Los dichos del ministro de salud sobre las cifras de VIH, además de mostrar su ideología conservadora, buscan desviar su responsabilidad. Y reabre el debate sobre la educación sexual, la salud pública y el rol de los trabajadores.
¿Qué hay detrás de los dichos de Santelices?
Los escandalosos dichos del ministro de salud Emilio Santelices, al culpar a la población migrante y al uso de la anticoncepción de emergencia como responsables del brutal aumento en casos de VIH en el país, expresan la profundidad del problema de la educación sexual, sus dichos representan la política conservadora y xenófoba que alimenta mitos, odiosidades y desinforma respecto a la sexualidad. Una postura que ha sido histórica en la derecha y su fiel amiga la iglesia, quienes se han encargado de barrer con todo derecho en materia de género y sexualidad, principalmente contra los sectores trabajadores y populares.
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VIH y la hipocresía burguesa
Sin duda el VIH es uno de los grandes problemas de salud pública a nivel mundial, no por nada en las últimas décadas se han definido una serie de estrategias y metas como el 90-90-90, que son metas planteadas por la OMS para el 2020 que busca que el 90% de la población que vive con VIH conozca su diagnóstico, de ellos el 90% este en tratamiento y que de estos el 90% este con carga viral indetectable, para de esta forma disminuir la transmisión del virus y posteriormente evitar el diagnostico de nuevos casos VIH. Las cifras a nivel global hasta el 2018 son, respectivamente, 75%-79%-81%. Por lo mismo ha sido un terreno para nuevos estudios clínicos que permitan desarrollar nuevas medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento, como por ejemplo el estudio START que demostró el beneficio del inicio precoz de la terapia antiretroviral (TARV) o el uso de PreEP (profilaxis pre-exposición) que disminuirá notablemente la transmisión del virus.
Chile, según el último informe de ONUSIDA, se encuentra entre los 10 países con mayor aumento de VIH. Estando a la par con países como Kuwait, Madagascar o Uzbekistán. Las cifras muestran que 6.948 nuevos casos se han registrado a diciembre del 2018. Incluso el estado en relación a las metas 90-90-90, según datos del 2017, serian 71% de casos diagnosticados, 59% en tratamiento y 53% con carga viral indetectable. Pero esto no apareció de la nada, tal como demuestra la Sociedad de Chilena de Infectología desde el 2010 los casos han ido en aumento, con 2968 casos ese año, 4385 el 2013, 4927 el 2017 y 6948 el pasado año. Con esto, se demuestra que desde el 2010 al 2017 crecieron en un 96% los nuevos casos confirmados por el ISP, especialmente en jóvenes entre 15 y 29 años.
Las cifras mencionadas evidencian claramente que uno de los grupos más afectados actualmente por el VIH son los jóvenes del rango etario de 15 a 29 años. Frente a esta realidad aplastante, es ahora que conservadores y reaccionarios ponen el grito en el cielo, como si de esa forma se pudiese borrar la historia de la que son responsables, en particular sus ataques en el terreno de la educación y la salud.
El Estado y la inexistente educación sexual
En Chile, existe una ley sobre educación sexual (ley N°20.418), que establece que los centros educacionales reconocidos por el Estado deben incluir programas de educación sexual (Montero, 2011). Sin embargo, gracias a la labor de Piñera en su primer gobierno, ésta sigue siendo optativa hasta hoy, es decir, los establecimiento pueden escoger si llevarlo a cabo o no, una verdadera “objeción de conciencia”. En lo que respecta al tema tratado, cada establecimiento educacional interpreta de forma diferente dicha ley, lo que lleva a generar sesgos y exclusión de contenidos en sexualidad, otorgándole a la normativa un carácter inespecífico en cuanto a forma y contenidos mínimos que garantizar en materia de educación sexual (Hunt y Monterrosas, 2012), especialmente teniendo en cuenta el fuerte peso de la iglesia y sectores conservadores en la educación. Por lo que, dicha ambigüedad disfrazada de “libre elección”, anula toda posibilidad de que niños, niñas y jóvenes puedan efectivamente recibir educación en sexualidad, golpeando fundamentalmente a los hijos de la clase obrera.
Es claro que el Estado y sus administradores de turno no han respondido a las demandas en esta materia, no solo presentando falencias o débiles sino que derechamente han reforzado la hegemonía de la ideología conservadora. Lo que puede evidenciarse en los mismos textos de estudios desarrollados por el MINEDUC, donde tras revisar 761 programas educativos, destacan que en el 92,4% se observan representaciones de género tradicionales y machistas, además que el 91.6% no hace referencia, en todo el documento, a la educación en sexualidad (MINEDUC, 2013). Es decir, no solamente se encargaron para que prácticamente no existiera educación sexual, sino que además la poca que existe reproduce los lineamientos de la iglesia.
Conservadores y “progresistas”: aliados de la iglesia
Claro está que las políticas públicas de educación están al debe en materia de sexualidad, ya que hasta la fecha, ésta no está comprendida ni es impartida como un corpus curricular oficial. En este sentido, cabe preguntarse ¿Cómo se ha abordado esta temática a partir de las últimas décadas en el país?
Las cosas no caen del cielo, la inexistente educación sexual en escuelas y liceos parte desde la dictadura militar. Periodo el cual se borró cualquier tipo de plan que apuntara en este sentido, política que fue avalada por la derecha y la iglesia. La política pública de educación sexual comenzó a conformarse en los años 60 en el periodo en que gobernó Eduardo Frei Montalva, pero ésta sólo tuvo continuidad hasta el Gobierno de Salvador Allende. Dicha política fue eliminada durante la dictadura militar, por lo que el tema quedó relegado al ámbito de lo privado e íntimo. Más tarde, con la democracia pactada, se devuelve el carácter público a la educación sexual, gracias al pronunciamiento de diversos actores en materia de género y sexualidad, quienes dieron una fuerte lucha por recuperar los derechos educativos en materia de sexualidad que fueron barridos en la dictadura militar. Durante los años ochenta y noventa, las feministas chilenas comenzaron a establecer la agenda de los derechos sexuales y reproductivos (Faúndez, 2013). Esto se expresó con gran revuelo a finales de los años 90 bajo el gobierno de Frei Ruiz-Tagle cuando se impulsaron programas de educación sexual como las “Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad” [JOCAS]. La anterior, fue una iniciativa pionera que llegó para romper en cierta medida con los tabúes en materia de educación en sexualidad. Dichas jornadas constituían un espacio de organización y debate que buscó satisfacer necesidades básicas de aprendizaje de los participantes en materia de afectividad y sexualidad, así como abrir y fortalecer el diálogo acerca de estos temas entre jóvenes, familias y docentes con el apoyo de agentes educativos de la comunidad. Además, buscaban propiciar espacios de autorreflexión avanzando en el proceso de reconocerse y valorarse a sí mismos y a los demás como personas sexuadas (Abatte, 1999). Lo que no estuvo exento de polémicas, dado que será justamente la injerencia inquisidora de la iglesia una de las principales causas en limitar cualquier tipo de política que apunte en algún mínimo sentido a la educación sexual y prevención. Quienes en los 90 junto a la derecha iniciaron una fuerte campaña contra las JOCAS.
Son estos mismos sectores quienes levantaron una verdadera campaña en rechazo a la publicidad para el uso del condón y buscando incentivar la abstinencia sexual, un verdadero atentado con la salud pública en lo que respecta a la prevención de ETS y embarazos no deseados. Y ahora último con el movimiento “Con mis hijos no te metas” para luchar contra la “ideología de género”.
En estos casos (que son algunos de la larga lista de alegatos reaccionarios y conservadores), los gobiernos de la Concertación adoptaron las exigencias de la derecha y la iglesia. El caso de las JOCAS es bastante gráfico, esta política fue impulsada por la Concertación y cedieron a tal punto de cancelar su implementación.
Fueron (y siguen siendo) garantes de ideología conservadora y eclesiástica. Contra los derechos de las mujeres y el pueblo trabajador, tal como lo demostró la lucha que impulso el movimiento de mujeres, donde además de la exigencia de una educación sexual laica se levantó fuertemente el derecho al aborto libre y legal, demanda a la cual la Nueva Mayoría no dio respuesta, incluso actuando en conjunto con la derecha para bloquear su desarrollo.
Educación, salud y una política hegemónica de los trabajadores
Estas cifras denotan la profundidad del problema, y la publicación de estas hace pensar cómo se llegó a esta situación, que hace más de 8 años marcaba una notoria tendencia al alza. La derecha lo sabe, por eso sus respuesta no son azarosas, busca desviar el foco de las criticas fuera del gobierno, el que ya se encuentra en profundo cuestionamiento en particular luego del asesinato de Camilo Catrillanca, llegando a un 52% de desaprobación en su primer año según la encuesta Adimark. Pero en este intento mediático, deslindan la profundidad de su ideología conservadora y machista.
Un hipócrita y reaccionario discurso de preocupación y alarma, cuando han sido justamente los políticos burgueses junto con las instituciones de la iglesia quienes han permitido llegar a esta situación.
Es necesario una política que permita enfrentar de forma integral la actual situación, que como ha quedado demostrado, no pasará por la confianza quienes gobiernan de la mano de la iglesia y sectores conservadores.
Pensar un programa revolucionario frente a esto, implica problematizar el sistema de salud y educación pública y rol que pueden cumplir las y los trabajadores de estos sectores. Por un lado en torno a la prevención, donde el ámbito de la educación sexual discutido anteriormente tiene un peso fundamental. Impulsar la política de una educación sexual no sexista ni heteronormada, sin la moral conservadora de las religiones, vuelve a resonar con total actualidad. En este caso en particular, una educación sexual que ponga foco en el conocimiento y prevención del VIH y otras ETS, así como también en la sexualidad y el placer, lejos de concepciones biologicistas o conservadoras. Al igual que políticas que tiendan a desarrollar un sistema de salud pública, gratuito que cuente con los medios para dar respuesta a las necesidades de la clase trabajadora y sectores populares, en contraposición a la profunda crisis en que la han sumido los políticos de la derecha y Concertación/Nueva Mayoría.
Aunque el grueso de estas demandas pueden ubicarse en las coordenadas del régimen democrático burgués, la clase dominante ha demostrado ser totalmente incapaz de avanzar en esto y ha dado muestra de su sagrada alianza con la iglesia. Y los mismo intentos de las corrientes neorreformistas por “radicalizar la democracia” en alianza con la burguesía “progresista” ha mostrado su esterilidad y fracaso, es cuestión de recordar lo sucedido con la demanda del aborto y el rol cumplido por el Frente Amplio.
Son justamente las y los trabajadores de la salud y educación quienes deben dar esta respuesta, no solo partiendo por el rol que cumplen en sus lugares de trabajo, como motores estos de sistemas. Sino que también, en torno al potencial hegemónico que de sus estructuras. Si bien no ostenta una posición estratégica en términos de no estar directamente inmersos en la producción y circulación de mercancías, y por esta vía un “poder de fuego” que afecte a otros sectores. Si tienen la capacidad de crear una fuerza mayor a lo meramente corporativo/sindical por la estrecha relación que tienen los trabajadores con distintos sectores populares.
Por ejemplo, desarrollar una política de hegemonía en este aspecto, puede ser la base para reorganizar el conjunto del sistema de salud en torno a las necesidad del pueblo trabajador, por medio de la administración del sistema de salud por parte de sus trabajadores y usuarios, concretizados en espacios de autoorganización dentro de un nuevo sistema nacional de salud. De la misma forma en educación con la relación de trabajadores de la educación, estudiantes y sus familias. Son vías por donde romper la hegemonía burguesía que imposibilita la estratégica alianza obrera y popular (cuestión que no solo bloquea la burguesía, sino que también la burocracia sindical), midiéndose y desarrollándose en la lucha de clases.
Referencias:
Abatte, P. Arriagada, P. González, G. (1999) Texto guía para la autogestión de Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad. [En línea] re edición revisada 1999. Santiago, Chile. 1999. [fecha de consulta: 24 Mayo 2015].
Arenas, L. Metas 90-90-90: Estado Actual, Estrategias y Planificación. Country Program Manager, Aids Healthcare Foundation, Chile.
Faúndez, J. M. M. (2013). Feminismo, Iglesia Católica y derechos sexuales y reproductivos en el Chile post-dictatorial. Estudios Feministas, 21(2), 485-508.
Hunt, F. & Monterrosas, E. (2012). [en línea]: Evaluación de la implementación de la
declaración ministerial “prevenir con educación” del acuerdo a la acción; avances en
Latinoamérica y el Caribe. IPP/RHO. 2012. [fecha de consulta: 2 Agosto 2015].
Juan Dal Maso. ¿En qué sentido vuelve y tiene que volver el marxismo?.
Ministerio de Educación [MINEDUC] (2013). Análisis de Proyectos Educativos de los
Establecimientos Educativos Chilenos. Santiago de Chile: Gobierno de Chile,
MINEDUC.
Montero, A. (2011). Educación sexual: un pilar fundamental en la sexualidad de la
adolescencia. Revista médica de Chile, 139(10), 1249-1252.)
ONUSIDA. 90-90-90 Un ambicioso objetivo de tratamiento para contribuir al fin de la epidemia de SIDA.
TVU (2018). Chile entre los 10 países del mundo con mayor aumento de VIH.
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