Jorge Glas será procesado por recibir más de 13 millones de dólares en coimas. La justicia le da buenas noticias al presidente Lenin Moreno. La izquierda continúa con su diatriba contra la corrupción correista, pero se alinea tras la agenda del Estado y las patronales.
Miércoles 15 de noviembre de 2017
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La Corte Nacional de Justicia dictaminó ayer el llamado a juicio contra 13 procesados en el escándalo de sobornos de la constructora Odebrecht, por el delito de asociación ilícita. Entre ellos se encuentra el actual vicepresidente Jorge Glas, el ex contralor general del Estado, Carlos Pólit, y el tío del segundo mandatario, Ricardo Rivera.
Durante las audiencias previas, la defensa manifestó la inocencia de Glas, acusó persecución política, y hasta denunció al fiscal Carlos Baca por eximirse de pedir penas contra cuatro directivos de la firma brasilera. Pero el juez Miguel Jurado acogió el pedido de la Fiscalía y señaló que existen “graves indicios de presunción en el cometimiento del delito”.
El vicepresidente será enjuiciado por recibir más de 13 millones de dólares como “peajes” en la adjudicación de obras. Siendo ministro de Rafael Correa, se encargó de las licitaciones de megaproyectos diseñados en función de la modernización reclamada por la burguesía local y sus socios imperialistas; mostrando hasta qué punto la gestión del Estado capitalista lleva la corrupción en su ADN para poder asegurar los buenos negocios de las patronales.
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Jorge Glas, que cumple prisión preventiva desde comienzos de octubre, se encuentra ahora también a las puertas de un juicio político en la Asamblea. Tras conocerse su procesamiento y las infinitas pruebas en su contra, se espera que el pedido avance hacia el pleno la próxima semana, cuando el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo habilite.
Como 4 de los 7 miembros de esta comisión parlamentaria son allegados al expresidente Correa y por tanto a Glas, el juicio podría ser trabado. “Esperaremos las resoluciones de la justicia”, explicó el asambleísta correista Diego García. Ya no quedan excusas para no darle cauce, y la presión de las otras fuerzas políticas y los medios de comunicación sería muy difícil de sostener.
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No es la primera vez que la justicia burguesa -siempre acomodándose a los vaivenes políticos del momento- le da buenas noticias al presidente Moreno. Dos semanas atrás, un Tribunal de Garantías Penales dejó sin efecto su expulsión de Alianza País, impuesta por la facción correista dentro de la Dirección Nacional. Luego, la Comisión de Ética del partido suspendió en sus funciones a Gabriela Rivadeneira y Ricardo Patiño, los cabecillas de esta maniobra, ganando momentáneamente los morenistas la pulseada.
Esta intervención judicial resultó fundamental para que el Primer Mandatario retenga la dirección del partido gobernante. No sólo los cuantiosos fondos para la campaña por la consulta popular están en disputa, sino toda la estructura y los emblemas que gobernaron Ecuador durante una década. Es una incógnita cómo se borrará la fuerte imagen de Rafael Correa, quien amaga con su retorno al país y la fundación de un nuevo movimiento.
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El avance del juicio a Glas también es bien recibido en el Palacio de Carondelet, porque Moreno necesita ratificar el desplazamiento del vicepresidente para imponer por decreto, en puestos de elección popular, a partidarios de su línea política. Esta deriva autoritaria preanuncia los planes de ajuste para el próximo año, tras los diálogos con la derecha y los empresarios.
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La corrupción vuelve a ser utilizada para el pisoteo de las escasas libertades democráticas. Además, es la excusa para profundizar los planes de ajuste, que incluyen mayor flexibilización laboral y endeudamiento, como mecanismo para recomponer la tasa de ganancia de los empresarios y descargar la crisis económica sobre las y los trabajadores.
La burguesía, que ayer levantó fabulosas ganancias con el modelo correista, hoy necesita ajustar cuentas con un sector de la clase política para aumentar su poder de lobby sobre los nuevos gobernantes. Con cinismo, la corrupción es señalada como la causa de la pobreza, pero no el sistema económico de explotación de mano de obra y saqueo de recursos naturales.
En esta crisis política de la clase dominante, sigue alarmando la ausencia de movilizaciones. El triste papel de la izquierda se limita a apoyar estos procesos judiciales. En su afán de eliminar todo vestigio de correísmo, se alinean tras la agenda del Estado, la derecha, y las patronales.
El movimiento Unidad Popular –brazo político del PCMLE estalinista-, se concentró en las afueras de la Corte durante la primer audiencia para “presionar” por el enjuiciamiento del vicepresidente, sin siquiera preguntarse quiénes son aquellos que juzgan a los políticos corruptos.
Para acabar con la corrupción, el pueblo trabajador necesita que sus organizaciones levanten un programa que exija el control obrero de los libros contables y la abolición del secreto comercial. Para terminar con la casta privilegiada de jueces, que actúan en función de su provecho político, se deben exigir juicios por jurado, magistrados electos por voto popular y con mandatos revocables.
