La Policía Bonaerense ingresó brutalmente a la textil Nueva Generación, donde también funciona un jardín de infantes. Un total de 124 laburantes, entre trabajadores de ésa y otras cooperativas y periodistas, fueron detenidos tras recibir golpes. Los represores se quedaron con parte de sus pertenencias. Acusan al gobernador Kicillof y al ministro Ferraresi de engañar a les laburantes y no dar respuestas.
Martes 7 de diciembre de 2021 15:11
La noticia no sorprendió a quienes sabían de la amenaza de desalojo que pesaba hacía meses contra las trabajadoras y los trabajadores de la Cooperativa Textil Nueva Generación de Wilde, partido de Avellaneda. Sin embargo, nadie esperaba la brutalidad con la que la Policía Bonaerense, a las órdenes de Sergio Berni, arremetería para cumplir con las directivas oficiales.
Cerca de las 10 de la mañana decenas de efectivos ingresaron a los golpes y gritos al predio ubicado en la calle Méndez 671 de esa localidad del sur del Gran Buenos Aires. Allí funciona la cooperativa textil, sostenida por 86 obreras y obreros, junto a un jardín maternal al que asisten diariamente unos cien niños y niñas. De pura casualidad, al momento del ataque policial no había nadie en el jardín.
El desalojo fue brutal, por donde se lo mire. La Bonaerense hasta detuvo a periodistas de AM 750 y de la Revista Resistencias, quienes denunciaron el robo de sus pertenencias y herramientas de trabajo.
Según lo informado por las propias familias de la cooperativa, en total fueron detenidas 124 personas, entre miembros de Nueva Generación, compañeras y compañeros de otras cooperativas que habían ido a solidarizarse y trabajadores de prensa. Primero fueron llevados a la Comisaría Quinta de Wilde y luego al Comando de Patrullas de Avellaneda.
Al difundirse la noticia y viralizarse videos que muestran la violencia de la Policía, el Poder Judicial (fuero comercial) decidió ir liberando a las y los detenidos. Pasado el mediodía salieron unas 25 mujeres y con el correr de las horas fue saliendo el resto.
Desde las puertas del Comando de Patrullas Laura Civelli, miembro de la Mesa Ejecutiva de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), habló con La Izquierda Diario y relató parte de lo vivido durante la mañana.
Civelli agregó que desde su organización no pueden “creer que se hable de democracia y derechos humanos cuando se hacen este tipo de cosas. Es responsabilidad del ministro de Seguridad, del gobernador y del intendente que dejan que esto suceda. En pleno diciembre, en un país donde el empleo decrece, la gente se inventa el laburo y, cuando lo hace, te sacan y te dejan sin nada”.
En la protesta por la libertad de las y los detenidos se hizo presente Juan Grabois, dirigente de la UTEP, quien directamente acusó a Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda con licencia por ser el actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. “No nos podemos quedar callados cuando nos desalojan y nos cazan como perros”, exclamó Grabois ante decenas de trabajadoras y trabajadores.
Hace un mes Alicia Gutiérrez, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación, había relatado a la agencia Télam el origen del conflicto judicial que derivó en el desalojo de este martes. “Después de 16 años, pusimos en marcha este proyecto productivo con el único propósito de incluirnos como trabajadores. Hoy vivimos la paradoja que se intente cerrar este predio fabril, en un país castigado por la economía de distintos Gobiernos y por la pandemia. Lamentablemente, nuestro sueño se está muriendo”.
“Nos quieren desalojar porque nos hicieron un juicio en el año 2011. Compramos el predio en 2005 de modo informal, aparecieron familiares herederos del predio que no existían y ahora nos quieren desalojar”, informaba Gutiérrez en noviembre. Y detallaba: “somos 86 familias costureras, con nuestro comedor y nuestro jardín maternal. Para nosotros, la fábrica y el trabajo lo son todo”.
El juez en lo comercial Jorge Bocachia es quien ordenó el desalojo, una medida que ya había dictado en varias oportunidades previamente y que finalmente hoy, con el apoyo incondicional del gobierno de Axel Kicillof y del ministro Sergio Berni, se llevó finalmente adelante.