Es en la localidad de Abra Pampa, donde funcionó una planta fundidora de plomo que cuando cerró hace más de 30 años dejó atrás 60.000 toneladas de escombros contaminantes afectando a más del 80 % de los niños . Sus habitantes siguen reclamando justicia. ¿Quién sigue garantizando los proyectos para la explotación minera?
Martes 24 de agosto de 2021 09:10
Allá por 1950 se asentaba en el pequeño poblado de Abra Pampa una Gran Empresa de Fundición, Metal Huasi, llegó por autorización y legitimación del gobierno de turno. Dicha fundidora recibía minerales de las empresas Mina Pirquitas, Pan de azúcar, el Aguilar, y de minas de Bolivia. Su trabajo consistía en el procesamiento de plomo, muy cerca del Barrio 12 de Octubre, proveniente de la Mina El Aguilar.
Las escorias generadas eran colocadas y apiladas a cielo abierto, por la que las diferentes condiciones climáticas fueron determinantes en el grado de contaminación provocado por los mismos, tanto en el ambiente como en las personas. Esos desechos de plomo se abandonaron por más de 30 años, dejándolos en el centro del pueblo al aire libre, sujetos a la constante erosión de un clima extremo.
Crecer con sangre en plomo
El plomo ingresa al organismo ya sea por inhalación o ingesta. Las infancias lo absorben hasta cinco veces más que los adultos. El cuerpo confunde el plomo con calcio ya que molecularmente son parecidos. Una vez absorbido, casi no existe forma de retirarlo del cuerpo. Tener carencias nutricionales y el estómago vacío favorece, en gran medida, la absorción. Estar en situación de pobreza los hace ser más vulnerables.
Ser un niño pobre en un ambiente contaminado es prácticamente una condena de por vida como vienen reclamando los habitantes de Abra Pampa.
Con el fin de medir la exposición a estos residuos peligrosos, se realizó una investigación conducido por el Grupo de Investigación de Química Aplicada (INQA) dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy hecho público en el año 2007, que el 81% de los niños y niñas de Abra Pampa cuyas edades oscilaban entre 5 y 12 años presentaban valores de plomo en sangre por arriba de cinco microgramos por decilitro, tal como se cuenta en el Environmental Justice Atlas
Las infancias y adolescencias incluidos en la muestra habían estado expuestos, por el aire y el suelo, al plomo durante cinco años por lo menos porque vivían alrededor de la montaña de residuos. Fueron evaluados clínicamente. Para determinar el estado nutricional se midió el peso y talla y se calculó el índice de masa corporal total. Se realizó el análisis de plombemia mediante la técnica de Espectrofotometría de Absorción Atómica-atomización electrotérmica. La prevalencia de intoxicación (Pb> 10 µg / dL) fue de 28%. El 81% de los niños estudiados tenían niveles de plomo en sangre superiores a 5 µg / dL, lo que se considera un riesgo en el desarrollo neuromadurativo.
Los responsables
En 1986, Metal Huasi cierra sus puertas. La fundidora se cerró porque algunos obreros estaban contaminados, según testimonia un ex trabajador. Otros testimonios nos hablan de que en ese tiempo las mineras pagaban sus regalías con materia prima (plomo, zinc, y otros) al Estado provincial. Este las vendía a las fundidoras Metal Huasi, y otras fundidoras ubicadas en Palpala.
En 1986 las empresas cambian su modalidad de pagar al Estado provincial, ya no con materia prima sino con dinero, a la vez produciendo su crisis como del sector minero en esa época, y posterior cierre dejando una gran montaña de escorias en el centro del pueblo, que sería, no el fin de la contaminación, sino el inicio de uno más dañino para los pobladores.
En 1995, el Gobierno regional tuvo la ocurrencia de hacer uso de parte de los escombros para obras de bacheos y rellenos. El barrio 12 de Octubre y el asentamiento Esperanza fueron construidos encima de escombros esparcidos por el mismo municipio como relleno.
En el 2001, se dio inicio el expediente caratulado "Remoción residuos ex Fundidora Metal Huasi en Abra Pampa". Fueron removidos el suelo afectado y se trasladó todo lo contaminante a cavas de seguridad ubicadas en el predio de la empresa minera El Aguilar, recomponiendo la zona con nuevo suelo y otros procesos asociados.
En el 2007, un año después, de la investigación del Instituto de investigación de Química Aplicada (INQA) el cual arrojó que un 81% de las infancias y adolescencias tenía niveles de plomo en sangre por encima de cualquier límite tolerable. El Estado Nacional solicitó un préstamo al BID para la remediación ambiental y creación de oportunidades en Abra Pampa.
El préstamo fue de 35,7 millones de euros y el Estado argentino se comprometió a sumar otros 8,9 millones para completar un total de 44,6 millones de euros. Con eso crearon el programa “Remediación ambiental”. El manejo de estos fondos quedó en manos de la Secretaría de Minería de la Nación bajo un programa denominado GEAMIN .
Dos obras fueron construidas como parte de la supuesta “Remediación ambiental”, que cayó en manos del Gobierno Fellnerista del PJ, y en Abra Pampa con la misma línea política con la intendencia de Ariel Machaca, en los resultados se evidencia el gran desinterés por subsanar el daño causado a la población, construyendo un “anfiteatro” a cielo abierto —sin considerar el clima extremo de la Puna de sol, viento y frío—, donde la planta fundidora estaba ubicada, y un polideportivo con una cancha de fútbol de césped sintético.
En el 2017 el programa de “Remediación ambiental” fue cerrado. Para las autoridades lo realizado había sido suficiente y dieron el asunto por cerrado. Aunque los historiales médicos de los afectados con plomo en la sangre digan que tienen alta médica, cuando deberían estar bajo un tratamiento que dura al menos una década según los protocolos establecidos para este tipo de envenenamiento, tratamientos que en la localidad nadie nunca recibió.
El Estado remata la provincia para proyectos de explotación minera
Las leyes y la regulación por parte de los gobiernos son papel mojado. Durante todo este tiempo se privilegió la enorme cantidad de tierras destinadas a la explotación minera por sobre la salud y la vida de las infancias y la comunidad. El Estado provincial a través de la publicación de informes ambientales, aprobó la realización de proyectos de exploración y explotación de minerales sin la debida consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas que allí residen. Donde el Estado opera como un representante de las compañías mineras vulnerando derechos de manera sistemática y contaminando sus territorios.
En el 2014 el pueblo organizado consiguió la prohibición de la mega minería a cielo abierto en el ejido municipal de Huacalera. Hasta que en 2014, las comunidades descubren de un día para el otro, que desde Huacalera hacia la zona de Mudana y los valles de Alonso y Yala de Monte Carmelo, se estaba abriendo un camino para el extractivismo minero, donde existen dos proyectos para sacar uranio. Resulta que es una ruta provincial que se abrió sin un expediente, con máquinas volteando todo lo que estaba a su alcance.
Este camino atraviesa varias comunidades indígenas; no hubo consulta previa libre e informada como lo establece el Convenio 169 de la OIT, al que Argentina adhirió en su momento y que tiene rango constitucional. Destruyeron cardones, churquis, que son especies protegidas por ley en la provincia y que no se pueden tocar. ¿El responsable? El Estado provincial es quien viola las leyes sistemáticamente para favorecer a las empresas mineras.
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¿Quién va a defender las necesidades y la tierra de estas comunidades?
La comunidad de Abra Pampa sigue reclamando justicia y la realidad es que lo que pasó con la contaminación de este territorio no es un caso aislado, se repite en varios lugares de la provincia con la minería a cielo abierto en Chinchillas, los residuos de Mina Pirquitas, Pan de Azúcar y la afectación de la cuenca de Pozuelos, los drenajes ácidos de Mina El Aguilar contaminando la cuenca del Río Yacoraite con la que se riega los alimentos de la Quebrada de Humahuaca. Incluso sabemos que el gobierno nacional decide pagar la deuda externa impulsando una agenda extractivista, como señalamos en esta nota. Eso significa que la decisión política es el saqueo financiero por medio de una deuda externa que nuestro pueblo no contrajo junto con el saqueo extractivista que va a explotar y contaminar más a nuestra comunidad.
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Desde el FIT-U y las bancas en el Congreso, la legislatura y concejos deliberantes venimos acompañando y solidarizándose con las luchas y organización de los pueblos originarios, vecinos y ambientalistas de la provincia y del país. Junto con Nicolás del Caño presentamos en el año 2020 un proyecto de Ley contra la Minería contaminante que ponemos a disposición para fortalecer esta pelea.
Porque el derecho de las infancias de estos pueblos, también es el de contar con un ambiente sano. ¿Vale más sus vidas o la necesidad de dólares para pagar una deuda ilegítima e ilegal a costa del saqueo y contaminación?