Sociedad. Agronegocios, inundaciones y penurias populares

En muchas ciudades del Litoral argentino, la gente ya no mira el almanaque sino los números que marcan la altura del río. A pesar de que antes vivieron otras crecidas, muchos se han hecho especialistas en los metros y centímetros que crece el agua cada día. Porque nadie sabe cuándo empezará a bajar.

Al cierre de esta edición el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitía un alerta por lluvias y tormentas en la zona de Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. ¿Hasta cuándo? se preguntan los que montan guardia en sus casas, viendo como el agua se acerca. ¿Hasta cuándo? se preguntan las familias que hoy viven en escuelas, clubes y otros centros de evacuados.

Como venimos reflejando en La Izquierda Diario, el Litoral vive la inundación más grande de las últimas décadas. En algunos lugares hablan de 30 años, recordando la del 83’; en otros la comparan con la del 59’, más profunda aún. Son 25 mil evacuados en las provincias argentinas, y más de 100 mil en el Paraguay.

Pero los números no terminan de expresar el drama que se está viviendo en las ciudades invadidas por el río. Según cuentan las integrantes del sindicato docente entrerriano, “son familias que ya vivían con lo mínimo. Y se viene una situación muy dura. Siempre hay pérdidas, las viviendas quedan deterioradas, las condiciones de vida empeoran, es una situación muy dura de afrontar”.

Esas miles de familias pasarán las fiestas en los centros de evacuados. Palpitan que el "Año nuevo” puede ser peor.

Agronegocios e inundaciones

Facundo Scatonne Moulins, ambientalista entrerriano, denuncia con claridad quiénes son los responsables de esta situación.

“El Estado tenía información de antemano (estudios de hidrología, meteorología, impacto de deforestación y agronegocio) y tiene su cuota de responsabilidad”, dice Facundo. “El mapa de las inundaciones es el mismo que el de la deforestación y el agronegocio”.

Según estudios científicos, sólo queda un 7 % de la superficie original de bosques en la zona atravesada por los ríos Uruguay, Paraná e Iguazú.

Además, en un artículo donde denuncia lo que está sucediendo con las inundaciones, Moulins plantea que “la política de incentivo a una agricultura basada en paquetes tecnológicos químicos fomenta la erosión de la tierra (además de la muerte por agrotóxicos y comida transgénica) y es pura responsabilidad de los gobiernos que apostaron por una política agroindustrial y mataron la orgánica”.

Moulins marca las responsabilidades de ambos gobiernos. “El Gobierno nacional redefinió el Ministerio de Agricultura como Ministerio de Agroindustria, profundizando el modelo vigente. En el discurso inaugural, el gobernador de Entre Ríos dijo que iba a incentivar fuertemente la política forestal y le iba a dar valor agregado. Hace tiempo, los municipios destruyen los humedales y zonas de reserva, entregándolas a los negocios inmobiliarios y agronegocio. Distintos colores, mismo resultado”.

El integrante de la asamblea de la costa del Uruguay dice claramente quiénes son los responsables. Pero también quiénes son los que pagan las consecuencias. “La repartición de los riesgos ambientales no es igualitaria, no afecta a todos de la misma manera. Afecta más duramente a los más vulnerables”.

Negligencia oficial

En el Litoral muchos sabían que este verano iba a traer lluvias y crecidas. Salvo obras menores que no soportaron la primera etapa de la crecida, el Estado no tomó medidas para enfrentar lo que se venía.

En el caso de Entre Ríos, el Frente para la Victoria y el peronismo gobiernan la provincia y las principales ciudades desde hace 25 años. La última mitad, con un gobierno nacional del mismo signo.

Mientras los dueños de la tierra hicieron sus negocios, las grandes mayorías siguieron postergadas. Los hombres y mujeres que cosechan los campos y mueven las palancas de la agroindustria, igual que miles de docentes y trabajadores municipales, viven en condiciones precarias. Unos la "levantaron en pala", a otros los tapa el agua.

Foto: Hernán Zenteno

La gestión de Mauricio Macri, que actuó con rapidez para eliminar las retenciones para los empresarios del campo, lo hizo con desidia y demora cuando se trató de la asistencia a los damnificados. El Presidente se vio obligado a suspender algunos días sus vacaciones para viajar a Concordia, y que sus funcionarios lancen con varias semanas de retraso el Sistema Federal de Emergencias.

El plan oficial dispone de “tres etapas”, que incluye “mejoras, viviendas y obras estructurales” de largo plazo. “Se va a elevar un metro de la cota de defensa (en Concordia), se harán 250 viviendas para la gente que está en las cotas más bajas”. Se trata de un plan miserable, si tenemos en cuenta que el déficit habitacional de Concordia sería de 14 mil viviendas, y miles de familias viven en zonas inundables.

Solidaridad popular

Lejos de la desidia del gobierno nacional de Macri y el provincial de Bordet, entre la población “hay una corriente solidaria muy importante en estos días”. Lo dice Cristina Cerotto, docente e integrante de la comisión directiva de AGMER.

“Estamos organizando la solidaridad desde nuestro sindicato, y están colaborando otras organizaciones sociales y sindicales. Esto pone a prueba la solidaridad de los trabajadores con los trabajadores”, agrega.

Desde el sindicato docente invitan a acercarse a colaborar, todos los días, a la sede gremial de Concordia y de cada una de las seccionales.

Otras acciones solidarias se realizan en ciudades que tienen evacuados aunque en menor cantidad, como Concepción del Uruguay. Y la misma actitud están tomando seccionales docentes combativas, como el SUTEBA Matanza.

La izquierda se suma a esa corriente solidaria. También denuncia a los responsables de la crisis social que están dejando las inundaciones. “No es un desastre natural, es desidia de los Gobiernos” afirman los referentes del PTS en el Frente de Izquierda.

Además de ponerse a disposición de las familias afectadas, exigen a las autoridades asistencia completa y profesional inmediata. Y una solución estructural a los problemas que causan estos desastres. Para las familias que pierden todo por un desastre evitable, exigen subsidios del Estado basados en impuestos a los empresarios del campo y la agroindustria que tienen responsabilidades en este desastre. De allí también tienen que surgir parte de los fondos para financiar un plan de obras hidráulicas, de infraestructura y vivienda, para resolver las condiciones de vida del pueblo trabajador.