ENDEUDAMIENTO DE EMPRESAS. Acuerdo con buitres: las claves del canje de deuda de YPF

Luego de varias semanas de negociaciones, la mayor empresa productora de gas y petróleo del país, confirmó este lunes el acuerdo para lograr el canje de la deuda de YPF por un total de U$S 6.600 millones.

No fue magia, el Grupo Ad Hoc de tenedores de deuda de YPF, en el que están incluidos Blackrock, Fidelity y Ashmore entre otros (que posee el 45 % de tenencias del bono 2021), presentó el domingo por la noche una nueva propuesta para entrar al canje. De esta manera se patean los vencimientos del 23 de marzo por U$S 412,6 millones.

El directorio de YPF aceptó esta mejora, la cuarta desde su oferta inicial, que incluye un pago en efectivo, un aumento en el interés de los bonos de 8,5 % a 9 % y el abandono a la propuesta inicial de dejar dos años sin pago de intereses.

"La compañía alienta a todos los tenedores a considerar cuidadosamente los términos del canje de deuda y a participar de las transacciones teniendo en mira la contribución a la preservación de sus inversiones", expresó la petrolera días atrás a los tenedores de bonos.

Oficialmente las negociaciones para reestructurar la deuda de YPF comenzaron a principios de enero, el día 7.

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En la primera etapa de aceptación la compañía había registrado una adhesión del 13 % de los tenedores, luego sumó a los representados del grupo Dechert con una tenencia estimada en el 25 % de las Obligaciones Negociables emitidas por la compañía y consideradas para el canje. Pero la aceptación de los fondos con posturas mas “duras” llegó este lunes, producto de las concesiones otorgadas por la compañía.

En particular, la atención estaba puesta en el bono corto que vence el 23 de marzo por U$S 412 millones -remanente de los U$S 1.000 millones que buscó renegociar el año pasado la petrolera-, ya que la normativa vigente del Banco Central solo le permitiría acceder a un 40 % de ese compromiso.

Este lunes y con la aceptación de los buitres , YPF anunció que extenderá el plazo de la oferta de canje hasta este miércoles 10 para posibilitar que ingresen al mismo el resto de los bonistas. Hasta el momento la adhesión es del 85 %, pero necesita llegar al 96 % para cumplir con las condiciones de la normativa del Banco Central.

A través de un comunicado de PR Nweswire, la empresa sostuvo: “YPF ha continuado participando a lo largo de este proceso en discusiones de buena fe con los tenedores (de los bonos elegibles) buscando ajustar los términos de sus ofertas de canje tomando en consideración las regulaciones aplicables”.

La nueva oferta para los tenedores del bono que vence en marzo y que acepten de forma temprana la propuesta propone que reciban por cada 1.000 dólares, 699 dólares en un nuevo bono con vencimiento en 2026 y 408 dólares de pago en efectivo, según el comunicado. Para quienes entren más tarde, la oferta será de 824 dólares en el bono 2026 por cada 1.000 dólares del bono 2021 y 283 dólares en efectivo.

En caso de no poder alcanzar una reestructuración del 60 % de esa Obligación Negociable, la petrolera debería recurrir a una nueva emisión en dólares, a préstamos de bancos locales o internacionales. El alto endeudamiento de empresas privadas en dólares, acelerado en los últimos años, presionan sobre el tipo de cambio a pesar de las limitaciones impuestas por el BCRA, en un contexto de faltante de dólares.

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Los "mercados" financieros reflejaron su entusiasmo ante el inminente cierre del acuerdo, con un salto de más de 7 % en el valor de las acciones de la petrolera YPF en las plazas bursátiles de Buenos Aires y Nueva York en la jornada de este lunes. Contagiaron así a la cotización del resto de los activos argentinos.

El papel de la petrolera se había desplomado un 20 % en dólares en enero, la semana pasada recuperó un 15 %, y continuó ahora al alza, reduciendo a sólo un 5 % la baja que experimenta desde el inicio del 2021.

Otra salida es posible para YPF

Es importante señalar que el clima festivo en los “mercados” expresa quiénes son los sectores ganadores. Si el canje no se lograba, la opción para YPF era seguir aumentando el endeudamiento, es decir, más deuda para pagar deuda. No obstante, tampoco está garantizado que no vuelva a aparecer el problema, toda vez que continúa la deuda con los fondos de inversión ahora con un nuevo canje y no se pueden descartar nuevas deudas para alimentar el fracking.

La apuesta del arco empresarial es al desarrollo del petróleo no convencional y contaminante en Vaca Muerta, subsidiado por inversiones del Estado por medio de YPF, para el cual necesitará más dólares.

Sin embargo, es necesario cuestionar esta lógica de especulación, deuda y saqueo de recursos basado en un sistema energético dominado por las privatizadas. Otra salida es posible: es necesario para poner a YPF al servicio de las grandes mayorías con un plan de nacionalización bajo control de los trabajadores.

Los servicios públicos son un derecho esencial para el pueblo trabajador. Su provisión hay que desacoplarla de la lógica de la ganancia empresaria.

El entramado energético del país actualmente se encuentra en un verdadero desmembramiento que carece de racionalidad y que deriva en el aval permanente del Gobierno a los tarifazos de gas y de luz sobre los consumidores.

Argentina fue uno de los primeros países del mundo en conquistar una industria hidrocarburífiera integrada. Gas del Estado llegó a ser la tercera compañía en su rubro en el mundo.

Pero las empresas públicas gestionadas por el Estado capitalista fueron vaciadas por la “patria contratista”. Con la privatización menemista se desmembró la producción energética nacional que integraba extracción, producción, transporte y distribución. Política que nunca fue revertida.

La nacionalización parcial de las acciones de YPF por el Gobierno de Cristina Kirchner fue una respuesta de contragolpe para contener el desfalco de Repsol, que abrió paso al pacto neocolonial con Chevrón para extraer hidrocarburos en Vaca Muerta. Al negocio del fracking contaminante se sumaron otras empresas como Techint.

Para establecer una planificación racional es necesaria la estatización del sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas: desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte hasta la distribución a los usuarios, iniciando a su vez una transición hacia otra matriz energética no dependiente de los combustibles fósiles.

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