Duras condenas. “Resiliencia San Fernando”: cuatro mercenarios de la salud mental se quedaron sin banca del Estado

Este viernes el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de San Isidro dictó sentencia en el juicio contra seis personas acusadas de haber hecho todo para llevar a la muerte, en febrero de 2022, a Rodrigo Moreno (25), José Castaño (22), Nicolás Ortiz (24) y Nicolás Bisbal (37), quienes se encontraban “internados” en la llamada Resiliencia San Fernando del barrio La Lonja de Pilar, en norte del Gran Buenos Aires.

Los pormenores de aquel hecho atroz, del que las grandes empresas periodísticas informaron a cuentagotas, fueron relatados en diferentes artículos de La Izquierda Diario que podés leer acá, acá y acá. La trama de responsabilidades y complicidades excede a los seis acusados en el juicio que acaba de terminar. Involucra también a funcionarios locales y provinciales que miraron para otro lado. No sólo esas muertes eran evitables. También eran previsibles. Y pudieron ser muchas más.

El juicio había comenzado el 21 de octubre. En diversas audiencias les jueces Marcela López Ramos, Pablo Rolón y Silvestre Díaz escucharon a sobrevivientes, testigos y peritos. Además analizaron pericias y documentos. Finalmente, en un fallo de 323 páginas (al que accedió este diario), por unanimidad el TOC 5 condenó a cuatro de los imputados y absolvió a los dos restantes.

Alan Emmanuel Cambra Sarife (39), dueño y director de Resiliencia San Fernando, recibió una pena de 35 años de prisión, por ser coautor de los delitos de “incendio doloso seguido de muerte cometido con dolo eventual y mediante omisión impropia”, “reducción a servidumbre”, “asociación ilícita”, “estafas reiteradas” y “homicidio culposo”.

Eliana Martín Wawrick (35), también dueña del lugar, fue condenada a 25 años de cárcel por ser coautora de los mismos delitos. Al igual que la administradora de la “granja terapéutica” Gisela Machado (44), condenada a 20 años. En tanto que a Alejandro Merenzon (68), “director de admisión” al momento de los hechos, le dieron 18 años por “asociación ilícita”, “estafas reiteradas” y “tenencia de arma de fuego de uso civil”.

Quienes zafaron de una condena fueron el psiquiatra Andrés Samsolo y la psicóloga Alejandra General, originalmente acusados de lo mismo que los otros cuatro. Para el Tribunal, materialmente “no se pudo comprobar” su culpabilidad y fueron absueltos, aunque a la vez ordenaron a los respectivos colegios profesionales que analicen sus actuaciones en el caso y, eventualmente, apliquen sanciones.

Tortura y muerte

En el juicio quedó plenamente acreditado que, al momento de morir, Moreno, Castaño, Ortiz y Bisbal estaban encerrados, bajo los efectos de sobremedicación (sin capacidad de reacción) y venían sufriendo diversas torturas (al igual que otras 22 personas también alojadas en el lugar).

Todo en el marco de que Resiliencia San Fernando no tenía habilitación oficial para funcionar, pero llevaba años publicitándose como un centro de “tratamiento de adicciones” y hasta recibía pacientes judicializados (o sea, con orden expresa de jueces). De hecho el “director de admisión” Merenzon era conocido en la Zona Norte del GBA por regentear varios de esos centros clandestinos de “rehabilitación”.

Del debate oral y público formó parte la fiscal Carolina Carballido. Como parte de las querellas intervinieron la Comisión Provincial por la Memoria (CPM, en calidad de mecanismo local de prevención de la tortura) y la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA, patrocinantes de tres de las familias afectadas).

En el extenso fallo condenatorio, les jueces López Ramos, Rolón y Díaz afirman que los condenados se asociaron para hacer funcionar una supuesta “comunidad terapéutica” y “sin fines de lucro”. Pero las personas que allí alojadas estaban “sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad, salubridad, en condiciones de hacinamiento y sin la alimentación requerida y adecuada”. Todo lo contrario a una terapia de rehabilitación. “Se hallaban en situación de extrema vulnerabilidad por sus condiciones físicas y psíquicas”, sentenciaron.

La conclusión es que en aquella “granja” se cometieron “graves violaciones de derechos humanos”, donde el fatal incendio del 22 de febrero de 2022 fue el acto cúlmine de una macabra obra de terror. Los cuatro internos no pudieron escapar de la muerte, no sólo por su estado de salud sino porque el habitáculo en el que se encontraban estaba enrejado y con llave.

Para el Tribunal, los dueños y administradores del lugar sabían perfectamente “las posibles consecuencias de su accionar, resultándoles indiferente cualquier ocasional víctima”. No sólo no había matafuegos, colchones ignífugos ni un “plan de contingencia”. Tampoco había “personal terapéutico idóneo, médicos y enfermeros encargados para suministrar la medicación a los pacientes, accesos y salidas de emergencias del establecimiento, iluminación de emergencia, historias clínicas llevadas en forma y reservadas en el lugar”.

¿Y los funcionarios?

Resiliencia San Fernando tenía dos sedes en Pilar. Una en la calle Los Chañares 3997 (donde se produjeron las muertes) y otra en Paunero 2880. Entre ambas alojaban a medio centenar de pacientes. Cuando se produjo el incendio en la Los Chañares, los sobrevivientes fueron trasladados a la de Paunero. Las autoridades municipales, que responden al intendente peronista Federico Achával, dijeron que recién ese día “tomaron conocimiento” de la existencia de esos lugares.

Otro tanto manifestaron desde el área del Ministerio de Salud bonaerense encargada de controlar y regular las instituciones privadas que atiende a personas con problemas de salud física y mental. Los funcionarios de Axel Kicillof confirmaron que la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia en el Ámbito de la Salud recién actuó cuando el Municipio les avisó de las cuatro muertes.

La trama de responsabilidades también alcanza a esos funcionarios. Si dentro de Resiliencia San Fernando Cambra Sarife, Merenzon y sus secuaces podían hacer lo que querían, es porque desde afuera muchos miraban para otro lado. Ni hablar de la propia Policía Bonaerense, que patrulla cada rincón de la provincia y conoce hasta el último lugar en el que se teje algún negocio clandestino. Pero el Poder Judicial no parece estar muy interesado en investigar y juzgar esa cadena de responsabilidades políticas e institucionales.

Las familias de los cuatro fallecidos lograron fuertes condenas para los principales responsables de la “granja”. Un alivio para esas vidas permanentemente castigadas. Pero más allá de los años que pasarán los condenados sin poder lucrar con la salud y la muerte ajenas, el juicio desnudó algo más profundo: el fenomenal negocio que representan esos espacios, aún los “legales” y “prestigiosos”, donde cada “paciente” tiene, ante todo, un valor monetario.

La clandestinidad de Resiliencia San Fernando expresó, en última instancia, la perversa búsqueda de un puñado de mercenarios de obtener más ganancias a cualquier costo. Y como pasa con el narcotráfico, la trata y otros crímenes organizados, ahí también el Estado hace su aporte a través de las más diversas áreas. Un partícipe necesario, tanto por acción (policías, jueces, fiscales, etc.) como por omisión (dependencias abocadas a la prevención y control).