SUMAR. Yolanda Díaz busca reactivar el pacto social con las patronales y las burocracias

El próximo jueves comenzarán las reuniones tripartitas, sindicatos, patronal y Ministerio de Trabajo, para la implantación de la jornada laboral de 37,5 horas. Se retoma así la senda de la negociación a tres bandas como eje de implementación principal para los temas de carácter laboral y social que competen a Trabajo. Una fórmula que le permitió a Yolanda Díaz durante la legislatura pasada adquirir un enorme protagonismo desde el Ministerio de Trabajo y dar un espaldarazo al Gobierno de Sánchez, blanqueando en gran medida el historial de recortes laborales y sociales que el PSOE tiene a sus espaldas. Mientras, por otra parte, le permitió convertirse en artífice de la política social del Gobierno con mayor repercusión sobre las condiciones de vida de la mayoría social, lo que a su vez fue la base para la creación del proyecto político de Sumar, contando con la complacencia de Sánchez y como vía para laminar a Podemos.

Los acuerdos fueron a tres bandas, puesto que contaron con el beneplácito de la patronal, lo que deja a las claras que mantuvieron intactos los privilegios y los abusos empresariales que caracterizan las relaciones laborales existentes en el Estado español. Donde la precariedad y los bajos salarios hacen mella y sacuden con fuerza a las y los trabajadores. Sin embargo, el Gobierno “progresista” y a su cabeza la ministra “comunista” Yolanda Díaz vendieron como bondades sus políticas de concertación social que, por ejemplo, sirvieron para dejar intacta la reforma laboral de Rajoy, que apenas sufrió modificaciones.

Otra base de sus políticas de concertación -aunque no han contado últimamente con el apoyo de la patronal- han sido las sucesivas subidas del SMI, la última apenas hace unos días, que han supuesto un incremento de más del 50% en este período. Aunque han sido un relativo éxito de imagen para el Gobierno, sin embargo, se han visto muy empañadas por el impacto de las fuertes subidas de precios que han golpeado sobre los salarios de la mayoría social de las y los trabajadores, que por tener salarios algo por encima del SMI no se han beneficiado de esas subidas.

Según los datos de la EPA la subida del SMI ha beneficiado a un total de entre 2,3 y 2,5 millones de trabajadores (13,7% población asalariada), por el contrario, el resto de la población trabajadora (86,3%) no solo no ha visto crecer su poder adquisitivo, sino que, al revés, lo han visto disminuir gravemente. Siendo que ha sido el Estado español donde más pérdida media de poder de compra real sufrieron las y los trabajadores entre 2019 y 2022 (-5,1%) respecto a la media del resto de países de la OCDE (+0,8%). Algo que se mantuvo en 2023 dado que los salarios, aunque subieron algo más de media (3,46%) que en 2022 y la inflación media no fue tan elevada (3,5%), todavía se perdieron algunas décimas. Esto sin tener en cuenta que hay millones de personas trabajadoras fuera del paraguas de cualquier convenio laboral por lo que ni siquiera recibieron esas míseras subidas. Por otra parte, la patronal aprovechó para diluir la subida del SMI absorbiendo cualquier tipo de complemento que pudiera tener la persona trabajadora, incluido el de antigüedad, de modo que en esos casos no hubo incremento salarial sino reestructuración salarial. Por lo tanto, muchos de esos 2,3 millones ni siquiera se beneficiaron de la subida del SMI.

El último escollo que ha golpeado gravemente la imagen de valedora de derechos sociales del Gobierno y de Yolanda Díaz y visibilizado la ruptura de Podemos, por una pura estrategia electoralista dado que cuando han estado en el Gobierno han tragado sapo tras sapo, ha sido el recorte planteado desde el Ministerio de Trabajo al subsidio para los desempleados, que ha sido rechazado en el Congreso por Podemos. El recorte, negado con cinismo por Yolanda Díaz, se producía por la propuesta de bajada de la cotización para las futuras pensiones de los parados de larga duración. Sin embargo, nadie de Podemos dijo nada respecto a otro recorte añadido que suponía la congelación de facto del subsidio para los desempleados de más de 52 años, el colectivo más amplio de beneficiarios, a los que no se les proponía un solo euro de subida en 2024, algo increíble dados los niveles de los precios alcanzados en productos básicos, quedándose en los miserables 480 euros que ya tenían en 2023.

Todo ello, enmarcado en la senda de ajuste fiscal al que se ha comprometido el Gobierno que deberá implementarse desde 2024, una vez aprobada durante la presidencia española en la UE la vuelta a la disciplina presupuestaria europea. Algo por lo que no han protestado ni desde Sumar ni desde Podemos.

Una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin garantías reales de aplicación

Yolanda Díaz ha tomado una senda electoralista muy descarada para contrarrestar la guerra política con Podemos, que amenaza con erosionar las perspectivas electorales de Sumar en los próximos compromisos electorales (Galicia, Euskadi y Europa). Para ello ha reactivado la vía del acuerdo social con las burocracias sindicales de CCOO y UGT y la patronal, en el ámbito de la concertación social que había dejado un tanto abandonada al inicio de esta legislatura.

Ahora en esta senda abierta Yolanda Díaz ha planteado negociar la aplicación de las 37,5 horas de jornada máxima semanal en esta legislatura (2025), aunque con un paso previo en las 38,5 horas que se implementarían en 2024. Lo que no ha explicado cómo lo va a desarrollar y, sobre todo, cómo lo va a garantizar. Sabiendo que todavía hoy hay muchos sectores de trabajadores que sufren horarios por encima de las 40 horas máximas reglamentarias y no pasa nada, como mucho una pequeña multa. Lo que no solo afecta a los sectores más atrasados de la economía, sino que como se demostró recientemente, también lo sufren sectores tan supuestamente “privilegiados” como el de la consultoría. Hay que recordar el escándalo reciente a este respecto cuando saltó a la luz los elevados horarios establecidos sistemáticamente en este sector de la economía. Por no hablar de las condiciones laborales de las empresas vinculadas al desarrollo de las nuevas tecnologías (Amazon, riders, etc). Y mientras el número de inspectores de trabajo e inspecciones anuales que se desarrollan resulta absolutamente ridículo, tal y como han manifestado los propios inspectores de trabajo que no hace mucho tuvieron una huelga por este motivo precisamente contra Yolanda Díaz. La propia medida de control horario en las empresas impuesto desde el Gobierno ha resultado un absoluto fracaso, las empresas se la saltan a la torera sin mayores problemas.

Por otra parte, la ministra se ha ubicado dando una imagen, con claro sesgo electoral, de mayor radicalidad en los postulados de la negociación tripartita.

Y ha destacado que “Vamos a intentar un acuerdo tripartito, pero si no será bipartito; siempre en el diálogo social y con deliberación parlamentaria”, según indicó la ministra en el Congreso recientemente. Afirmación que ha puesto en pie de guerra al líder de la patronal, Antonio Garamendi, que ha reclamado que se deje primero negociar a patronal y sindicatos bilateralmente. Aceptando la negociación desde el ámbito empresarial en el marco de lo recogido en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Yolanda Díaz está echando un pulso a la patronal con perspectivas electorales y amparándose en los resultados de una encuesta publicada recientemente en El País y la Cadena Ser en la que se reflejaba un amplio apoyo a la medida de reducción de la jornada laboral. La ministra destacó de hecho como aspecto relevante que la medida podría afectar a doce millones de asalariados del sector privado

Pero estas posiciones más radicales de Yolanda Díaz no resultan muy creíbles, más allá de las engañifas electorales. Entre otras cosas por el comportamiento de la ministra durante la legislatura pasada, cuando para alcanzar los múltiples acuerdos fue esencial el papel que Díaz jugó como licuadora de los planteamientos sindicales, ya moderados de por sí, con tal de que la patronal rubricara los acuerdos alcanzados.

El Ministerio de Trabajo adelantó además otros planes para negociar con relación a las indemnizaciones por despido o la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas, todo ello enmarcado en el desarrollo de un “Estatuto del Trabajo del siglo XXI”. Para ello se va a contar entre otras cosas con las aportaciones de un grupo de expertos técnicos”. Es evidente el tufillo tecnócrata que parece querer darle la ministra a estas reformas de calado, que amenazan de nuevo los pocos derechos que aún nos quedan en pie como trabajadores y trabajadoras.

Mientras Yolanda Díaz pergeña estos planes que nos van a precarizar y empobrecer aún más, los jóvenes no se pueden emancipar (16%), los precios de la vivienda y los alimentos llevan a vivir a amplias capas sociales en precario y al borde de la pobreza, los ricos aumentan sus fortunas exponencialmente y la brecha social se amplía pese a las falsas promesas del Gobierno “progresista”. Por ello, resulta imprescindible impulsar una alternativa política de independencia de clase y de lucha que enfrente los ataques de la patronal y el propio Gobierno “progresista” para lograr poner en marcha un programa de emergencia social que dé salida real a los problemas de la juventud, las mujeres y las y los trabajadores.