El pacto de legislatura incluye la promesa de reducción de la jornada laboral, además de medidas sobre política fiscal, alquileres, transporte o cuidados. Sin embargo, la letra chica indica que no son más que “buenas intenciones”, sujetas al acuerdo de la CEOE. Y, sobre todo, que todo el acuerdo depende del voto de Junts y el PNV, dos partidos profundamente propatronales. Así que, hablando en plata, el acuerdo es puro humo.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Martes 24 de octubre de 2023
A primera hora de este martes, PSOE y Sumar han hecho público su pacto de investidura, a la espera de cerrar acuerdos con las demás fuerzas parlamentarias aliadas e imprescindibles para obtener una mayoría que permita una reedición del Gobierno. Pedro Sánchez (PSOE) y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), han presentado en el Museo Reina Sofía el contenido del acuerdo tras el Consejo de Ministros.
Entre las medidas destaca todo tipo de promesas. Su propuesta “estrella” es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pero también otras como mantener la rebaja del transporte en 2024, medidas para frenar los precios del alquiler, limitar los vuelos cortos, ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas, topar los días en lista de espera de la sanidad pública o medidas fiscales con respecto a los impuestos para la banca, las eléctricas o las grandes fortunas.
Pero el pacto deja de lado la exigencia de regularización para las personas migrantes y la derogación de la ley mordaza. Reafirma el compromiso guerrerista con la OTAN y la Unión Europea, mientras no mueve ficha de su apoyo al Estado colonialista y criminal de Israel.
La hoja de ruta prevista por este acuerdo de gobierno es continuista y las promesas recuerdan mucho a las de 2019, más destinadas a los titulares y a la galería, que a su traducción en la realidad. Promesas que cuando directamente no son abstractas o sin entrar en detalles, como en el caso de la reforma fiscal, están condicionadas por el apoyo, en primer lugar, de los votos de partidos patronales como Junts o el PNV, y de la propia patronal. Por lo tanto, son promesas que, de nuevo, pueden quedar en un cajón, como ya han quedado la derogación de la ley mordaza o de las reformas laborales.
En el caso de la “medida estrella” del acuerdo, la reducción de la jornada laboral, el texto especifica que “reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales. Su aplicación se produciría, hipotéticamente, de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025”. Una reducción a 37,5 horas que Sumar proponía aplicar de forma inmediata y que ahora se prevé aplicar ahora en 2025, siempre y cuando este acuerdo sea apoyado por el resto de socios parlamentarios. Sin embargo, la evaluación de la jornada laboral y la continuación de la reducción queda supeditada “a la constitución de “una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal”, es decir, al beneplácito de la patronal.
Es la propia patronal la que viene aplicando jornadas laborales reducidas, a través de contratos parciales con salarios de hambre, que le sirven en buena medida como herramienta para precarizar y superexplotar a la clase obrera, sobre todo la más joven.
Como ya denunciamos con las cifras de “empleo récord” anunciadas y aplaudidas por el Gobierno, tras las cifras se esconde una realidad laboral de salarios que no alcanzan, horas que no se cobran, y jornadas parciales o que no acaban. Ni siquiera la actual jornada de 40 horas es respetada en los sectores más precarios de la economía, como pueden ser la hostelería o el comercio. Ahora PSOE y Sumar anuncian esta reducción que todo indica que, de llevarse adelante, va a ser a medida de la patronal y sin cuestionar las irregularidades que existen de fondo.
Los salarios llevan acumulando una pérdida del poder adquisitivo que no ha sido revertida por las mejoras salariales del SMI que ha aplicado este Gobierno y que reafirma en el texto. Un SMI muy lejos todavía de los 1.500 euros que se considera la cifra mínima acorde con el precio de la canasta familiar, siendo la subida salarial acumulada que se prevé para los próximos cuatro años (2022-2025) del 13,4%, mientras que la subida de precios acumulada ascenderá al 18,4%, y todo ello si se cumplen las previsiones.
En la cuestión de la vivienda, el pacto de gobierno deja fuera compromisos reales que hagan efectiva la aplicación de la ya de por sí limitada Ley de Vivienda o para regular los alquileres temporales, una herramienta de la que se sirven los especuladores de la vivienda. El texto habla de aumentar el parque público de vivienda hasta el 20% del total, cuando hoy apenas supera el 2%, sin entrar en detalles concretos de medidas, de la financiación o los plazos de la propuesta, más allá de la creación de un registro de pisos deshabitados. Se menciona la consolidación del “Bono Alquiler Joven”, que no cuestiona los precios altos del alquiler y supone simplemente un traslado de dinero público hacia los especuladores de vivienda.
El último punto del acuerdo, bajo el adornado título de “Una España abierta al mundo y con voz propia en el escenario internacional”, y con referencias a la “paz” o a los “derechos humanos”, lo que se refuerza es el compromiso de un posible Gobierno del PSOE y Sumar con las políticas imperialistas, racistas y guerreristas de la OTAN y la UE. Es decir, reafirmar el compromiso imperialista del Estado español con la Guerra en Ucrania o con Israel. No hay mención a la situación del Sahara Occidental ni al derecho de autodeterminación saharaui, pisoteado por la autoritaria Monarquía marroquí, un auténtico gendarme en la frontera sur, aliada del Gobierno y el Estado español. Y las menciones a un “nuevo Pacto de Migración y Asilo, que esté en línea con los valores de dignidad humana y solidaridad establecidos en nuestros Tratados”, resultan insultantes tras hechos gravísimos y responsabilidad del Gobierno “progresista” como la Masacre de Melilla. Obviamente, ninguna mención de la idea de regularizar a las más de 600.000 migrantes en situación irregular en el Estado español. Claro que no, las patronales amigas del gobierno quieren seguir teniendo mano de obra semi esclava y sin derechos.
Mientras Gaza es bombardeada despiadadamente por el Estado de Israel, el reconocimiento “unilateral” del Estado palestino del que habló Sumar semanas atrás ha quedado en la nada. Y la retirada del apoyo político, económico y militar al Estado israelí o la retirada de tropas españolas del Líbano, ni está ni se le espera. Nada que sorprenda no solo del PSOE, un partido imperialista hasta la médula, sino también de Sumar, que viene acercando posiciones con Los Verdes alemanes, una formación profundamente proimperialista, pro OTAN y defensora del sinonismo.
Te puede interesar: Los Verdes alemanes: los amigos sionistas e imperialistas de Yolanda Díaz
Te puede interesar: Los Verdes alemanes: los amigos sionistas e imperialistas de Yolanda Díaz
Una vergonzosa frase al final del texto del acuerdo señala: “Apostaremos por el reconocimiento del Estado palestino conformemente a la Resolución del Congreso de los Diputados de 18 de noviembre de 2014”, que supone posponer dicho reconocimiento hasta que la Unión Europea así lo acuerde y “teniendo en cuenta los legítimos intereses de seguridad de Israel”, es decir, lo pospone indefinidamente. Mientras tanto, al actual Gobierno del PSOE y Sumar son cómplices del Estado sionista y la masacre al pueblo palestino.
El dirigente del PCE, Alberto Garzón, calificó hoy de “magnífico el acuerdo logrado” para reeditar un gobierno “progresista”. Lo que es magnífica es la lavada de cara al PSOE y a las políticas imperialistas del Estado español por parte de esta izquierda del régimen. En política, entre Sánchez y Díaz hay una sintonía total. El Régimen, los grandes capitalistas españoles y el imperialismo europeo no podrían sentirse más a gusto.
