Pensiones. Acuerdo con los sindicatos: un parche a la hucha de las pensiones que no descarta futuros recortes

El Gobierno logró un acuerdo el lunes con los sindicatos para subir las cotizaciones un 0,6% y tratar de hacer frente al fuerte incremento en pensiones que se espera con la llegada de los “baby boom” a la edad jubilatoria. Pero se ha abierto una brecha por derecha en el pacto social con consecuencias todavía inciertas, al no ser firmado por la patronal. Las cúpulas sindicales de CCOO y UGT siguen sosteniendo, sin embargo, su política pactista que abre el camino a los ataques sociales, pasivizando y debilitando las luchas, y aceptan la posibilidad de futuros recortes en pensiones si los recursos no alcanzan.

Los sindicatos, después de firmar junto con la patronal y el Gobierno el acuerdo de la reforma de las pensiones en julio pasado –que ya implicó algunos recortes y nuevas vías para impulsar la privatización de las pensiones–, lo hacen ahora en solitario, tras el plante de la CEOE, para sustituir el llamado factor de sostenibilidad de Rajoy por un mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), con el mismo objetivo perverso y engañoso de “asegurar la sostenibilidad” del sistema de pensiones.

Los sindicatos mayoritarios continúan, pues, con su política de firmar todos los acuerdos que les pone delante el Gobierno, o la propia patronal, y en vez de plantear mejoras a las pensiones, se avienen a parchear su financiación, dejando por el camino más derechos de las trabajadoras y trabajadores. De hecho, el acuerdo de la pensiones firmado en julio con la aquiescencia de CCOO y UGT se hizo con el objetivo fundamental de lograr el acercamiento de la edad efectiva de la jubilación hacia los máximos legales, lo que implicaba un claro recorte social al retrasar cuantitativamente la edad de jubilación media de la población trabajadora. Blindando así la reforma de Zapatero, firmada también por CCOO y UGT en 2011, que prolongó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y amplió el período de cómputo mínimo para su cálculo de 15 a 25 años, lo que supuso un importante recorte para las pensiones de la mayoría social.

En el acuerdo de las pensiones de julio, que fue el primero de los muchos que se esperan alcanzar para ir cumpliendo los compromisos con Bruselas, se implantó además lo que muy eufemísticamente se ha denominado “Fondo Público de Pensiones de Empleo” (FPPE). Esta es una vía de privatización de las pensiones a través del ahorro con aportaciones de los trabajadores generadas en fondos públicos, desde las propias empresas en las que trabajan, con parte de sus incrementos salariales, para que sean gestionados por agentes privados (bancos, fondos de inversión, etc.) y así complementar las pensiones. Estimulándolo con costes de gestión bastante menores que los planes de pensiones individuales y con mayores incentivos fiscales. Por lo tanto, una privatización incentivada desde la colaboración público-privada, destinada a complementar una pensión que será cada vez más exigua, según se destaca desde multitud de agentes económicos y sociales y del propio Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Con esta fórmula se extenderán a Pymes y a trabajadores de todos los ámbitos los planes de pensiones privados que hasta ahora quedaban fuera de los planes ordinarios existentes.

Como únicas contrapartidas frente a estos recortes, las cúpulas sindicales de CCOO y UGT obtuvieron como premio: la promesa de que las pensiones se indexarían al IPC, algo que puede quedar en entredicho por el MEI negociado ahora; la derogación del índice de sostenibilidad de Rajoy que implicaba un recorte del 30% de las pensiones futuras, al ir ligadas a la esperanza de vida supuestamente creciente, aunque el MEI también lleva recortes posibles de pensiones entre las uñas; y la retirada de la intención de extender el período del cálculo mínimo de las pensiones hasta los 35 años, algo que todavía no está, ni mucho menos desarticulado del todo, como no lo está la posibilidad de ampliar aún más allá de los 67 años la edad de jubilación legal.

Otra vuelta de tuerca a las pensiones para sostener su financiación: el MEI

Lo que se ha aprobado ahora es un mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) cuya implantación se iniciará en 2023 y que supondrá la subida de las cotizaciones un 0,6% durante diez años. La distribución de los costes de los incrementos previstos para generar el fondo MEI, que irá destinado exclusivamente a incrementar la “hucha de las pensiones”, será de un 0,5% para los empresarios y un 0,1% para las y los trabajadores. Una proporción algo más favorable de la inicialmente prevista, un 0,4% para empresas y un 0,2% para los trabajadores, una vez la patronal pegó el portazo de salida.

El MEI según las previsiones del ministro Escrivá nutrirá durante estos diez años el Fondo de Reserva de la Seguridad Social hasta alcanzar, según sus cálculos, los 50.000 millones de euros en 2032 con los que poder hacer frente al incremento de gastos derivado de la incorporación a la jubilación de las importantes cohortes de población que se generaron con el “baby boom” en el Estado español, entre mediados de los años 50 y los 70, con entre 44 y 70 años en la actualidad.

El supuesto cambio de paradigma que los sindicatos alegan para defender el MEI y haberlo firmado, frente al factor de sostenibilidad aprobado por Rajoy sin acuerdo sindical en 2013, se basa en que no se opta por una solución de recortes en gasto de pensiones, sino que se encaminará hacia la senda del incremento de la recaudación de las cotizaciones. Sin embargo, esto no es del todo cierto. En primer lugar, porque los recursos que se plantean obtener son según la mayoría de los expertos muy exiguos ante las necesidades financieras que se van a experimentar durante los próximos años en el sistema de pensiones público. A título de ejemplo, los agoreros de la Autoridad Fiscal (AIREF) han señalado que la tasa de población de más de 66 años, sobre la que trabajará y, por lo tanto, cubrirá las pensiones, se duplicará pasando del 26% actual al 53% en 2050, año que se estima será el de mayor tensión. Estos cálculos son absolutamente abstractos y no tienen en cuenta los niveles de productividad, es decir, la capacidad de producir más riqueza con menor volumen de trabajo, ni la posibilidad de que se incremente la población en edad de trabajar con población migrante. Es decir, ven una foto fija, sin movimientos de población y sin incremento de riqueza, algo que podría contribuir, perfectamente, a financiar las pensiones. Lo hacen para garantizar y blindar el sentido común establecido de la muy posible quiebra o debilitamiento del sistema público de pensiones a medio plazo, si no hay recortes profundos, para que así se fomente y fortalezca la privatización de las pensiones a costa del sistema público.

Lo que sí es cierto es que los recursos previstos que se van a lograr, 50.000 millones, a razón de un incremento durante 10 años de 9,89 euros mensuales para los empresarios y algo menos de 2 euros (1,97€) para las cotizaciones de los trabajadores con salarios medios, no llega siquiera a los 67.000 millones que se generaron durante el gobierno de Zapatero. Fondo del que, en la actualidad, tras dos crisis económicas sin precedentes apenas quedan 2.000 millones. No se ha señalado nada al respecto sobre si esas cuantías se incrementarán en función del IPC.

Pero la trampa de todo esto se esconde en que el acuerdo firmado establece la posibilidad de una desviación máxima de tan solo el 0,2% del PIB, unos 20.000 millones, a partir de la cual se comienzan a aplicar medidas de ajuste adicionales. Siendo que desde ese preciso momento se abre la posibilidad de utilizar los fondos generados para la financiación de las pensiones con un límite de disposición anual del 0,2% del PIB. Añadiendo que “en el supuesto de que la citada desviación sea superior a ese 0,2%, o que se hayan agotado los activos del Fondo de Reserva, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo una propuesta que, de forma equilibrada, bien se dirija a minorar el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB a través de medidas enmarcadas en las recomendaciones del Pacto de Toledo, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos, bien a ambas cosas, en los términos que se acuerden”.

Es decir, negro sobre blanco que, a partir de cierto volumen de gastos de las pensiones (algo que puede suceder por múltiples causas) puede desencadenarse una reducción directa y profunda de las pensiones para el conjunto de los trabajadores.

Esto por no hablar del hecho de que la contribución de la parte salarial con un 0,1% sobre las retribuciones será, un nuevo ataque a los ingresos salariales, mientras las empresas del IBEX 35 tienen beneficios de miles de millones. Hay que recordar que desde la devaluación salarial que se practicó a partir de la crisis de 2008, este todavía no se ha recuperado en absoluto. Actualmente hay una política contención salarial que contrasta sin embargo con una subida del IPC que ya se encuentra en el 5,4% –con subidas estratosféricas de la luz, el gas y los carburantes o los alimentos– lo que agrava la pérdida de poder adquisitivo. Mientras, los sindicatos firmaron convenios este año con subidas que oscilan solo entre el 1% el 1,5% en el mejor de los casos, es decir, auténticas miserias en relación a la subida de los precios de productos y servicios esenciales.

La CEOE rompe el pacto

Los empresarios se han desmarcado del acuerdo porque consideran que el coste que tienen que soportar con la subida de las cotizaciones, unos 10 € por cotización empresarial para la retribución media por trabajador, puede “perjudicar la creación de empleo y sus ganancias”.

La realidad es que se vienen beneficiando con miles de millones de las exoneraciones de los pagos de Seguridad Social por los ERTE, algo que ataca directamente el sistema de pensiones. Han aprovechado desde el comienzo de la pandemia de la exención del pago de los salarios de los trabajadores sujetos a los ERTE y muchos ya están utilizando créditos rebajados y avalados por el Estado. Por si fuera poco, están a la espera de beneficiarse con miles de millones de los Fondos europeos Next Generation.

Estas patronales son las mismas que se negaron a firmar un ridículo aumento del salario mínimo desde septiembre y sin carácter retroactivo que no llegaba ni al 1%. Es evidente que la corporación patronal está pasando a la ofensiva y pretende fijar posiciones para no perder pie y aprovechar aún más el tirón del crecimiento económico que se puede producir con los fondos europeos para aumentar sus beneficios, manteniendo la precariedad y los bajos salarios como eje central.

Hace falta un plan de movilizaciones contra los recortes y la privatización de las pensiones públicas

Frente a la firma de este acuerdo, hay que seguir el ejemplo de lo que está pasando en el sector del metal de Cádiz: han iniciado una huelga general indefinida contra el cierre de Airbus Puerto Real, los despidos y los ataques patronales a los salarios, la jornada laboral y los derechos laborales.

Ese es el camino: hay que exigir a las direcciones sindicales que rompan estos pactos con el gobierno, y en cambio desarrollar un plan de movilizaciones en las calles, debatido en base de asambleas democráticas, para imponer un verdadero plan de lucha en defensa de las pensiones. Hay que luchar por un fondo para las pensiones a costa de los beneficios de las grandes empresas del IBEX 35 y los bancos –que recibieron 60.000 millones de rescate que nunca devolvieron–, por unos salarios mínimos que permitan sostener el sistema de pensiones público. Contra el desempleo y la precariedad, exigir la derogación de las reformas laborales, así como las leyes de extranjería que condena a los migrantes como trabajadores de segunda. Solo por esta vía, unificando en primer lugar las plataformas de pensionistas y sindicatos que estén dispuestos a luchar, podremos luchar contra los recortes que se vienen y por un sistema de pensiones público, digno y de calidad.