La titular del INADI fue imputada por "administración fraudulenta y malversación de fondos públicos". Continúan las versiones contrapuestas sobre si hubo trabajo informal y una oferta de “contrato” en el Estado para resolver el fin del vínculo laboral o todo se trata de una campaña en contra de la funcionaria.
Miércoles 6 de enero de 2021 21:31
La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), fue denunciada el lunes 4 de enero ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en nombre de Arminda Banda Oxa, de 63 años y empleada doméstica de Victoria Donda.
Según denunciaron los abogados, Arminda Banda Oxa habría reclamado la indemnización y aportes jubilatorios, ante lo cual Victoria Donda le ofreció un contrato en el mismo Inadi en la parte de Maestranza o el acceso a un plan social; propuestas que la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado.
También afirmaron que Donda quiso despedirla cuando se decretó el aislamiento social y obligatorio en marzo de 2020, "intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral".
Como expusimos en otra nota, Donda desmintió la acusación ante el periodista Hugo Alconada Mon de La Nación. Confirmó que la mujer, de nacionalidad boliviana, trabajó durante años para su madre y luego para ella, pero desmintió la versión de los abogados, ya que según ella en realidad la mujer le planteó que quería dejar de trabajar por problemas de salud de una hermana. También aseguró que la mujer trabaja con ella desde 2016 -no desde 2007- y que se encuentra “registrada como corresponde”.
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En diálogo con Radio Con Vos, Alberto Fernández defendió a la funcionaria y afirmó que "Quien conoce a Victoria sabe que no está en su naturaleza sacarle ventaja a los puestos del Estado" y que “el Estado no debe ser una maquinaria de empleo”. Con respecto a la dificultad de la trabajadora doméstica para jubilarse, Donda aceptó que Arminda “debe tener pocos años en la tabla de ANSES” -a causa del trabajo informal- y afirmó que colaboraría “con los años de aportes para que pueda jubilarse”.
A pesar de estas declaraciones, desde el Gobierno Nacional no se han tomado medidas para erradicar el trabajo no registrado, una problemática estructural en el país que afecta particularmente a las trabajadoras de casas particulares. Además de la informalidad y los bajos salarios muchas se vieron perjudicadas por su condición migrante, la cual les impidió acceder al Ingreso Familiar de Emergencia; mientras los empresarios accedían mes a mes al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
