Al menos cinco defensores del territorio sagrado han sido asesinados en la última década por defender la tierra sagrada de Wirikuta: Miguel y Agustín Vázquez (2017), Margarito Díaz González (2018), Paulina Gómez (2020) y Rosendo González (2022), se trata de líderes y colaboradores del pueblo wixaritari que ha enfrentado el despojo de sus tierras sagradas, por parte del extractivismo minero.
Axomalli Villanueva @1quiahuitl
Martes 4 de junio
Al menos cinco defensores del territorio sagrado han sido asesinados en la última década por defender la tierra sagrada de Wirikuta: Miguel y Agustín Vázquez (2017), Margarito Díaz González (2018), Paulina Gómez (2020) y Rosendo González (2022), se trata de líderes y colaboradores del pueblo wixaritari que ha enfrentado el despojo de sus tierras sagradas, por parte del extractivismo minero.
Estos territorios, que comprenden, no solo la zona de Wirikuta, sino a una importante parte de los estados de San Luis Potosí, Jalisco y Nayarit han estado más de diez años en disputa, desde que el entonces presidente Felipe Calderón entregara estas tierras a las compañías mineras.
El conflicto socio territorial no ha sido resuelto por esta administración, pues la situación se ha agravado por la presencia de grupos delictivos, que en muchas ocasiones trabajan de cerca con los intereses de las empresas mineras, mientras que el pueblo wixaritari ha sido constantemente acosado, en sus territorios sagrados que se encuentran en una zona muy importante de extracción de plata, oro y actualmente litio. Existen al menos dos compañías mineras con grandes inversiones en derechos de explotación en el centro ceremonial de Wirikuta: la First Majestic Silver y la Lake Shore Gold, esta última suspendida en años recientes.
Calderón y Peña Nieto: responsables de la venta
En el 2009 el entonces presidente Felipe Calderón otorgó 22 concesiones a la empresa First Majestic Silver, las cuales comprendían más de 6 mil hectáreas, con al menos 70% en territorio Wixarika, incluyendo uno de los centros ceremoniales más sagrados para el pueblo huichol.
Estas concesiones sacaron a la luz el desplazamiento y despojo de los pueblos indígenas pues, a pesar de la declaratoria de zona protegida para los territorios de Wirikuta, la explotación minera se expandió aún más, aún a pesar de que 70% de esa región sea reconocida como Área Natural Protegida por el gobierno de San Luis Potosí e incluida por la Unesco en la Red Mundial de Lugares Sagrados Naturales.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y sumado a la aprobación de la Reforma Energética, se dieron a conocer aún más concesiones mineras a la empresa Lake Shore Gold, que pretendía explotar otros 7 mil metros de pozos en al menos 350 hectáreas de territorio protegido.
El Proyecto Universo iniciado desde 2011, requiere explotar más del 42% de la superficie total de Wirikuta. Este ha traído minas a cielo abierto, las más agresivas con el medio ambiente pues, no solo contaminan los cuerpos de agua de la zona, si no que envía minerales tóxicos a los mantos freáticos, además de las emisiones contaminantes y la destrucción del suelo y los ecosistemas.
López Obrador, continuidad del saqueo y la Guardia Nacional
A pesar de que López Obrador subió a la presidencia con la promesa de revisar y cancelar las concesiones mineras, la realidad fue que solo se detuvieron las que estaban por aprobarse, sin embargo, en declaraciones recientes ha enfatizado que no se cancelarán las que ya fueron aprobadas, siempre y cuando "sean manejadas con responsabilidad", dichos que dejan la puerta abierta a la continuidad del modelo extractivista minero que ha perjudicado a las comunidades.
Uno de los factores que juega en favor de las compañías mineras, es la pobreza en que viven muchos de los habitantes de la zona, a quienes prometerles un salario, un trabajo, una forma de vida. La necesidad es mucha y Real Bonanza, la filial de First Majestic Silver, prometió crear 750 puestos de trabajo.
El actual gobierno ganó las elecciones de 2018, entre otras cosas, por un discurso de respeto y protección hacia los pueblos originarios, que culminó con una ceremonia en el zócalo de la Ciudad de México “honrando las tradiciones indígenas”, pese a esto la política de extractivismo sigue sin cambiar y ha dado un mayor impulso con los nuevos mega proyectos, como el Tren Maya.
Contrasta mucho con los planes de inversión canadiense que, desde su campaña presidencial, buscó para asegurar capital extranjero en el territorio nacional, como una alternativa al Tratado de Libre Comercio. No sorprende por tanto, la presencia de los primeros tres cuarteles de la Guardia Nacional en el estado de San Luis Potosí, donde se encuentra gran parte del territorio de Wirikuta, además de tener en la mira a Jalisco, otro de los estados con presencia Huichol importante.
Más allá de la función de seguridad con la que el gobierno de AMLO quiere justificar la creación de esta fuerza, es notorio como los puntos prioritarios de la Guardia Nacional se encuentran en lugares con conflictos en cuanto a recursos naturales y el territorio.
narcotráfico y mega minería
EL territorio de Wirikuta se encuentra en una zona estratégica entre las carreteras a Zacatecas, a Monterrey, el Golfo, el occidente de México hacia San Luis Potosí y hacia la Ciudad de México, por lo tanto es una zona de alto interés para grupos ilegales. En marzo de 2021, el territorio sagrado sufrió uno de los peores incendios de los que se haya tenido registro, activistas y defensores del territorio del pueblo wixaritari denunciaron que las llamas fueron provocadas por los dueños de un basurero minero y durante una semana al menos 517 hectáreas fueron devastadas, este acto fue perpetrado por operadores del crimen organizado, quienes en los últimos años han colaborado de cerca con las empresas mineras ocasionando el desplazamiento forzado de las comunidades.
En la última década, producto de la guerra contra el narcotráfico, la brecha entre el extractivismo y los cárteles es muy corta, llegando a que estos grupos se encarguen de actividades como la minería, el manejo de basura y hasta el tráfico de especies protegidas como el peyote.
Un pequeño triunfo para el pueblo wixaritari
El pasado noviembre del 2023, una caravana de al menos dos mil miembros del pueblo wirárika, pertenecientes a los estados de Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí viajaron hasta la Ciudad de México para hacer presión al gobierno de López Obrador sobre los juicios para restituir sus tierras, que habían estado en juicio durante más de 10 años.
Se trata de 10 mil 500 hectáreas a la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlan y su anexo Tuxpan, en el límite de los estados de Nayarit y Jalisco, de las cuales el gobierno restituyó 2 mil 585 hectáreas, apenas el 25% de las demandas, sin embargo ha sido un hecho histórico que representó una victoria para las comunidades que han resistido más de una década los proyectos extractivos.
Aún así, aún no se terminan de resolver las demandas, pues Wirikuta, el corazón de la cosmovisión del pueblo wixaritari, aún sigue abierto al extractivismo minero, que recientemente esta en la mira de la explotación del litio, aún así las comunidades siguen organizándose para arrancarle al Estado mexicano y a las empresas extractivas el reconocimiento y restitución de su territorito ancestral.
