Calama. Vendedores ambulantes se manifiestan contra la intransigencia del municipio de Eliecer Chamorro

Desde la Municipalidad de Calama, han calificado como compleja la situación con las y los vendedores ambulantes, ya que estos se han negado a la línea del alcalde regionalista, Eliecer Chamorro, de dejar las calles céntricas del Paseo Ramírez para seguir vendiendo sus productos.

La primera respuesta del militante regionalista, estuvo lejos de abrir un diálogo con las familias que actualmente se ven en la necesidad de vender en lo que las autoridades llaman “comercio ilegal”, sino todo lo contrario, pidiendo ayuda a través de una carta de solicitud a la derechista María Jopia (RN), para poder tener a disposición las fuerzas policiales para interferir con estas en el conflicto y desalojar al conjunto de las y los vendedores.

En la mañana siguiente de la manifestación, ante la negativa desde la Delegación Presidencial, Chamorro se reunió con tres dirigentes del comercio ambulante. Lamentablemente esta reunión no tuvo como objetivo buscar una solución real a la realidad que viven cientos de familias que se encuentran sin un sustento formal para sobrevivir, ya que manteniendo la negativa de que vendedores “ocupen” el terreno céntrico, les ofreció que se fueran a las feria navideña de la Finca San Juan, lo que no fue acogido por parte de quienes componen el comercio ambulante, y cómo no, si esto es pan para hoy y hambre para mañana, es cambiar un lugar para vender sus productos de manera coyuntural versus la posibilidad de realizar sus actividades más allá de la fecha de fiesta.

Desde el municipio dirigido por la FRVS, se mantuvo una posición de intransigencia contra las y los vendedores, donde a través de Alejandra Álvarez, administradora municipal se expresó toda una línea de criminalización con las familias que buscan el sustento a través de lo que está recalca como el “comercio ilegal”, lo que para estos es parte del problema, pero también declarando que “ya hemos visto lo que ha sucedido en otras comunas del país, y vemos que lamentablemente las personas (vendedores ambulantes), que cometen estos actos, lo hacen de manera violenta y toman represalias tanto con las autoridades como con la infraestructura pública”.

Y es que esta semana en la comuna de Antofagasta, el alcalde de la ciudad, Jonathan Velásquez ha tenido toda un práctica represiva desalojando y haciendo festín del desalojo contra los vendedores ambulantes de la capital regional. Además, Álvarez criticó que la delegada presidencial provincial no actuase ante la petición de la alcaldía para evitar la instalación de las y los comerciantes.

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Es necesaria una respuesta a favor de las y los vendedores ambulantes para combatir la precarización y el desempleo que se profundizó con la pandemia

La política que ha llevado adelante la FRVS, a través de la Municipalidad de Calama sólo ha sido intransigencia, criminalización e intentos de represión contra las cientos de familias que han vivido y tenido que sostener en sus hombros la crisis social que profundizó la pandemia a nivel nacional y regional.

Mientras las grandes compañías mineras en la región como la estatal CODELCO reportaron durante los primeros seis meses de este año excedentes diez veces superior a los del 2020, llegando casi a los US$4.000 millones o la transnacional Minera Escondida perteneciente a BHP, aumentó sus ingresos un 78% reportando ganancias por más de US$2.600 millones entre enero y septiembre de este año, son 104.070 personas que en la región sufren las peores consecuencias de la crisis sanitaria y social. Esto se refleja en que la tasa de desempleo se encuentra en un 9,1% (31.880 personas), según el último boletín trimestral de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y en el aumento del 4,1% de los empleos informales, llegando al 22,7%, es decir, 72.190 personas, dentro de las cuales se encuentran cuentapropistas, sector donde tienen cabida las y los vendedores ambulantes.

Es así que mientras los regionalistas de la FRVS, se llenan la boca hablando de buscar mejoras en las condiciones de la población de la región con discursos contra la contaminación producida por las mineras y de cómo estas se llevan la plata sin dejar nada abandonando las comunas de la segunda región, la única respuesta que han buscado tener ante quienes sufren la consecuencias de cómo la pandemia profundizó la desigualdad, la carestía de la vida mientras los precios de productos básicos como el pan siguen aumentando, y el empleo no logra recuperarse mientras aumenta la informalidad, es ayuda para desalojar y reprimir a quienes buscan enfrentar la precarización de las familias más pobres.

Lo que realmente se necesita como medida urgente y a corto plazo, es que se le otorguen los permisos a las y los vendedores ambulantes, en un mediano plazo que se lleve adelante un plan de emergencia a través del impuesto extraordinario a las grandes mineras y fortunas del país y la región que contemple sueldos de emergencias de $600.000 pesos para todas y todos aquellos que se encuentra desempleados. Pero esto, debe conquistarse en la perspectiva de luchar por terminar de raíz con el problema del desempleo y la informalidad, es decir, terminar con una parte importante de la precarización de la vida de cientos de miles, a través la necesidad de luchar por una jornada laboral de 6 horas, 5 días a la semana, para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desempleados, sin rebaja de la salario, partiendo de los $600.000 para combatir la desocupación que sigue golpeando a las familias trabajadoras.