El 1 de octubre de 2017 los catalanes acudían a las urnas para decidir sobre su independencia. La represión desatada por el Gobierno español se continúa. En las próximas semanas se conocerá la sentencia a los líderes independentistas.
Martes 1ro de octubre de 2019 00:00
En las próximas semanas se conocerá la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes soberanistas por los hechos del 1-O. Un fallo que previsiblemente será duro o muy duro y que sentará jurisprudencia más allá del sentido jurídico del término, como de hecho lo está haciendo ya contra el movimiento independentista en su conjunto, con las detenciones del 23S.
Y es que la ofensiva reaccionaria desatada tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña y el espaldarazo del rey Felipe VI con el discurso del "A por ellos" dos días después del 1-O supone no solo un grave atentado contra la dirección independentista, sino que pone en la picota las libertades democráticas del pueblo catalán, golpeando con dureza, además, contra la izquierda independentista con el fin de acabar con el movimiento independentista a golpe de represión por parte del Régimen del 78.
A dos años de la celebración del referendum, veamos a continuación un repaso de esta ofensiva contra el pueblo catalán en su conjunto a golpe de 155, poder judicial y fuerzas de seguridad desde los días previos al 1-O hasta la actualidad.
2 años del #Referéndum1O 10.000 urnas, millones de papeletas, 2.315 centros de votación, 14.000 agentes de policía y guardia civil reprimieron brutalmente, pero la mayoría del pueblo catalán expresó su voluntad.#LlibertatDetinguts23S#LlibertatPresosPolitics#NiOblitNiPerdo pic.twitter.com/T2vY4EA6H1
— IzquierdaDiario.es (@iDiarioES) September 30, 2019
La represión del 1-O en cifras: 87 millones, 6.000 agentes, 12.000 medallas y 1.066 heridos
El 1-O de 2017 millones de catalanes consiguieron votar en muchos colegios a pesar de la represión estatal y el cierre de 450 centros de votación por parte de los Mossos d’Esquadra. Las escenas de la brutal intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra ciudadanos indefensos, ancianos, mujeres y niños, defendiendo los colegios electorales, recorrieron las portadas de los diarios y las redes sociales de todo el mundo.
Las imágenes de la represión del 1-O que al Supremo le hubiera gustado que no vieras nunca
Más de mil heridos de diferente consideración en más de 50 cargas policiales repartidas por toda Cataluña, tan solo en la ciudad de Barcelona la cifra ascendió a más de 340 y en Girona fueron 229. Dos días después, el 3 de octubre, Felipe VI daba el espaldarazo definitivo a la represión con el discurso del “A por ellos” insertar. Se abría así el curso reaccionario contra el pueblo de Cataluña.
Pero el 3 de octubre también arrancó una jornada histórica de movilización, esta vez con sectores de la clase trabajadora: la huelga general en Cataluña. Sin embargo, con la iniciativa del Gobierno catalán de la Generalidad por transformarla en una aturada de país, con un paro patronal, conseguía bloquear procesos de asambleas y autoorganización embrionarios que se dieron en muchos centros de trabajo el mismo día 2. Durante la misma jornada del 3, desde la ANC y Òmnium se trabajó intensamente para que no se desbordara la calle y que el discurso del Rey se pronunciara con las calles vacías.
El 27 de octubre, el Parlamento de Cataluña declaraba la República catalana. 24 horas antes Puigdemont había considerado nuevamente dar marcha atrás y convocar elecciones al Parlament. Sin embargo, miles de estudiantes en huelga y los diferentes CDR repartidos por toda Catalunya presionaban para seguir adelante con la declaración.
El “otoño catalán”, ¿qué salió mal?
Al mismo tiempo que se declara la independencia, el Senado aprueba la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, con la disolución del Gobierno de la Generalidad y el ingreso en prisión de la mitad de sus miembros, así como la disolución del Parlament y la convocatoria a elecciones autonómicas para el 21 de diciembre de 2017.
A partir de aquí, son innumerables las causas abiertas en todos los ámbitos de la sociedad catalana y contra jóvenes y activistas de la izquierda independentista o los Comités de Defensa de la República (CDR) por acciones como los cortes de carretera durante la huelga del 8N en 2017 o la apertura de los peajes en las protestas por la detención de Carles Puigdemont en abril de 2018.
La detención de Tamara Carrasco y el exilio de Adrià Carrasco, así como las acusaciones de rebelión y terrorismo por estos hechos, se convirtieron en la punta del iceberg de la escalada represiva que viene sufriendo el movimiento independentista.
No obstante, la semana pasada se daba un paso más en toda esta escalada represiva y de criminalización al conocerse la detención de los nueve miembros de los CDR el pasado 23S y su puesta en prisión provisional sin fianza. Un proceso llevado a cabo desde la Audiencia Nacional y por parte de la Guardia Civil que ha incurrido en "una vulneración absoluta de los derechos a la defensa y practicando un aislamiento de las personas detenidas", tal y como han estado denunciando reiteradamente desde Alerta Solidària durante estos días.
[Retomemos la lucha por la autodeterminación con una política anticapitalista y de clase→https://www.izquierdadiario.es/Retomemos-la-lucha-por-la-autodeterminacion-con-una-politica-anticapitalista-y-de-clase]
¿Es que acaso planean medidas de excepción como la aplicación de la Ley de Partidos para ilegalizar formaciones, cerrar periódicos o encarcelar más militantes? Una historia ya conocida en el Estado español. Este no es solamente un golpe y un punto de inflexión para el movimiento democrático catalán. Lo es para toda forma de protesta o disidencia política.
Ante todo ello, se torna urgente el desarrollo de una movilización social independiente poniendo al servicio de ésta todas las posiciones institucionales de la izquierda independentista y avanzar en constituir un polo que agrupe a todos los sectores que quieren combatir por el derecho a decidir, pero también contra la precariedad, los despidos, el problema de la vivienda o la lucha por los servicios públicos.
