Gatillo Fácil. Violencia policial: casi cuatro denuncias por día durante la cuarentena

Este viernes se reunieron en conjunto las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad de la Cámara de Diputados y convocaron a la ministra de Seguridad Sabina Frederic y al secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla.

El tema que recorrió toda la reunión fue el aumento sideral de casos de violencia policial y penitenciaria durante la cuarentena. El oficialismo planteó su intención de empezar a discutir una ley contra lo que llaman “una deuda de la democracia”. Según el relevo del Observatorio Social Antirrepresivo de La Izquierda Diario, murieron 67 personas por gatillo fácil u otras formas de violencia policial y penitenciaria desde el 20 de marzo.

El propio Pietragalla, al brindar su informe, dio a conocer estadísticas sobre cómo aumentaron las denuncias durante el ASPO (531) respecto de las que había recibido el organismo en el período del 10 de diciembre y al 20 de marzo (71). El aumento es sideral y el dato que arroja es que, durante estos meses, se hicieron casi cuatro denuncias por día.

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Además, la ministra Frederic dijo que recibieron en este tiempo 39 denuncias por uso abusivo de la fuerza por parte de más de 100 efectivos de fuerzas de seguridad federales. Las políticas que planteó que vienen implementando para combatir esta realidad son el envío de recomendaciones al personal que hace patrullaje en las calles, donde se les pide “respetar a las personas y apelar al diálogo” y la solicitud a cada fuerza de información sobre los implicados en casos de abusos.

Estos datos confirman lo que viene denunciando la izquierda desde que empezó la cuarentena. El diputado Nicolás del Caño lo planteó en su intervención: “El Gobierno Nacional empoderó a las fuerzas de seguridad, porque les dio un papel primordial en una crisis sanitaria, inclusive poniendo al ejército en los barrios cuando muchísimas organizaciones sociales podrían organizar tareas vinculadas a garantizar la distribución de alimentos. Ese empoderamiento es lo que trajo el aumento en las denuncias y de los crímenes policiales y penitenciarios”.

El caso del que más se discutió durante la reunión fue el de Facundo Castro. Los funcionarios presentaron informes explicando cómo se habían puesto “a disposición de la familia”. Pietragalla recordó que tanto Kicillof como Alberto Fernández habían llamado a Cristina, la madre. Sin embargo, es ella quien viene denunciando el entorpecimiento de la causa. “La familia denuncia la complicidad de la justicia y del poder político, en particular de Berni. Hemos planteado recibir a la mamá de Facundo y no tuvimos respuesta de parte de Hugo Yasky, el presidente de la comisión de Derechos Humanos”, planteó Del Caño.

También se hicieron eco de la desaparición de Facundo los diputados de Juntos por el Cambio, que hace algunos meses eran parte del gobierno que más casos de gatillo fácil tuvo desde 1983 según un informe de Correpi. Incluso Luis Petri, de la bancada de la UCR, empezó su exposición diciendo “Santiago Maldonado se ahogó”. Difícilmente se encuentre un planteo más alejado de la defensa de los derechos humanos que ese, aunque compite su compañero Álvaro de Lamadrid, que llegó a plantear que Patricia Bullrich fue una “gran ministra”. Los mismos que defendieron (y siguen defendiendo) la doctrina Chocobar, ahora hablan de “violencia institucional”.

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Desde el oficialismo opusieron un discurso de condena del gatillo fácil y de los policías implicados, pero lleno de contradicciones, recordando casos como los asesinatos de Kosteki y Santillán, cuyo principal responsable político es el actual canciller Felipe Solá. O el de Luciano Arruga, por quien Daniel Scioli nunca dio explicaciones. Incluso hablaron de Mariano Ferreyra, en boca de Mara Brawer, que planteó que en ese caso no se había encubierto a nadie. La realidad es muy distinta: Carlos Tomada y Aníbal Fernández estuvieron implicados y jamás rindieron cuentas.

De un lado y de otro se arrojaron cifras y casos, como si fuera una carrera de quién tiene más muertos en el armario. A la par, durante toda la reunión Cambiemos levantó un discurso manodurista sobre la “inseguridad” y la supuesta liberación masiva de presos. El oficialismo, por su parte, no respondió preguntas sobre el accionar y los dichos de Berni en los últimos meses, que se vienen correspondiendo con ese mismo discurso.

El gatillo fácil y otros crímenes policiales son un problema estructural en nuestro país que todos los gobiernos constitucionales mantuvieron, sin excepciones, desde el final de la dictadura. Pietragalla planteó el tema desde una perspectiva que tira abajo toda doctrina internacional sobre los derechos humanos: “Queremos que cada vez que haya un caso de violencia institucional no se lo mire al Estado, sino que podamos mirar al individuo que viola los Derechos Humanos y que podamos sancionarlo”.

Juzgar al individuo es básico y necesario, para cualquiera que no comulgue con la “doctrina Chocobar” de Bullrich. Pero no resuelve el problema de fondo, que es el de una institución que cumple un rol social de criminalización de los sectores más empobrecidos y represión de la clase trabajadora, en defensa de los intereses capitalistas. Son las fuerzas de un orden social que tiene como objetivo garantizar que la crisis la paguen las grandes mayorías.