PRECARIEDAD HABITACIONAL. Villa 31: vidas precarias despreciadas por todos los Gobiernos

A principios de 1930, familias de trabajadores portuarios y ferroviarios despedidos construyeron una serie de casas muy precarias en una zona que iba entre la Estación de Retiro y Puerto Nuevo. Ese asentamiento fue conocido con varios nombres “Villa Desocupación”, “Villa Esperanza” o “Barrio de los inmigrantes”, porque la mayoría de ellos eran inmigrantes europeos. Pero fue recién a partir de los años 40 que comenzó a adquirir parte de la fisonomía con la que la conocemos ahora.

Hoy, esa zona es conocida como “Villa 31”. Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en esos terrenos, de 32 hectáreas, vivían, en el 2016, 43 mil personas en 10 mil viviendas. Pero el número de habitantes año a año se incrementa, en consonancia con el aumento de la carestía de la vida.

Alquiler y tarifazos impagables, trabajo en negro, sueldos bajos, y desocupación son el combo explosivo que hace que hoy, según datos del Gobierno nacional, dados a conocer a través del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en todo el país haya 4.400 denominados “barrios populares” que no son otra cosa que villas o asentamientos, donde viven aproximadamente 3,5 millones de personas, de los cuales el 56 % son niños y jóvenes.

De esos 4.400, más de la mitad surgieron en la década de los 90 y casi 1/4 de ellos son posteriores a 2010. Una revelación de que durante los gobiernos kirchneristas el problema habitacional nunca se solucionó y bajo el macrismo, se agravó.

Ambos gobiernos, en 2010, fueron los responsables del asesinato de tres personas cuando en diciembre del 2010, la Policía Federal -a cargo del Estado de la Nación-, y la Metropolitana -a cargo del Gobierno de la ciudad, cuando Mauricio Macri era Jefe de Gobierno-, desalojaron con una brutal represión una toma de tierras en el Parque Indoamericano.

Para millones de jóvenes: vida y trabajo precarios

Alex y Alejandro tienen muchas cosas en común. Viven en la Villa 31 desde que nacieron, hace 30 años, y tienen trabajos precarios con sueldos muy bajos.

Las villas terminan siendo el lugar donde un sector importante de la población (jóvenes precarizados, trabajadores inmigrantes, mujeres que crían a su niños solas) termina viviendo, por los bajos ingresos con los que cuentan.

Mientras que el alquiler de una pieza en la villa va de los 2.000 a los 5.000 pesos, un alquiler de un departamento de tres ambientes en Puerto Madero ronda los 2.800 dólares Y el metro cuadrado, promedio, llega a los 8.000 dólares. Una diferencia abismal a cuadras de distancia.

Estos datos revelan que el derecho a acceder a una vivienda digna es un derecho constantemente vulnerado y no desde los últimos tiempos.

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Alejandro cuenta, “Toda mi vida viví acá en la Villa. Trabajo en una empresa tercerizada, para Supermercados Coto. Los trabajos que tengo no son de un sueldo con el que podría alquilar afuera de la villa. Acá la mayoría de la gente trabaja en seguridad, limpieza y la construcción. Esos sueldos no son buenos y además son trabajo en negro."

"Mis padres son de Jujuy, de Calilegua. Vino primero mi papá, que después trajo a mi vieja y mis hermanos en busca de una vida mejor. Se fueron a vivir cerca de La Salada, pero esa zona se inundaba, así que vinieron para acá. Sobre un terreno pelado con mucho trabajo mi viejo construyo la casa”, agrega.

Alex, que es empleado en un comercio y estudia en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, tiene a su papá que estaba buscando un terreno en Ezpeleta para vivir. “Se enteró que estaban dando tierras en Retiro, vino y se quedó. Eran todas casas de chapas, la luz la pusieron los vecinos, el agua y las cloacas también. Después, a lo largo de los años recién tuvo alguna injerencia el Estado, pero fue poca o nula”, recuerda.

La construcción de la villa

El esfuerzo y la solidaridad entre familias fueron la clave para poder construir las casas.

En la gran mayoría de las villas no hay servicios básicos indispensables. No hay agua corriente, tendidos eléctricos con un medidor domiciliario, ni red cloacal. Y las familias no tienen el título de propiedad de las casas, a pesar de haberlas hecho con sus propias manos hace más de 30 o 40 años.

Sobre la infraestructura de la villa, Alejandro dice que “hay cloacas, red de gas no hay, hay garrafas. Y luz que se corta sobre todo en invierno. El tendido eléctrico al principio lo hicieron los vecinos. Un vecino decía: ´yo necesito y vos sabes. O te pago con plata o te pago con un favor´ y así se fue haciendo".

Alex también afirma que el avance fue gracias a ellos. “El piso de la manzana y la cuadra de mi casa lo hicimos nosotros, las cloacas lo mismo. No es que vino el Estado y lo hizo".

"Hace 10 años recién que la parte pluvial empezaron a reconstruirla y la hicieron nueva, ahí sí, rompieron todo lo que hicimos, pusieron el cemento arriba y quedó ahí. Después, hace unos 5 años más o menos, volvieron a romper otra vez para poner los caños de agua y el medidor, que encima nunca pusieron. La luz en mi casa la puse yo, tenía 18 años, le pagué a un muchacho para que se subiera al poste porque yo no me animaba, pero como muchos vecinos, yo mismo lo tuve que hacer”, nos sigue contando.

Salud y educación públicas inaccesibles

En las villas por lo general es muy difícil que las ambulancias ingresen, y cuando llueve en la mayoría de ellas es imposible caminar. Así, la vida de mujeres embarazadas, niños y adultos enfermos o personas con discapacidad queda en las manos, otra vez, de la solidaridad.

“Acá las ambulancias tardan mucho en llegar. Yo tengo una sobrina que tuvo su hijo en la casa porque la ambulancia nunca entró. Por suerte la mamá era enfermera”, ejemplifica Alex.

En la mayoría de las villas no hay escuelas, ni jardines maternales. Miles de niñas y niños tienen que levantarse horas antes (y vuelven horas después) que el resto para poder tener el derecho de estudiar.

“Al principio el gobierno puso micros para los chicos, pero de a poquito empezaron a recortar los micros. De los 20 o 30 micros que había, los recortaron a la mitad. Entonces las familias tienen que hacerse cargo de llevar a los chicos a las escuelas”, comenta Alex.

Discriminación

Parte de la realidad de los habitantes de las villas es la discriminación que sufren por el lugar donde viven. Discriminación fomentada por el Gobierno nacional y sectores del peronismo como Miguel Ángel Pichetto o el ex funcionario de Cristina Kirchner, Sergio Berni. Si sos joven, usas gorrita (o no), sos morocho y encima vivís en una villa, sos número puesto para que los prejuicios racistas y xenófobos recaigan sobre vos.

Alejandro recuerda que “cuando mis hermanas mayores fueron a la escuela, mi vieja fue a anotarlas y le dijeron: ’ah no, pero usted vive en la Villa 31 no la podemos anotar acá’. Y era una escuela pública.”.

Alex fue a la primaria en los ’90. “Éramos 3 o 4 de todo el barrio que íbamos a ese colegio, me los cruzaba en la feria y era decir: ´¡ah! ¿Vivís acá?´ Y era abrazarte porque tenías un par”, sonríe mientras trae a su memoria ese recuerdo de su infancia.

A la hora de buscar trabajo, les pasa lo mismo. “Mi hermano se partió el lomo estudiando, pero para buscar laburo tuvo que cambiar de dirección. Sino, solo te toman para limpieza, construcción. Ahí no importa si decís que vivís en la villa”, dice Alejandro.

Urbanización de la villa

A Alejandro se le desprende una sonrisa entre burlona y escéptica cuando le preguntamos sobre el proyecto de urbanización de la villa. “El tema de la urbanización se habló toda la vida. Desde el año 95/96 se hacían reuniones acá, en lo de alguien que era el único que vendía materiales y ¡oh casualidad!, ahora trabaja para el PRO. Después quedó en la nada, pasó el 2001, se volvió a reflotar pero nunca en forma seria".

Alex continúa en la misma línea que su amigo, “recién ahora el PRO está queriendo hacer algo, pero de forma inconsulta. Fui a una de las reuniones porque un vecino me invitó, hablaron de un dictamen que ya estaba hecho. Se tenían que votar delegados, pero no se votó este año, para que pudiera salir el dictamen sin ningún problema”.

Alejandro agrega que “te ofrecían plata para que te compres un terrenito en el conurbano, pero si lo pensas no te conviene. Con el tipo de sueldo que yo tengo, me conviene más quedarme en capital que vivir en provincia”.

Titularización de las casas: negocio inmobiliario

Alex asegura que “te prometen una titularidad, pero es un negocio, se supone que por unos metros cuadrados que vos tenes hay un monto máximo que lo calculan en dólares y eso lo pagas en cuotas. Pero ese crédito o esa hipoteca que vos tenes con el banco, la puede comprar un privado".

"A través de la supuesta titularización, ya que no pueden pasar con las topadoras por todos lados, es una vía para que el mercado compre esas hipotecas. Porque estos son los terrenos de la ciudad más codiciados por el mercado inmobiliario”, nos sigue contando.

La política del gobierno de Horacio Rodriguez Larreta llamada de "reurbanización", es en verdad un proceso de expulsión de habitantes de la villa 31 y 31 bis. El 11 de octubre de este año, con una legislatura vallada (como acostumbra a hacer el macrismo cuando pretende votar leyes que atentan contra el pueblo trabajador) y la Policía custodiándola, gracias al Bloque Peronista, la Coalición Cívica y el Partido Socialista (o socialata), el PRO logró, en primera lectura, la aprobación del proyecto de ley 2.736, resistida por los vecinos de la villa.

El 13 de diciembre, nuevamente con la Legislatura vallada y mucha Policía, se aprobó finalmente. Otra vez los vecinos de la 31, se movilizaron para repudiar esta ley. En la sesión salió a la luz que el funcionario macrista, Diego Fernández, -Secretario de Integración Social y Urbana-, amenazó a habitantes de la villa que se oponen a esta ley.

Entre otras cosas, le cede terrenos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ¡por 100 años! Para ello buscan expulsar a los vecinos de sus viviendas. Uno de los artículos de esta ley hecha a medida del gran negocio inmobiliario, deja la puerta abierta para que las viviendas ya no sean consideradas “únicas y permanentes”.

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En esa oportunidad, el legislador -con mandato cumplido- Patricio Del Corro, del PTS/FIT, denunció el verdadero objetivo gubernamental: "estamos hablando de un plan para expulsar a gran parte de los vecinos, de un plan para favorecer los negocios inmobiliarios de unos pocos y de un plan que solo se va a poder sostener con mayor represión". (…)”

Esta política de expulsión de los habitantes de una zona no es algo que pasa solo en la zona de Retiro. Otro caso es el barrio de La Boca, donde se han incrementado en los últimos tiempos la cantidad de desalojos. Este proceso de reconfiguración del barrio fue calificado por Agustín Teritoriale, del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, como “renovación habitacional” y consiste en la “expulsión de los habitantes históricos del barrio y su reemplazo por habitantes de otra condición socio-económica. Parece que los desalojos no son una casualidad”.

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Es una política, impulsada desde el Estado, de llevar adelante un proceso de gentrificación, como sucede en las grandes urbes, donde la población originaria es desplazada por otra que tiene mayor poder adquisitivo.

Pero como nos dijo Alejandro en un momento de la charla: “ni la dictadura militar pudo sacar a los vecinos de acá, estos no van a poder”.

Soluciones de fondo

Son necesarias soluciones más de fondo. Porque sin ellas, por ejemplo, en el área metropolitana de Buenos Aires seguirán habiendo más 2 millones de habitantes, viviendo hacinados en 64 km2 (el tamaño de 1/3 de la Ciudad de Buenos Aires), mientras que en el otro extremo de la sociedad, los countries y barrios privados equivalen a dos Buenos Aires -400 km2-. Pero solo viven allí, 300 mil personas.

Porque mientras millones seguirán sufriendo el hacinamiento, unos pocos concentran para sí terrenos y viviendas ociosas, como por ejemplo la Iglesia Católica (que posee el mayor patrimonio privado del país). Expropiar esas viviendas para que los sin techo, o que viven precariamente, tengan una vivienda digna, sería un acto de "justicia" terrenal.

Pero con expropiar las grandes viviendas de instituciones reaccionarias como la Iglesia Católica no alcanza. Por eso es necesario que exista un plan de obras públicas pensado en función de las necesidades de la población y que contemple atacar los problemas habitacionales de los sectores trabajadores y más pobres y no que esté pensado en función de los negociados inmobiliarios.

Por esa razón, y para que no termine enriqueciendo los bolsillos de los empresarios de la obra pública, como la familia presidencial, ni de políticos corruptos, dicha planificación debe ser ejecutada y controlada por los trabajadores y especialistas en el tema.

Los políticos tradicionales nos hablarán de adquirir mayor deuda o de implementar la Propiedad Participativa Privada (PPP), como quiere hacer ahora el gobierno y que esa es la única manera de obtener fondos para las obras públicas (que siempre son negociados y corrupción entre empresarios y funcionarios estatales).

Ese plan podría solventarse con el cobro de impuestos a las grandes fortunas y el no pago de la usuraria y fraudulenta deuda externa.

Para los capitalistas, la vivienda es solo una mercancía más, para las grandes mayorías es un derecho elemental que hay que conquistar.