A dos meses de pasar al SLEP (Servicio Local de Educación Pública) de El Pino; la precariedad de la infraestructura en los establecimientos de la comuna de El Bosque es un problema naturalizado. Estudiantes y trabajadores enfrentan problemas de conectividad, goteras, salas sin ventanas, pisos deteriorados, mobiliario en mal estado, la presencia de ratones, sistemas eléctricos defectuosos, mala higiene, entre otros. Estos hechos sugieren un abandono por parte de la Municipalidad administrada por el actual alcalde Manuel Zúñiga (PS) y la Dirección de Educación Municipal. Situación que se repite tanto en la comuna de La Pintana y San Bernardo.
Sábado 26 de octubre
Los informes públicos sobre el destino del presupuesto que debería subsanar estas problemáticas, dejan mucho que desear, siendo imprecisos y poco claros. Según los datos proporcionados por la Municipalidad del Bosque mediante Ley de Transparencia; Entre 2019 y 2022, la comuna recibía un promedio de 22mil millones de pesos anuales para la gestión de 32 liceos, escuelas y jardines infantiles. Estos montos, además de ser insuficientes, muestran una disparidad de gastos en infraestructura entre sus establecimientos que es alarmante, y aún más alarmante cuando se mira el estado actual de los establecimientos.
Por ejemplo, para el Liceo Christa Mc Aullife se reporta un gasto de más de 737 millones de pesos en cuatro años, por concepto de infraestructura, mientras que para el Liceo Juan Gómez Millas, ubicado al lado, el presupuesto de egreso refleja 105 millones de pesos el 2019, pero no se registra inversión alguna en los tres años siguientes.
Otros liceos, como el Felipe Herrera, Matías Cousiño y Aviadores, ni siquiera aparecen en los informes, evidenciando una preocupante omisión en la inversión, pues son liceos que en 2024, tuvieron serios problemas durante las lluvias como se puede apreciar en el siguiente video:
Los antecedentes en otros lugares del país no son alentadores. Ejemplos como el caso de Tierra Amarilla, donde varios alcaldes fueron imputados por malversación de fondos destinados a la educación, muestran una realidad que se repite en varios sectores del país. En muchas ocasiones, estos delitos incluyen contratos irregulares y falta de transparencia en la ejecución de proyectos, lo que termina afectando la infraestructura, su mantención y los recursos disponibles para educación.
Crónicas de una muerte anunciada: SLEP El Pino
El Servicio Local de Educación Pública de El Pino (SLEP El Pino), administrará 114 unidades educativas provenientes de municipalidades de La Pintana, San Bernardo, Calera de Tango y El Bosque, con más de 32.000 estudiantes.
Actualmente, testimonios de docentes de estas comunas revelan que son llamados a hacer colectas entre trabajadores debido a la falta de recursos, con el fin de costear material de limpieza, insumos para sus clases, calefacción, pinturas u otro material. Además, que en varios liceos técnico profesionales estudiantes desertan de sus carreras por la incapacidad de pagar insumos para sus estudios.
Estas prácticas no solo reflejan la precariedad del sistema, sino también gestiones educativas que prefieren cuestionar la vocación de los trabajadores, en lugar de exigir un manejo transparente y eficiente de los fondos.
Ante el traspaso al SLEP, las municipalidades han apurado deliberadamente los procesos para un supuesto “traspaso eficiente,” en un claro intento de evadir la responsabilidad por su pésima gestión. Han dejado tras de sí un deterioro crítico de los establecimientos educacionales, profundizando aún más la crisis y abandonando a su suerte a toda la comunidad escolar.
Según un informe de auditoría de la Contraloría, se detectó una falta de supervisión adecuada por parte de la Subsecretaría de Educación en el proceso de traspaso de otros Servicios Locales de Educación. En donde los municipios no entregaron informes detallados ni inventarios valorizados, lo que ha dejado un vacío en la administración posterior y la asignación de recursos para los años siguientes.
En medio de esta incertidumbre, Pablo Araya, futuro director del SLEP El Pino, ha advertido sobre deficiencias significativas en el traspaso, que podrían afectar el pago de los docentes los primeros meses del año 2025 o la adquisición de insumos para la mantención de los establecimientos el primer semestre.
Antes del traspaso a los SLEP, las comunidades deben exigir auditorías participativas que evalúen los detalles de presupuestos educativos emitidos por las municipalidades; considerando detalles de inversión, deudas e irregularidades. Pero las auditorías deben avanzar a estar bajo el control de las comunidades; estudiantes, apoderados y trabajadores de la educación, proporcionando una mejor fiscalización y transparencia del proceso. Informes que deben ser publicados de manera accesible para todos los miembros de la comunidad. La información detallada sobre cómo se utilizarán los recursos en el futuro también debe ser pública y clara.
Si no se toman medidas urgentes, el sistema educativo de la zona sur de Santiago seguirá siendo víctima de la ineficiencia burocrática y la corrupción.
Avanzar hacia la transversalidad: el poder de la participación triestamental
Para enfrentar las deficiencias en la infraestructura y mala gestión educativa, es fundamental democratizar no solo el gasto público, si no también la toma de decisiones en las comunidades educativas, involucrando así a estudiantes, apoderados y trabajadores de la educación. Distribuyendo el poder de decisión en estos 3 estamentos.
Un cambio en la estructura del modelo de financiamiento y gestión de la educación pública, es urgente para acabar con el desastre heredado por un modelo incapaz de responder a las necesidades educativas, del país. Es necesario dejar atrás el autoritarismo en las gestiones y avanzar hacia una colectivización de la toma de decisiones, ajustándolas a las necesidades reales de cada comunidad educativa.
