Crimen organizado. Violencia en Guanajuato y el truculento proceso de la militarización

La ola de violencia, asesinatos y demás ataques no cesan en el país. Todos los días somos testigos de muertes a causa de enfrentamientos, feminicidios y homicidios, en que no sólo están involucradas las bandas de la delincuencia organizada sino también autoridades de todos los niveles.

En relación con lo anterior, el domingo 20 de noviembre, en la comunidad de San Juan de la Vega, ubicada en la ciudad de Celaya, Guanajuato, se reportó una balacera en una Comandancia de Seguridad Pública. Según datos de las autoridades, murieron al menos 2 personas y 3 policías resultaron heridos.

Un día antes, se registró un ataque con armas de fuego dentro de un bar, del que una mujer se reporta como grave a causa de las heridas. Luego de los hechos, la policía informó que siguió a los responsables, a los cuales lograron capturar.

Estos hechos ubican al estado de Guanajuato como una de las entidades federativas más violenta del país, pues el número de crímenes ha ido en aumento desde hace ya algunos años y el despliegue de las fuerzas armadas no han detenido el fenómeno.

“Guerra contra el narco” y militarización

Es de todos conocido que cuando Felipe Calderón asumió la presidencia en el 2006 declaró la “guerra contra las drogas”, lo que significó el despliegue masivo de militares en varias zonas del país, bajo el argumento de garantizar “la seguridad pública”. Esta política consiguió todo lo contrario a lo que prometió. Los cárteles de la droga se fortalecieron, se dispararon los homicidios, los secuestros, los feminicidios que se encontraban focalizados en su mayoría en la frontera norte (específicamente en el área de las maquilas) se extendieron a todo el territorio nacional, los migrantes fueron objeto de mayores violaciones graves de sus derechos humanos, y salieron a la luz muchos casos de la complicidad e integración del ejército mexicano (en toda su jerarquía de mando) con los capos.

Lo anterior fue una de las principales causas de un movimiento amplio a nivel nacional, con distintas organizaciones y coordinadoras, en el marco del cual surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que logró movilizar a cientos de miles de personas a lo largo del país que reclamaban el regreso del ejército a sus cuarteles, castigo a los responsables por los crímenes cometidos contra la población y la implementación de políticas no militares para enfrentar el problema de la violencia de los cárteles. Al final, Javier Sicilia (uno de los principales referentes del movimiento), desconociendo acuerdos tomados en asambleas para enfrentar la política del gobierno, pactó con Calderón y la guerra continuó.

Con el gobierno de Enrique Peña Nieto la situación no fue diferente, la política de militarización del país continuó a pesar de la demostración empírica de que no servía para detener la violencia. Entonces, ¿por qué se continuó con la guerra, aunque con otro nombre? A grandes rasgos se debió a que usar al ejército en tareas de seguridad pública no tenía como fin evitar más muertes, sino que se implementó como un método de controlar el descontento social a causa de la mala situación económica del país, además de que se ha señalado el apoyo del gobierno federal a determinados cárteles en detrimento de otros, así como la participación, tanto del ejército como de empresarios, en los negocios del narco.

El punto cumbre fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues quedó evidenciado el involucramiento de autoridades civiles y militares de todos los niveles con los narcotraficantes y en la desaparición forzada de los estudiantes.

En la campaña electoral del 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió que regresaría al ejército a sus cuarteles y que enfrentaría la cuestión de la violencia con justicia social. Sin embargo, a cuatro años de su triunfo, AMLO giró 180 grados y ha sido uno de los principales promotores de la militarización con la creación de la Guardia Nacional (GN) y su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los defensores de la 4T aseguran que, por ser un civil el máximo líder de las fuerzas armadas (el presidente) y al ser un hombre honesto, no es militarización y tampoco está el peligro de la represión.

Pero estos argumentos se caen por sí mismos, primero porque la militarización implica el involucramiento en todas las tareas de la sociedad de parte de los miliates. Si observamos la dinámica de la 4T esta situación se da, porque los militares han tomado funciones de construir infraestructura (los mega proyectos), dirección de puestos claves antes ocupados por civiles, distribución de medicamentos, control de puertos, etc. Es decir, no es una cuestión moral sino política. Esto encuadra a cada espacio civil a la disciplina castrense y a la constante amenaza de la fuerza armada. Por otro lado, quedó demostrado que la GN reprime las luchas sociales; solo debemos recordar que hace casi un año, los obreros que construyen la refinería Dos Bocas en el estado de Tabasco se manifestaron por malas condiciones de trabajo y bajos salarios, por lo que la GN intervino asesinando a un obrero.

La solución pasa primero porque todas las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles, la disolución de la Guardia Nacional y empezar un proceso de desmilitarización del país. Luego, es necesario garantizar realmente los derechos sociales, sueldos dignos, jubilación, derecho a la vivienda, etc., destinando presupuesto a las necesidades sociales y no a la militarización, pues sólo así es posible acabar con la pobreza y vaciar la base social que sustenta a las bandas criminales. Por último, se requiere la legalización de las drogas y empezar a ver las adicciones como un problema de salud pública y no como una cuestión criminal.

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