Los acompañantes terapéuticos de la provincia de Buenos Aires vienen peleando por una ley que regule su profesión y sus condiciones laborales. De no tratarse el proyecto de ley perderá estado parlamentario.
Lunes 10 de junio de 2019 08:50
En el marco de la crisis económica que golpea fuerte en el pueblo trabajador y los sectores más empobrecidos, producto de las políticas rapaces del FMI, Macri y los gobernadores; la situación de las y los acompañantes terapéuticos no escapa a la compleja realidad. Deudas de las obras sociales con el consecuente corte en los tratamientos de las personas a las que acompañan, inestabilidad y precarización laboral, en un contexto de falta de una reglamentación que regule y reconozca su práctica laboral como tal en los ámbitos donde se desarrolla.
Juan Pablo Banfi y Marisol Salvador son integrantes de la Coordinadora Provincial de Acompañantes Terapéuticos (Copat) y vienen batallando desde hace años para que el y la AT, como se los conoce, tengan el reconocimiento profesional y laboral. En diálogo con La Izquierda Diario nos cuentan sobre la lucha que llevan a cabo para la sanción del proyecto de ley, regulación y reconocimiento del acompañamiento terapéutico en la provincia de Buenos Aires.
El primer proyecto de ley para la regulación de la práctica de las y los AT fue presentado en 2016, siendo aprobado por unanimidad en el Senado bonaerense, pero debido a demoras políticas en su tratamiento en la Comisión de Salud de Diputados pierde estado parlamentario en marzo de 2018.
“En abril del año pasado tomamos la tarea de presentar otro proyecto más desarrollado y consensuado a lo largo de la provincia, donde se amplía más el espectro de los derechos y la perspectiva de trabajador. Y la cuestión laboral no solo circunscripta a las obras sociales, sino en las distintas instituciones del espacio público”, afirma Juan Pablo Banfi.
El proyecto fue presentado a todos los bloques parlamentarios. El oficialismo fue el encargado de unificar los presentados por la diputada Florencia Saintout (Unidad Ciudadana), el diputado Guillermo Kane (FIT) y la diputada Liliana Denot (Frente Cambiemos). La normativa, que se encuentra en debate, jerarquiza la profesión y sus incumbencias laborales, crea un registro de acompañantes terapéuticos a nivel provincial y contempla espacios de formación, docencia e investigación.
“Es un reconocimiento formal de la profesión, por la defensa de los acompañantes y de quienes acompañan. ¿Y por qué es importante? La mayoría de los proyectos y leyes argentinas toman la Ley 17.132 que es el arte de curar, una ley muy vieja. Nosotros no queremos estar enmarcados en esa ley porque no somos auxiliares de la medicina ni de ninguna otra profesión”, nos dice Marisol Salvador.
Como marco regulatorio, hoy cuentan con una resolución conjunta de los Ministerios de Salud y Educación para la provincia de Buenos Aires, que establece un diseño curricular único (Resolución 1014/14). Posteriormente se aprobó la Tecnicatura Superior Acompañamiento Terapéutico (Resolución 1221/15), pero no regulariza la profesión como tal.
El proyecto elaborado pretende lograr el marco legal necesario, que sea representativo de todos los acompañantes y que genere derechos para afrontar la precarización laboral que sufren tanto en el ámbito público como el privado, incorporando a aquellos AT que vienen desempeñándose antes de las resoluciones vigentes. Este es uno de los ejes más importantes de las organizaciones que vienen luchando por los derechos laborales de los acompañantes como profesionales y trabajadores, como Copat.
Como plantean los entrevistados “no hay una normativa, un registro de AT, no hay nomencladores, por lo que las instituciones donde trabajamos, como IOMA, tienen la potestad de decir cuánto un trabajador puede ganar. Sumado a que somos monotributistas, hay una relación de trabajo totalmente desvirtuada, desigual y de mucha incertidumbre”
Incluso desde la formación hay un gran peso del sector privado para que la ley no llegue a destino y tome peso la formación pública. Hoy lel espacio de formación pública depende del área de Educación, a través de los centros de espacio de formación profesional o docente, tanto a nivel municipal como provincial. Algunas universidades nacionales en la provincia están contemplando la apertura de la tecnicatura, lo que da cuenta de otro registro que se va construyendo de la profesión.
Al existir este vacío normativo, incluso desde la disputa en la formación entre lo privado y lo público, hay un manoseo de la identidad laboral. Para las obras sociales, principalmente IOMA, los AT son efectores de salud pero al mismo tiempo proveedores de servicios, lo que genera una gran precarización laboral. “Al no estar nomenclada nuestra práctica, instituciones para adentro hacen lo que quieren”, concluye Banfi.
“En el hospital de Romero se da una situación particular. Somos 22 compañeros y compañeras que entramos al Estado como planta permanente. Pero no fue por una demanda propia del hospital, ya que el hospital está judicializado y tiene que cumplir ciertos requisitos de la Ley de Salud Mental. Fue una lucha del colectivo de las y los AT que, ante la soledad por este vacío del que venimos hablando, nos organizamos y logramos este reclamo, pero estamos dentro de Ley 10.430 figurando como asistentes geriátricos, nada que ver con nuestro rol y nuestra función”, agregan los entrevistados.
Salirse de la obra social, abrir otros espacios de pertenencia laboral y también en la diversidad de prácticas, es parte de la misma pelea. El ejercicio profesional se fue desarrollando en diversas áreas: salud (con competencia específica en salud mental), desarrollo social, derechos humanos, justicia, tanto a nivel público como privado. “Sin correrse de la cuestión terapéutica se abre el campo laboral, partiendo siempre desde una perspectiva de salud y derechos humanos”, sostiene Salvador.
En este sentido ambos AT plantean la necesidad de "reveer la idea del acompañante como el amigo calificado. Pasamos por un proceso donde tomamos en cuenta lo vincular, desde un paradigma socio comunitario, histórico. Es una cuestión ético política el garantizar el acceso a la salud, dándole lugar, voz y posibilidad a la persona que acompañamos. No es una historia clínica ni una patología, es un sujeto de derechos. Y nosotros no somos un dispositivo, una herramienta de otras profesiones”
El proyecto pasó por dos comisiones (Salud y Colegios, Federaciones y Asociaciones). Ahora se encuentra en la comisión de Legislación general , debe pasar por la comisión Constitucional para su media sanción. Por ser un año electoral, quedan pocas sesiones. “Estamos en tiempo de descuento. Largamos una campaña por todas las redes y recorrimos varios municipios del interior buscando el apoyo para el tratado de la ley y que no vuelva a perder estado parlamentario”.
Los días martes 11 y jueves 13 las y los AT realizarán una jornada de visibilización en el edificio anexo de la Cámara de Diputados bonaerense para lograr la media sanción efectiva de la ley.
