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Red Internacional
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CÓRDOBA // OPINIÓN. A 2 meses de las inundaciones en las Sierras Chicas

Luego de las inundaciones que azotaron a las Sierras Chicas el pasado 15 de Febrero, la situación está lejos de volver a la normalidad como quieren hacer creer el intendente de Rio Ceballos Sergio Spicogna y el Gobernador De la Sota.

Miércoles 15 de abril de 2015

Al día de la fecha, muchos continúan sin poder vivir en sus casas y con la incertidumbre de no saber cuándo lo podrán hacer. Además, existen calles intransitables, puentes y pasarelas destruidos, que en muchos casos comunican los hogares con las escuelas y jardines. A todo esto se suma la pérdida de innumerables puestos de trabajo.

Los vecinos no están dispuestos a pagar los costos de esta crisis. Son conscientes de los numerosos estudios, que son de público conocimiento y que alertaban de posibles inundaciones como consecuencia del fuerte cambio en el uso de suelo: Joaquín Deón, licenciado en Geografía por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC),muestra cómo creció la urbanización en las Sierras Chicas y cómo avanzó también el desmonte.

En el mismo sentido el Doctor e Ingeniero Civil Carlos Marcelo García de la UNC, planteó que la cuenca (de las Sierras Chicas) tiene una presión de urbanización importante.

Por otro lado, el Doctor en Geología Osvaldo Barbeito y docente de la UNC, hace un raconto de crecientes que se dijo que habían sido catalogadas como imprevisibles e indica que un mapa de riesgo asociado al alerta es primordial en situaciones como la de las Sierras Chicas.

Éstos, son sólo alguno de los tantos estudios que se realizaron y opiniones de profesionales de la UNC que alertaban por posibles inundaciones, y que tanto el Gobierno Provincial como el Municipal desoyeron, para favorecer emprendimientos inmobiliarios de grande extensiones sobre zonas de bosque protegido.

Ante esta situación, muchos se organizaron en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados - Rio Ceballos, haciendo relevamientos propios, como única medida de resguardo ante cualquier intento de ocultar la gravedad de la situación y poder enfrentarla, exigiendo las respuestas necesarias. En su último comunicado, desde la asamblea dicen que “no fue un ’tsunami del cielo’ como dijo De la Sota, sino el producto de años de desmonte, especulación inmobiliaria y abandono de las cuencas hídricas”. Los vecinos de Río Ceballos, víctimas de la inundación, responsabilizan al Gobierno provincial y Municipal de Río Ceballos de la situación del pasado 15 de febrero. Tanto el intendente (por la Carta Orgánica Municipal) como el Gobernador (por la ley 8906), tienen la obligación como respectivos jefes de la defensa civil de "coordinar planes de prevención y acción frente a emergencia. Planes que brillaron por su ausencia.

Entre las principales exigencias de los vecinos autoconvocados, se encuentran: La declaración de Sierras Chicas como zona de catástrofe y de emergencia ambiental y sanitaria, la construcción y/o reparación de viviendas, puentes y pasarelas dañadas con carácter de urgencia, utilizando mano de obra local, apelando a una bolsa de trabajo (bajo control de la asamblea) que dé prioridad a los obreros que han quedado sin trabajo después de la catástrofe, y una mayor transparencia en el listado de beneficiarios de los fondos de reconstrucción y reparación de viviendas. Además, continúan denunciando la extorsión por parte de De la Sota con la entrega de electrodomésticos.

El próximo lunes 27, a las 18hs, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Rio Ceballos, Villa Allende, Salsipuedes entre otras, llaman a una movilización desde Av. Colón esquina Av. General Paz exigiendo al Gobernador De la Sota la inmediata respuesta a sus demandas. A esta convocatoria se suman los Vecinos Damnificados de Alta Córdoba reclamando, a más de cinco meses de la explosión de la empresa química Raponi, que la Municipalidad de Córdoba no ha terminado las obras de reparación por lo que están viviendo en casas destruidas.

En la Córdoba de los meganegocios inmobiliarios, es necesario que se declare la Emergencia Ambiental, que se suspendan por 24 meses todos los megaemprendimientos inmobiliarios, y que se realicen todos los estudios ambientales que permitan analizar su viabilidad. La reconstrucción y reparación de viviendas y obras de infraestructura necesarias no pueden salir de créditos o prestamos que signifiquen un mayor endeudamiento para los damnificados. Como planteó la legisladora Laura Vilches del PTS-FIT en la Unicameral: hay que establecer una serie de impuestos progresivos a los grandes empresarios inmobiliarios y a los terratenientes y pooles de siembra, que son los responsables del fuerte cambio en el uso del suelo y quienes más ganancias acumularon en los últimos años.