Una nueva investigación ha derrumbado la versión que dieron las autoridades gubernamentales, quienes sostuvieron que la muerte de varios migrantes en Ciudad Juárez no estuvo relacionada con su actuar sino con el de las victimas.
Miércoles 20 de marzo
El 27 de marzo del 2023 ocurrió un incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, del Instituto Nacional de Migración (INM), que tuvo como consecuencia la muerte de 40 hombres encerrados y asfixiados por el humo, otros 27 resultaron con lesiones de por vida y 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático. Este terrible hecho fue provocado en una celda cerrada bajo llave, resultado de una protesta de los migrantes, quienes se encontraban encerrados en condiciones de hacinamiento.
En aquel momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó a las víctimas, en medio de una oleada de criminalización encabezada por el gobierno local, producto de una estrategia premeditada para contener la migración bajo la 4T. Sin embargo, a pesar de los intentos del presidente y los medios por esconder los hechos, la verdad ha salido a la luz.
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Las muertes no fueron un accidente
Una investigación transfronteriza de La Verdad junto a Lighthouse Reports y El Paso Matters, publicada por Aristegui Noticias, revela nuevos detalles de los acontecimientos, irregularidades, abusos y omisiones graves ocurridas el 27 de marzo, que fueron expuestos por los audios recuperados de la estación migratoria. Pero lo peor es que, a pesar de las suplicas de los migrantes, la respuesta de las autoridades del lugar fue: “No… a ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes”, dijo Gloria Liliana R.G., funcionaria del INM que ahora se encuentra bajo proceso por su responsabilidad en los hechos.
Además, se destaparon otras irregularidades que dieron lugar a abusos y omisiones graves que llevaron a la muerte de los migrantes en una celda cerrada bajo llave, saturada, sin extintores, sin ventilación, sin rociadores contra incendios y con detectores de humo sin funcionamiento, que afectó a trabajadores venidos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela. De acuerdo con la investigación, a pesar de que los funcionarios alegaron que no tenían las llaves de las celdas, los videos y los audios muestran lo contrario, que sí las tenían, pero no quisieron salvar la vida de esas personas.
Por otro lado, este hecho muestra que las estaciones de migración son realmente cárceles, lo cual va contra las propias leyes mexicanas, que establecen que la migración indocumentada no es un delito, sino una falta administrativa y por lo mismo no hay razón para que las personas que la cometen lleguen a esos espacios. Pero la cosa no termina ahí, porque si bien se ha señalado responsabilidad de ciertos funcionarios de migración, la realidad es que ha pasado casi un año desde el incendio en la estancia migratoria del INM sin que los casos clave lleguen a juicio.
Por ejemplo, Francisco Garduño Yáñez se ha mantenido en su cargo de comisionado del INM, el de más alto rango en el Instituto, a pesar de que está vinculado a proceso, acusado por su presunta responsabilidad en la serie de omisiones que provocaron el incendio, lo que es una importante muestra de impunidad, a pesar de que en el discurso de la 4T se diga que eso ya se acabó.
Una política venida del norte
Desde el principio del sexenio, el gobierno de la 4T ha tomado medidas contra los migrantes mediante el INM y la Guardia Nacional, producto sobre todo de las exigencias del entonces presidente de EE.UU. Donald Trump y que encontraron una continuidad más discreta con Joe Biden, incrementando las redadas contra los trabajadores que buscaban cruzar la frontera y lanzando una política xenófoba y racista, pues no sólo se promueve el odio contra los extranjeros, sino que se les busca por su perfil racial.
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Eso se explica porque, aunque un gobierno burgués se presente como “progresista”, como es el caso de la administración del Morena, esto no quiere decir que rompa con los marcos que su clase social y el Estado le marcan, lo cual, en México, se expresa como continuidad de la subordinación a Estados Unidos, en este caso, en materia migratoria.
Es decir, aunque exista un discurso humanista, que diga defender los derechos humanos, los hechos demuestran otra cosa. En México las fronteras se encuentran militarizadas y funcionan como espacios de detención permanente, producto de una política de criminalización y represión contra la población migrante, que son un caldo de cultivo para estallidos de desesperación.
Por eso decimos ¡Abajo las fronteras! ¡Libre tránsito y plenos derechos para las y los migrantes! ¡Unidad de los trabajadores, de todos los países y todos los colores!