Actualidad. Treinta años sin María Soledad Morales

Empezaba septiembre del año 1990 y una joven catamarqueña estaba a punto de cumplir 18. Cursaba el quinto año en el colegio del Carmen y San José, una institución religiosa de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

En esa época el destino único y obligado del viaje de egresados era Bariloche. En riguroso micro, nadie iba a “Bariló” en avión, y tampoco se cambiaba la nieve por las tórridas playas de Brasil. Entonces, también en la actualidad, no todos las y los estudiantes podían afrontar el costo de ese viaje. Por eso era y es muy común, que las chicas y los chicos, organizaran rifas, ferias del plato, incluso bailes.

Es así que llegó el día 7 de septiembre. El boliche Le Feu Rouge había sido el lugar escogido por las chicas del colegio Del Carmen para organizar la fiesta y recaudar fondos para su viaje. María Soledad Morales era una de las jóvenes cuyos papás no podían afrontar ese gasto. Su mamá Ada era maestra y daba clases particulares, su papá Elías era empleado público. Sole, como le decían todos, era la segunda de siete hermanos.

Hacía un año que Carlos Menem había asumido como presidente de manera anticipada ya que su antecesor, Raúl Alfonsín, con el país sumergido en un proceso de hiperinflación acordó adelantar la entrega del mando.

A pesar de que su slogan de campaña repetía como en un loop “Síganme que nos los voy a defraudar”, el giro económico y político que tomó su Gobierno se convirtió en la puerta de entrada al proceso neoliberal que comenzó con las privatizaciones de todas las empresas del Estado, el reemplazo del sistema público de jubilaciones y pensiones por el gran negociado de las AFJP y un aumento en los índices de desocupación y pobreza. Este combo neoliberal tuvo como desenlace la pérdida de las elecciones por parte del Partido Justicialista luego de 10 años en el poder, frente al radical Fernando de la Rúa que lideraba la Alianza.

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El viernes 7 de septiembre de 1990 María Soledad les pidió permiso a sus papás para quedarse a dormir en la casa de una amiga luego del baile. Ella debía volver el sábado a las 16 horas. Sin embargo sus planes cambiaron. Luego de la fiesta en Le Feu Rouge, se encontró con la persona de la que se había enamorado. Luis, un empleado de Obras Sanitarias, once años mayor con el que se fueron juntos a otro boliche, Clivus.

Esa noche fue la última vez que la vieron con vida. El lunes 10 de septiembre, trabajadores de Vialidad Nacional encontraron su cuerpo al costado de la ruta 38.
Nadie sabía en ese momento lo que había sucedido, sin embargo las calles comenzaban a llenarse de un rumor, una sospecha que con el correr del tiempo se transformaría en certeza.

Luis Tula llegó con María Soledad a Clivus, allí se encontraban otros jóvenes, en su mayoría hijos de funcionarios del Gobierno provincial y de la “creme” catamarqueña. En ese lugar fue abusada sexualmente, drogada y finalmente asesinada.

De a poco surgieron nombres: Guillermo Luque, hijo del diputado nacional por el PJ Angel Luque y ahijado del presidente Menem; Pablo y Diego Jalil, sobrinos del Intendente José Jallil y Miguel Angel Ferreyra, hijo del jefe de la Policía de la Provincia, ambos con el mismo nombre. Se sospechaba también de Arnoldo Saadi (quien falleció en el año 2013) primo de Ramón Saadi.

Estos no eran simplemente jóvenes, eran “los hijos del poder”, ese poder que tenía una cercanía extrema con el gobernador de Catamarca, Ramón Saadi y con el histórico dirigente peronista Vicente Saadi.

Luis Tula

Guillermo Luque

En 1990, Catamarca era gobernada por Ramón Saadi. Este apellido en la provincia no era uno más. Los Saadi estuvieron en el Gobierno por décadas, intercambiando puestos de manera tal de asegurarse el poder.

El primero en ocupar la gobernación fue Vicente Saadi, quien asumió el cargo el 4 de junio de 1949, durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Saadi fue gobernador solo durante cuatro meses, ya que el propio Perón lo destituyó. Decía el General en ese momento: “reina en Catamarca un crudo nepotismo y se vive un clima de persecución y negación de los derechos fundamentales”. En el año 1973, fue elegido senador hasta el año 1976 momento en el cual la dictadura cívico militar cerró el Congreso.

En el año 1983, con el fin de la dictadura, aparece en la escena catamarqueña Ramón Saadi, hijo de Vicente, quien gobernó la provincia hasta 1987. Durante un año, es decir hasta 1988, fue senador por Catamarca. En este caso su padre, Vicente, fue el encargado de “guardarle” el lugar en la gobernación. Ramón volvió a ocupar ese puesto el 10 de diciembre de 1988 hasta el año 1991.

Esta alternancia con su padre hizo de Catamarca una administración casi feudal. El periodista Jorge Sánchez de la revista Acción de España escribía en el año 1985 respecto al Gobierno de Ramón Saadi: “hasta hace tres meses, en que hubo algunas renuncias, sobre 79 adultos de la familia Saadi, 78 ocupaban cargos oficiales”.

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En los días que transcurrieron luego de que hallara el cuerpo de su hija, Elías y Ada Morales estaban devastados y sin consuelo. La posibilidad de que los responsables del asesinato de María Soledad fueran acusados y llevados a juicio era cada vez más lejana. Catamarca no era una ciudad grande y todos sabían del poder de la familia Saadi.

La impunidad con la que actuaron era absoluta. Pensaban, ellos, que esa chica, de una familia pobre, no tenía chance de enfrentarse al poder político y económico que detentaban.

Y en este punto es donde aparece en escena la hermana Martha Pelloni. Monja y rectora del colegio del Carmen en donde cursaba el 5to. año María Soledad. Se sumó a las y los compañeros de la joven y juntos decidieron marchar. El objetivo era visibilizar el caso y avanzar en el esclarecimiento y juicio de los responsables del crimen.

La primera marcha fue un jueves, y allí estaban en el frente con los brazos entrelazados los papás y la monja, amigas y amigos, gente del pueblo, muchos arriesgando su puesto de trabajo, en una provincia donde el Estado era el principal empleador, como sigue sucediendo en muchos lugares, dejó el miedo en sus casas y salió a las calles. Y así comenzaron a caminar, en silencio, solo se escuchaban los pasos sobre las calles de aquella Catamarca que a partir de ese momento ya no volvería a ser la misma.

En algunas marchas llegaron a participar más de 33 mil personas, en una ciudad de 80 mil habitantes, con una población total de la provincia de 200 mil personas.

Se llevaron a cabo 66 marchas del silencio. Y el objetivo de instalar el tema en la agenda nacional se cumplió cuando los medios ya no pudieron ocultarlo. Pero llevar a juicio a los hijos del poder no iba a ser una tarea sencilla.

Es que en la génesis de esta organización ya estaban escritos los propios límites a la hora de poner en jaque al poder político. Sin dejar de reconocer los alcances y logros que tuvo, fue un movimiento que llevó adelante un reclamo casi como una súplica al poder más que de enfrentamiento directo.

La investigación judicial se inició pasados los dos meses del asesinato. Pero desde el minuto cero estuvo repleta de irregularidades. Sobre todo teniendo en cuenta que el jefe de la policía era el padre de uno de los acusados. De hecho el comisario Ferreyra fue señalado como el responsable de haber ordenado lavar el cuerpo de María Soledad antes de la autopsia, para borrar cualquier rastro que llevara a los responsables.

Las grandes movilizaciones en las calles permitieron ponerle nombre y apellido a lo que los indicios indicaban como los responsables: Guillermo Luque y Luis Tula.

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Como sucede aún hoy, en aquel momento se puso el foco en la vida y conductas de María Soledad, una adolescente de 17 años, haciéndola responsable de su propia muerte. Todavía no existía ni la figura de femicidio ni el movimiento de mujeres tal como lo conocemos hoy. Por lo que no era una tarea sencilla, sobre todo para los papás, “demostrar” que las costumbres de María Soledad no justificaban el brutal desenlace de su muerte. La revictimización de las víctimas a las que el poder y las instituciones del Estado nos tienen acostumbrados en casos como estos y tantos otros, en aquel momento sin dudas era peor, sin un movimiento social que desafiara los prejuicios que existían y existen sobre las mujeres.

Las declaraciones de los funcionarios mostraban la impunidad con la que se manejaba todo en Catamarca. Angel Luque, padre de uno de los acusados llegó a declarar que: “si mi hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no habría aparecido”. A esta altura y con los ojos del país puestos en esa provincia, el Partido Justicialista no tuvo otra opción como gesto político más que la expulsión del diputado del Congreso.

Fue entonces cuando Elías Morales logró entrevistarse con Carlos Menem. El expresidente se comprometió a arbitrar los medios para que la investigación avanzara. Y para eso designó al subcomisario de la Policía Bonaerense, Luis Patti.

Este policía, no era un agente más de la Fuerza. Durante la última dictadura cívico militar había tenido una participación activa en centros clandestinos de detención. Una situación que pudo ocultar, con la complicidad de varios sectores de la política nacional, a tal punto que logró convertirse en el año 1995 en Intendente de Escobar.

La llegada de Patti, tuvo un claro objetivo: entorpecer la causa, desviar las investigaciones judiciales y policiales y lograr que la acusación se centrara solamente en Luis Tula. Para esto se encargó de declarar en todas las oportunidades que tuvo, que se trataba de un crimen pasional, ya que se supo después que Luis Tula estaba casado. Orientar la investigación hacia Tula tenía la intención de dejar libre de culpa y cargo a Guillermo Luque quien era el “protegido del poder”.

Con la provincia fuera de control, Carlos Menem intervino primero el poder judicial, luego el poder legislativo y finalmente el ejecutivo, destituyendo a Ramón Saadi y nombrando como interventor a Luis Prol.

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Recién en el año 1996 comenzó el juicio oral, en el que solo había dos acusados: Guillermo Luque y Luis Tula, a pesar de las marchas y la presión social por llevar al estrado al resto de los involucrados, nada pudo hacerse.

Ese primer juicio, cuyas audiencias se transmitían en vivo y en directo por el canal 13 de la ciudad de Buenos Aires, permitieron detectar gestos de complicidad entre los tres jueces del Tribunal. Razón por la cual el proceso judicial fue anulado.

Un nuevo juicio comenzó al año siguiente. El 27 de septiembre de 1998, Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato y violación de María Soledad Morales. Luis Tula fue condenado a 9 años de prisión como partícipe secundario del delito de violación.

La muerte de María Soledad logró poner sobre el tapete la realidad de las chicas pobres de provincia: vulneradas por mujeres y pobres, ya no solamente por la clase alta provincial, sino por esa nueva casta social que eran los políticos enquistados en el poder.

María Soledad visibilizó lo que hoy conocemos como femicidio y permitió mostrar ese entramado en donde las instituciones (poder judicial, poder ejecutivo y fuerzas de seguridad) funcionando como una corporación, ponen en marcha diferentes estrategias de encubrimiento cuando los involucrados son los hijos de empresarios poderosos como de altos funcionarios del Gobierno provincial.

Esta maquinaria de impunidad, utilizada para otras acciones, también se ponía en marcha en casos como la violencia contra las mujeres.

La misma violencia patriarcal y en diferentes grados persiste en la actualidad. Una de las diferencias más importantes hoy es que la movilización de las mujeres permite desnaturalizar prejuicios que legitimaron y legitiman la violencia machista. La visibilización e inclusión de los femicidios en una cadena más extensa de violencia busca, además, cuestionar muchos de los problemas que rodean los efectos más trágicos de esas violencias. El movimiento de mujeres, como el actor social más dinámico en la actualidad, es capaz de desafiar en la calle y en los debates que se presentan en los lugares de trabajo y de estudio los prejuicios y la violencia patriarcal que se reproduce todos los días.