Luego de años de pelea de diferentes colectivos por la salud y socioambientales, finalmente Diputados sancionó la ley por amplia mayoría. Qué implica. La pelea por su implementación y la de fondo por la producción de alimentos.
Miércoles 27 de octubre de 2021 07:02
1. La votación
Más de diez años llevó el tratamiento de diferentes proyectos de Ley, impulsada por diferentes colectivos. Finalmente hoy, a un año de la media sanción en el Senado y luego de una sesión especial frustrada por el lobby empresario, la pelea por el derecho elemental de conocer la composición de los alimentos disponibles para el consumo y los riesgos para la salud asociados, consiguió que se apruebe en la Ley que establece el etiquetado frontal de los alimentos en nuestro país. El resultado de la votación fue 200 votos a favor (FDT, FIT-U, UCR y otros), 22 en contra (Juntos) y 16 abstenciones (Juntos). 18 estuvieron ausentes, entre ellos Gisella Marziotta.
2. ¿Qué establece la Ley?
Se enfoca en productos procesados y ultraprocesados industrialmente y establece que los fabricantes y envasadores de alimentos y bebidas alcohólicas del país, sea que los “distribuyan, comercialicen o importen”, deben incluir octógonos negros con letras en blanco en mayúsculas que adviertan sobre excesos en azúcares, sodio, calorías y de grasas saturadas y totales. El tamaño de cada octógono no podrá ser inferior al 5% del tamaño del envase y tiene que estar descubierto.
Asimismo, obliga a advertir con un sello la presencia de edulcorantes y de cafeína, mediante la leyenda "no recomendable en niños/as". También prohíbe la publicidad destinada a niños, niñas y adolescentes de productos con sellos, y la entrega de "muestras gratis" de productos con octógonos a menores.
Desde el momento de la sanción de la misma se establece un periodo de 180 días para su implementación.
3. Alto en lobby: la oposición a la Ley
Por supuesto, el lobby de las grandes patronales productoras de alimentos procesados y ultraprocesados, a través de sus cámaras y en particular de la industria azucarera (que tiene al cómplice del genocidio Blaquier, de Ledesma, como principal representante, y al Jefe de Gabinete Manzur como portavoz frecuente), se hizo sentir. Desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la Cámara de la Industria Lechera (CIL), hasta la la AmChan (Cámara de comercio de EEUU en Argentina) vienen haciendo lobby contra la ley.
Claramente, la acción del lobby no terminará aquí, y ahora pasa a intentar retrasar la implementación. En otros países donde se sancionaron leyes similares apuntaron plantearon plazos de tres a cinco años para hacerlo, con una maquinaria aceitada y partidos políticos sensibles a los intereses empresariales. En Chile demoraron más de 5 años y en Uruguay directamente la modificaron. Será clave continuar la movilización en las calles.
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4. Las diferentes posiciones que se expresaron en la sesión
Los argumentos esgrimidos por la oposición de derecha contra la aprobación de la Ley fueron insólitos, desde apelar a la defensa de la yerba mate hasta el pedido de etiquetar choripanes. Fuera del recinto, el liberalismo volvió a demostrar que la libertad que le interesa es la de las empresas y no la de los trabajadores y consumidores: José Luis Espert tuiteó “#NoAlEtiquetadoFrontal”.
"Liberales" contra la libertad de los consumidores de saber y a partir de eso elegir. Lo hemos visto todo. https://t.co/TglHuGbTrP
— Guada Oliverio 🌿 (@guadaoliverio) October 27, 2021
Del lado del oficialismo del FDT, los discursos buscaron adjudicarse Ley pero evitando confrontar con la industria azucarera. Pablo Yedlin marcó la tónica al defender la industria (“la industria del azúcar siempre sufrió el impacto del centralismo porteño durante mucho tiempo”, planteó), e incluso a los productos ultraprocesados (“no está demostrado que causan sobrepeso”). Y por supuesto, evitando hablar del elefante en la sala: el agronegocio, un modo de producción de commodities que destruye territorios y la salud de las poblaciones mediante agrotóxicos, para generar dólares para el pago al FMI y las ganancias de sectores concentrados.
Los diputados del FIT-U, que votaron a favor de la Ley, fueron los únicos que resaltaron el rol de las organizaciones que la impulsan hace años, la lucha en las calles (como el 24S, donde se exigió desde la coordinadora BFS) y denunciaron los intereses económicos detrás del retraso de la Ley y del modelo de producción de alimentos vigente, impulsado tanto por el FDT como por la oposición de derecha. Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer (IS) denunciaron con nombre y apellido el lobby de la COPAL (con el inefable Funes de Rioja, presidente de la UIA) en la defensa de las bebidas azucaradas responsables de diferentes patologías, de las 10 grandes multinacionales que concentran el mercado de alimentos: Kellogs, Coca-Cola, Mondelez-Kraft, Nestlé, Johnson&Johnson, Unilever, Pepsico, Danone; los grandes cadenas de supermercados, como Coto, Día, Jumbo; las patronales nacionales como Pagani (Arcor), Perez Companc (Molinos), Blaquier (Ledesma), que “amasaron ganancias siderales en plena pandemia y ahora dicen que van a perder con el etiquetado frontal”, mientras sostienen prácticas antiobreras. Asimismo, que al mismo tiempo el FDT promueve el agronegocio y lleva adelante un ajuste para el FMI. Y plantearon un programa: “Esta ley debe estar unida a la pelea por salario... aplicar de verdad la ley de abastecimiento, decomisando la mercadería frente al desabastecimiento", "nacionalizar el comercio exterior", "una reforma agraria para que las familias puedan producir alimentos y no el agronegocio depredador capitalista”. “Hace falta un plan económico alternativo al servicio del pueblo trabajador”, concluyó Giordano.
5. La producción de alimentos en el país del agronegocio
Como bien denuncia el FIT-U, la producción de alimentos en el país está marcada por ese puñado de empresas del lobby, productoras y comercializadoras que lucran con la alimentación. Pero también por un modelo extractivista que tiene al agronegocio como uno de sus pilares: esto significa que la tierra está dedicada cada vez más no a la producción de alimentos, sino a la de monocultivos para exportación (centralmente soja para forraje, contra el mito de que produce "alimentos"), mediante la utilización creciente de agrotóxicos, la degradación del suelo, el agua y, en definitiva de la salud de las poblaciones, y el desmonte para ampliar el negocio (destruyendo ecosistemas enteros y contribuyendo a la crisis climática). El gobierno incluso impulsa el monocultivo industrial de cerdos, que tiene potencial pandémico; y aprobó el trigo transgénico HB4, un experimento a cielo abierto que amenaza toda la producción de trigo del país. Y todo en beneficio del pago al FMI y un puñado de grandes empresas y terratenientes. El caso de Vicentín dejó en claro la prioridades.
Este modelo de concentración de tierras es opuesto directamente a lo necesario para una producción de alimentos agroecológica saludable, sustentable y soberana. Como denuncia la UTT, “En Argentina, solo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país”. De hecho, mientras se discutía esta ley, esa organización se encontraba afuera acampando en frente al congreso reclamando una ley de acceso a la tierra con la que el FDT viene coqueteando desde 2016.
"Exigimos un cambio en el modelo de producción de alimentos. Transición inmediata a una producción agroecológica, sostenible, justa y saludable. Avanzando hacia una verdadera Soberanía Alimentaria, donde los pueblos y la clase trabajadora decidan qué, cuánto y cómo producir", planteó la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones en su documento para el 24S. Soledad Barruti, periodista dedicada a temas de alimentación y una de las impulsoras de la Ley lo sintetizó recientemente en una entrevista en Tiempo Argentino: “los dos modelos no pueden convivir. No puede haber fumigaciones y decir ’pero al mismo tiempo hay agroecología’. Hay que elegir un modelo por otro: el que beneficiaría a toda la sociedad, o al pequeño puñado de empresarios que son en los que hace muchísimo tiempo se deposita la idea y esperanza de salida del desastre en el que estamos, mientras profundizan la pobreza”.
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Juan Duarte
Psicólogo y docente universitario en la UBA. Militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Editó y prologó Genes, células y cerebros (Hilary y Steven Rose), La biología en cuestión (Richard Lewontin y Richard Levins), La ecología de Marx (John Bellamy Foster), El significado histórico de la crisis de la psicología y Lecciones de paidología (Lev Vigotski), La naturaleza contra el capital (Kohei Saito) y León Trotsky y el arte de la insurrección (1905-1917), de Harold Nelson (2017), en Ediciones (...)