El Régimen quiere que el 21-D sea una demostración de fuerza contra el pueblo catalán. El 21-D Catalunya estará militarizada con 10.000 agentes de Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil. Convirtamos esa jornada en una gran demostración de lucha contra la represión, por el derecho a decidir y por la apertura de procesos constituyentes en todo el Estado.
Martes 18 de diciembre de 2018
Este viernes 21-D el gobierno de Pedro Sánchez pretende llevar adelante toda una provocación contra las aspiraciones democráticas del pueblo catalán. Realizar el Consejo de Ministros en Barcelona a pocos días de iniciarse el juicio contra el 1-O en el Supremo y en el aniversario de las elecciones del 155 no puede tener más lectura que la de reafirmar la política del bloque constitucionalista del 155 de aplastar con la represión cualquier intento de ejercer el derecho a decidir.
Esta reunión ha venido precedida de un importante giro españolista del gobierno del PSOE. Ante los actos de protesta de los CDR realizados durante el puente de diciembre, Sánchez y sus ministros respondieron con amenazas de un nuevo 155 o con la Ley de Seguridad Nacional. Varios barones “socialistas” incluso se han sumado a los coros ultras que piden ilegalizar a las organizaciones independentistas. Toda una prueba de como el auge de Vox influye en la agenda del supuesto gobierno progresista, que avanza directo a reconstituir el “bloque constitucionalista” y monárquico que promovió la represión del 1-O.
La derecha por su parte sigue haciendo su particular campaña contra Catalunya. PP y Cs piden un 155 aún más duro y casi permanente, lo que los deja casi mimetizados con las propuestas de la extrema derecha de Vox. Y es que esta formación es una hija legítima del Régimen del 78, y en particular del “a por ellos” azuzado desde la vieja y nueva derecha, los social-liberales y la Casa Real desde hace más de un año.
Ante esta situación, desde los CDR, las entidades soberanistas y cada vez más organizaciones políticas, sindicales y sociales, se hace un llamamiento a la movilización para el día 21. Concentraciones, cortes de carretera y vías de comunicación, paros en los centros de trabajo y una gran manifestación para la tarde de ese viernes, para expresar el rechazo a la reunión del Consejo de Ministros, las amenazas de nuevos golpes institucionales, la represión, por la libertad de los presos políticos y por el derecho a decidir.
La respuesta del Gobierno, los partidos del Régimen y los grandes medios está siendo una gran campaña de criminalización. En el Estado español el derecho de manifestación sigue estando vigente. Sin embargo, para el “bloque constitucionalista”, estas protestas son tildadas directamente de “disturbios” y “altercados” muchos días antes de producirse.
A ello se le suma la militarización de Catalunya, y en particular la capital, con cerca de 10.000 agentes de Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil (más de 1.000 de estos dos últimos cuerpos trasladados expresamente rememorando la Operación Copérnico contra el 1-O) desde este miércoles.
Una gran operación que prepara un salto más en la escalada represiva del Estado español. Lo que se criminaliza, persigue y se predisponen a reprimir son simples movilizaciones democráticas. Se sienta así un trágico precedente para poder perseguir mañana con la misma saña a otros sectores sociales cuando quieran movilizarse contra una reforma laboral, por las pensiones o la defensa de la educación pública.
Ante esta grave situación el conjunto de las direcciones del procés están trabajando a contrarreloj para descafeinar y aminorar dichas movilizaciones. Primero fue ERC y la dirección del PDeCAT, ahora también Torra y Puigdemont quienes se suman a la política del “ibuprofeno” que señalara hace unos días Borrel. Las negociaciones entre el Gobierno central y la Generalitat para realizar un encuentro entre ambas instituciones son toda una declaración de intenciones de que el retorno al autonomismo y el desechar cualquier otra vía basada en la movilización para derrotar la represión o conquistar la república es ya patrimonio de todo el procesismo.
Por su parte la izquierda reformista juega del otro lado el mismo papel de bombero y sostenedor del gobierno de Sánchez. Ante las amenazas del PSOE, Iglesias y Garzón guardan un vergonzoso silencio, a la vez que sectores de los Comunes se suman a criminalizar las protestas del 21-D. Ni siquiera el pronunciamiento de su socio en Castilla La Mancha, García Page, partidario de ilegalizar a todo el independentismo, ha supuesto un mínimo cuestionamiento a su política de cogobierno con los social-liberales.
Desde la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) apoyamos las convocatorias de movilización que se realizarán este 21-D en Barcelona y el resto de Catalunya en repudio al Consejo de Ministros, y seremos parte activa de las mismas.
Consideramos que es un deber de cualquier organización que se diga democrática pronunciarse abiertamente en defensa del legítimo derecho de manifestación y, por lo tanto, en contra de la criminalización, las amenazas y la posible represión que se quiera desatar el 21-D por parte del Ministerio del Interior y la propia Conselleria d’Interior de la Generalitat.
Exigimos a los Comunes, Podem, ICV y EUiA a que rompan su vergonzante silencio y equidistancia, se planten en contra de la escalada represiva que encabeza hoy el gobierno del PSOE y se sumen a las protestes que se están convocando para ese día.
El giro españolista del PSOE, que tiene mucho más de revival que de novedad, demuestra que derechos como el derecho a decidir son inalcanzables dentro de los marcos de este Régimen. Como también lo es poder cuestionar la monarquía, la casta judicial o abordar medidas de calado para resolver los problemas de paro, vivienda, precariedad o pobreza sobre los intereses de la banca y los grandes capitalistas.
La única vía posible es la de una gran movilización social capaz de poner en marcha las grandes fuerzas sociales de la clase obrera, las mujeres, la juventud y los sectores populares, como muestra el ejemplo de los “chalecos amarillos” en Francia que hicieron retroceder a Macron. Pero para lograrlo es necesario que las movilizaciones conquisten una independencia política de las direcciones que vienen jugando en contra, como demuestra estos días el rol de la Generalitat en Catalunya. Y en el ínterin, barrer con la burocracia sindical, que mantiene a las y los trabajadores fuera de la escena y deja la veda abierta al veneno españolista.
El camino pasa por que movimientos democráticos como el catalán se vinculen con otros como el de los referéndums sobre la monarquía en el resto del Estado, el movimiento de mujeres que tiene el nuevo reto de enfrentar a la extrema derecha nacida del Régimen, el sindicalismo alternativo o los sectores de trabajadores que se organizan y salen a luchar, como es el caso del sector público en Catalunya.
Esta debería ser la nueva “hoja de ruta” de la izquierda independentista y los CDR, sin depositar ninguna ilusión ni repetir los mismos errores de buscar las alianzas con los representantes de la burguesía y pequeñoburguesía catalanista, que han demostrado con creces lo impotente de su estrategia de desobediencia y “esperar” a los gobiernos imperialistas de la UE.
Una unidad que solo será posible si a las grandes demandas democráticas les unimos las demandas sociales contra el paro, la precariedad, los desahucios o el desmantelamiento de los servicios públicos. Que acabar con la monarquía o conquistar el derecho a decidir esté ligado a poder resolver realmente los grandes problemas sociales y poder decidirlo todo.
Desde la CRT estamos convencidos de que una resolución íntegra y efectiva de estos problemas no puede separarse de pelear por un programa anticapitalista y la lucha por una Federación libre de repúblicas obreras y socialistas. Entendemos que esta perspectiva es todavía hoy minoritaria. Por eso le planteamos a todos y todas aquellas jóvenes, trabajadores, mujeres y sectores que quieren enfrentar este Régimen, que toda esa energía tiene que orientarse a lograr imponer verdaderos procesos constituyentes libres y soberanos, donde resolver cuestiones como la república o el derecho a decidir, pero también qué hacemos con la deuda, con las grandes empresas estratégicas, la banca o las miles de viviendas vacías.
No cabe duda de que ni el PP, ni CS, ni el PSOE, ni ninguna de las instituciones de este Régimen estarán dispuestas a aceptar procesos constituyentes de este tipo. También los capitalistas opondrán la máxima resistencia a que se puedan tomar medidas radicales que afecten sus beneficios y privilegios. Por ello para imponerlas será necesaria una gran movilización obrera y popular, que servirá a su vez de experiencia de masas con los límites de la democracia representativa y llegarar más rápido a la conclusión de que es necesario construir un verdadero poder propio del pueblo trabajador.
