obreros, y sectores populares tienen una larga traducción histórica de lucha, de organización social y resistencia, por lo mismo es importante alentar la coordinación por las demandas de los amplios sectores explotados y oprimidos, campesinas, indígenas, obreras, para desarrollar con éxito la resistencia y darle continuidad a las movilizaciones para derrotar a los gobiernos golpistas y a quienes pacten con ellos.

En este sentido es necesario construir una herramienta política anti-capitalista que no traicione la rebelión campesina y popular y debe plantarse contra los gobiernos que desbaratan las conquistas del pueblo y luchar por ampliarlas, acabar con la explotación, la opresión y la miseria a la que por tantos años nos han sumido y formar parte activa en las experiencias de rebeliones populares que se irán desarrollando en el futuro en nuestro país, ya que ningún cambio se ha producido sin la participación viva y organizada de sectores obreros, campesinos, indígenas y explotados.