Una respuesta a la nota del 27 de julio publicada en La Voz del Interior sobre las zonas de inseguridad en la ciudad de Córdoba.
Jueves 28 de julio de 2016 13:35
En la edición del día 27 de Julio de La Voz del Interior, el periodista Juan Federico escribe una nota titulada “El mapa caliente de la inseguridad de Córdoba” en razón de un informe dado a conocer por la provincia de Córdoba que se haría en el marco de intentar contrarrestar la “inseguridad”. Por medio de La Izquierda Diario, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) queremos responder y plantear algunas cuestiones.
En la nota, explica el editor que se ha hecho una división de la ciudad capital por cuadrantes, con tres categorías diferentes, rojo (muy vulnerable), amarillo (mediana vulnerabilidad) y verde (baja vulnerabilidad) para medir las “fragilidades sociales” y su incidencia en el delito. La “vulnerabilidad” evaluada agrupa criterios como producto interno bruto (PIB), empleo (formal o informal), educación (formal o informal), además de la población.
Obviamente el diario oficial del gobierno de la provincia reproduce lo que este quiere decir como parte de la instalación, que viene desde hace muchísimo tiempo, en la opinión publica de que uno de los grandes problemas a combatir es la “inseguridad”, la cual estaría marcada por la posible incidencia en delitos.
Por supuesto, los delitos de los que hablan son contra la propiedad e intenta deslizar que serían esos lugares los vinculados a la venta de droga. Sin embargo, no se cuentan en la gráfica ni los accidentes de trabajo por negligencia patronal, ni los asesinatos por gatillo fácil, ni los femicidios, ni los robos y fraudes de las grandes empresas y gobernantes. Esta lógica que nada tiene de novedoso pretende fomentar un sentido común de que los sectores "vulnerables" son responsables del delito. Pero si repasamos la historia reciente podemos ver que no fueron precisamente en estos lugares donde se gestó el "Narcoescándalo" que desnudó la complicidad policial con la venta organizada de droga, ni los escándalos de CBI financiera ligada a los sectores de poder donde todo el arco político esta comprometido e investigado por fraudes multimillonarios, o las causas por sobreprecios escandalosos del hotel de Mar Chiquita, por nombrar algunos. Si tomamos estos datos y los trasladamos a un mapa, el rojo de la Casa de Gobierno y la Central de Policía resaltaría por sobre todo.
Obviamente estos estudios son completamente dirigidos hacia una política, son parte de la instalación y sustentación de su plan: mantener una ciudad y espacios para los que tienen dinero y al resto marginarlos socialmente bajo la custodia de la policía. Lo que buscan publicando estos índices es sustentar la existencia de la policía barrial, creada recientemente y justificar el aumento sideral del número de efectivos en todos estos años. La provincia de Córdoba es una de las que tiene mayor índice de cantidad de policía por cantidad de habitantes. Sobran ejemplos, y más en Córdoba, donde lejos de disminuir los delitos, la presencia de la policía los aumenta gracias a su complicidad.
El Cinismo de la palabra "vulnerabilidad"
Esta medición de la “fragilidad social” es completamente cínica pues toman el nivel de empleo, educación y PIB, pero no miden las condiciones de hacinamiento por el problema habitacional, no miden la imposibilidad de acceso a la salud y recreación, no miden el acceso a los servicios, como agua potable, luz, gas natural, transporte publico. Ello no es casual, son las políticas que no aplican. El tono cínico toca su pico cuando, al pasar, el editor dice que se relevaron "518 barrios formales y una cantidad similar de asentamientos informales, según indicó el Gobierno provincial". Es decir existe el 50 % de la población en Córdoba con asentamientos informales, a los que en su mayoría no le llegan los servicios, agua, luz, gas natural, cloacas, ni hablar de asfaltado, alumbrado, transporte publico, servicios de salud.
La nota habla del cordón externo de la ciudad de Córdoba, un sector que se ha ido consolidando en los últimos 10 años y en los que se advierte una importante carencia estructural, cordón que en la imagen publicada está señalada obviamente como zona roja, es decir de alta vulnerabilidad. Con este estudio el gobierno provincial no está haciendo mas que confesar su política de Estado desde hace más de 10 años. El cordón fue armado por ellos mismos, transformaron los barrios periféricos en guetos aislados, los llamados barrios - ciudad, “Ciudad de Mis sueños”, "Ciudad de los Cuartetos" y tantos otros, a los cuales se trasladó población que incluso fue desalojada a la fuerza de otros lugares (como el caso de los que habitaban Villa La Maternidad, que resistieron durante años). Los habitantes de dichos barrios son acusados por portación de cara, por ser morochos, por usar gorra, etc y la policía utiliza el Código de Faltas (ahora de Convivencia, luego de algunas reformas el año pasado) como herramienta para mantenerlos dentro de los límites del barrio para que no puedan acceder a otras zonas de la ciudad, y si algún pibe insiste en hacerlo lo detienen, teniendo récord de detenciones por merodeo en los últimos años. Este hecho dio nacimiento a lo que es hoy una de las movilizaciones anuales mas masiva y representativa de Córdoba, la Marcha de La Gorra.
En resumen, desde el gobierno empujan a los sectores trabajadores a la periferia, sin condiciones de vida digna, se encargan de señalarlos por su forma de vestir, creando ordenamientos para detenerlos, invierten dinero en publicaciones en los principales medios para señalarlos como los responsables del delito, publican estadísticas donde después de 10 años de Gobierno un sector enorme de la población de Córdoba se encuentra sin acceso a servicios básicos, pero eso si, en la nota muy bien se cuidan de decir que no quieren “estigmatizar”...
