La agresión de carabineros a la estudiante R.C.M. el pasado 8 de marzo, sumando a la condena al ex funcionario que dejó con severas secuelas a Rodrigo Avilés en mayo del 2015, han abierto una discusión sobre el rol policial ¿Queremos una “violencia necesaria”? ¿Pretendemos un “uso medido de la fuerza”? ¿Debe haber represión “respetando los protocolos”?
Sábado 16 de marzo de 2019
La verdadera cara de los Gobiernos
El estudiante Rodrigo Avilés fue gravemente herido por el chorro de un carro lanza aguas, el 21 de mayo del 2015, en pleno segundo Gobierno de Michelle Bachelet, en el contexto de las marchas que se realizaban en Valparaíso hacia el Congreso en ocasión de la inauguración del año legislativo. La primera prueba política de oposición a los gobiernos, las cuales ya no se realizan a instancias del Alcalde del FA Jorge Sharp.
Éstas marchas fueron duramente reprimidas por todos los gobiernos, que mostraban su verdadera cara no solamente aprobando leyes a favor de los empresarios, sino que criminalizando a todos quienes se manifestaran. El agresor, ex carabinero Manuel Noya, fue condenado por “uso excesivo de la fuerza” a dos años de pena remitida: sin pena de cárcel, sólo firma mensual. El mismo Avilés, que estuvo un mes en riesgo de muerte, sostuvo que “es baja para lo que me pasó, necesitamos una reestructuración de FF.EE. de Carabineros”.
El 8 de marzo recién pasado, un día histórico de lucha en todo el mundo, no sólo contó con 30.000 asistentes, trabajadoras, sindicatos y un semi-Paro del sector público en Valparaíso, sino que fue empañado por una nueva agresión, con el mismo método, a la estudiante R.C.M. quien resultó con TEC leve, esguince en una muñeca y fractura de rótula izquierda. Su agresor, de quien carabineros no ha publicado su nombre, fue desvinculado de la institución, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INHD) interpuso una querella criminal contra quienes resulten responsables por “violencia innecesaria con resultado de lesiones graves”.
Carabineros, a su vez, esgrimió que la desvinculación se da por “no respetar los protocolos”.
Los protocolos de la violencia necesaria
Los nuevos protocolos reafirman “el uso legítimo de la fuerza” y de diversos “elementos disuasivos y medios de fuerza” para hacer cumplir la ley, entre los que se encuentran armas letales. Todo dentro del siguiente parámetro: el uso legítimo de la fuerza “obliga a todas las personas a someterse al control policial”. Esa es la premisa sobre la cual puede “dar eficacia el derecho” y, en definitiva, mantener el “control del orden público”.
Más allá de eso, mantiene vigente y reafirma la principal atribución que le otorga la Constitución Política de Chile (escrita en dictadura) y la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros (1990), la cual consiste en que “deposita en las Fuerzas de Orden y Seguridad el ejercicio del monopolio estatal de la fuerza en el ámbito interno” (las FFAA también poseen ese monopolio del uso de las armas, tanto en la “función defensa” como en la de “unidad nacional”).
En otras palabras, el Estado se reserva el derecho de uso de las armas y de la violencia, por ley y a través de Carabineros. Y todas las personas deben someterse.
En cuanto al mantenimiento del orden público plantea los principios de gradualidad y proporcionalidad y reafirma los principios de persuasión, negociación y mediación antes de los “medios violentos”. En todos los casos el criterio más importante es el sometimiento a la autoridad policial. Por eso clasifica las manifestaciones en “lícitas” e “ilícitas”. Las primeras, incluso, pueden ser sin autorización (espontáneas), pero siempre pacíficas y en obediencia. Las segundas, pueden ser “violentas” (con vulneración de derechos de terceros, como corte de vías), o “agresivas”, cuando hay intención de daño a personas o policías.
Llama la atención en esta curiosa clasificación que, por ejemplo, un corte de ruta sea calificado de “manifestación ilícita violenta” siendo que ha sido históricamente un derecho democrático básico y elemental, tal como la huelga o paralización de faenas.
¿En qué consistió el no respeto a los protocolos en la agresión ocurrida el 8M? Que no hubo concordancia entre los niveles de colaboración/resistencia de las personas, y el nivel del uso de la fuerza. Veamos:
Bajo el parámetro del sometimiento de las personas al control policial, puede haber un Nivel 1, de Cooperación (“cumplimiento de indicaciones”). A ello los carabineros deben responder con su sola presencia o diálogo. En un Nivel 2, de Resistencia Pasiva (“no acatamiento de indicaciones”/ “actitud indiferente o indolente”), el funcionario debe usar medios preventivos y “mandato perentorio” (léase, empieza a ponerse prepotente).
En un Nivel 3, de Resistencia Activa (oposición directa a la fiscalización / intento de evasión) comienza el control físico y la reducción por la fuerza. En el Nivel 4 (“agresión activa”) se encuentran los intentos de agresión a carabineros con medios no letales, y la respuesta incluye palos, lacrimógenas o carros lanza aguas.
El Nivel 5 (“agresión activa potencialmente letal”) incluye armas blancas o de fuego, y carabineros considera el uso de “medios reactivos y fuerza potencialmente letal”, considerando los “requisitos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad” (el principio de responsabilidad es el que eleva la responsabilidad al mando, y no sólo al individuo policial agresor, lo cual evidentemente no se está cumpliendo en este caso ya que ningún oficial se ha hecho cargo del operativo).
Éste es el “Modelo para el uso de la fuerza policial de Carabineros”, actualizado al 04 de Marzo de 2019.
Para el raciocinio deformado del carabinero que operaba el pitón del carro lanza aguas LA-047 ese 8M en Valparaíso, la estudiante R.C.M. estaba en un Nivel 4, por lo que apuntó directo a su cabeza, con los resultados que todos conocemos. Por eso fue desvinculado.
Una nueva crisis en Carabineros
Pero este cambio de protocolos intenta ocultar una nueva y profunda crisis en carabineros, o si se quiere, un salto dentro de la continuidad de la crisis abierta el año pasado. Resumiendo, el segundo Gobierno de Sebastián Piñera intentó nuevamente aplicar la política de “Tolerancia Cero”, reorganizando la fuerza de carabineros a través del Plan STOP para poner todos sus recursos en el plano “operativo”, de la calle (lo cual llamó “Modernización de carabineros”), reeditando así su fracasado Plan STAD del 2010 que fue completamente pasado por encima por el Movimiento Estudiantil del 2011.
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Esto se tradujo el pasado 2018 en infinidad de casos de brutalidad policial, que iban desde verdaderas “barridas” a vendedores ambulantes, agresiones a estudiantes, a mujeres, a niños, militarización con métodos antiguerrilla en el Wallmapu (que culminó con el asesinato de Camilo Catrillanca y una inmensa crisis en el Gobierno, por sostener el montaje) o represión a luchadores sociales y trabajadores, como en el caso de Quinteros – Puchuncaví o con el intento de derrotar el Paro Portuario, reventando la sede del Sindicato de Estibadores de Valparaíso, que fue respondido con un Paro Nacional portuario y una nueva crisis política para el Gobierno.
Todo esto condujo a esta nueva crisis en Carabineros:. 1) La ya citada crisis por la derrota en las calles del Plan STAD el 2011. 2) La crisis por el quiebre interno entre la fracción de la “Inteligencia” (personal instalado por Bachelet, y responsables por el megafraude) y los “pacos de calle” el año pasado. 3) La crisis el año pasado por los costos políticos del nuevo Plan STOP. Y ahora, una nueva crisis que se abre porque el Gobierno se vio obligado a cambiar los protocolos de acción de Carabineros, proceso instruido por el Ministro del Interior Andrés Chadwick y el Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, que fueron publicados en el Diario Oficial el día 04 de Marzo recién pasado.
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El Gobierno insiste en reprimir
Pero el Gobierno de los empresarios no se queda contento con esto. No habiendo podido doblegar y disciplinar a la población en general con su política represiva, sale ahora a acotar su objetivo y lo reduce a un sector social específico: la juventud de entre 14 y 18 años, que con la nueva iniciativa de Ley de Piñera podrían ser objeto de control policial y registro de su ropa y pertenencias. Lo único que hacen es revelar su miedo más profundo: el movimiento estudiantil y la enorme rabia combativa de las y los secundarios.
Ahora bien, dejando de lado los formalismos y la minucia legal de los herederos del pinochetismo como Chadwick y Ubilla, en serio, ¿esto es lo que queremos? Según carabineros, todo esto se hace “cumpliendo los estándares internacionales, garantizando el respeto a los derechos humanos y el profesionalismo policial”. Según ellos, “dan garantías a la comunidad del alto estándar de servicio” y “legitiman jurídica y éticamente las intervenciones policiales en que se hace uso de la fuerza”.
Lo cierto es que carabineros es la institución que se ha ganado más desaprobación a su desempeño desde hace un año hasta hoy, llegando a alcanzar un 38% a fines del 2018, aún más bajo que el Gobierno en su peor momento. Su caída sólo es comparable a la iglesia católica, fuente de escándalos por abusos sexuales y pedofilia.
Los casos pacogate y la corrupción institucional, el caso Catrillanca, la negativa del ex general Hermes Soto a renunciar y la obligación de Piñera de despedirlo, la infinidad de brutalidades y el manto de impunidad que cubren sus actos muestran con hechos que no cumplen el más mínimo estándar ni cuentan con ninguna legitimidad. Por el contrario, se muestran como un grupo de sujetos armados que se dedican a defender una legalidad hecha para que los empresarios sean más ricos y el pueblo trabajador tenga que someterse sin reclamo. Mejor dicho, que tenga que pedirle permiso a esos mismos empresarios y sus leyes para manifestarse en contra.
Por ejemplo, los permisos para marchar deben realizarse ante las Intendencias regionales, la cual es una institución creada en dictadura y que cuenta con un cargo de responsabilidad política que no es elegido por nadie, sin ninguna votación, y en cambio es puesto a dedo por el presidente de turno. En otras palabras, si una marcha quiere manifestarse contra un gobierno, debe pedirle permiso a ese mismo gobierno. Y si ese gobierno otorga el permiso, se reserva el derecho de poner infinidad de condiciones a las cuales todas las personas deben someterse, o podrían ser objeto del “uso de la fuerza”.
No hay manera de reformar esto. Un cambio de protocolos sólo puede afinar más el aparato represivo, lo mismo una reestructuración. Un mayor control ciudadano o responsabilidad de mando no es garantía de nada, como lo demostraron los montajes en el Caso Catrillanca o los multimillonarios robos. Lo que hay de fondo, lo que ningún gobierno de los empresarios va a cambiar nunca, es el sometimiento de la población a la fuerza policial para así “dar eficacia” a las leyes hechas por los políticos de los empresarios para beneficio de ellos mismos.
Por eso es que Carabineros y sus Fuerzas Especiales deben ser disueltos, como una institución inútil y parásita, que usufructúa y roba de la plata que generan los trabajadores, que sólo sirve para garantizar y mantener la propiedad y las ganancias de los ricos. Por los mismos motivos, la desmilitarización del Walmapu es una demanda urgente que debe tomar fuerza en el movimiento de mujeres, trabajadores, estudiantes y pueblos originarios.
