Con los votos de los ediles que responden al gobernador Juan Manzur, y los de la coalición Cambiemos, el concejo deliberante de la capital aprobó un nuevo tarifazo al transporte público de pasajeros. La cercanía entre el gobierno y los empresarios. Cálculo electoral y demagogia bussista.
Sábado 9 de marzo de 2019
El fuego cruzado de febrero entre el gobernador Juan Manzur y el intendente capitalino, Germán Alfaro, duró poco. Ayer los ediles que responden al PJ y a la colación Cambiemos, que integran radicales y alfaristas, levantaron juntos la mano para aprobar un nuevo tarifazo en el boleto de colectivos.
Con esta suba, los empresarios del transporte se anotan un incremento interanual del 54%, ganándole a la inflación, que en Tucumán –una de las provincias con los salarios más bajos- fue del 51,4% en 2018, ubicándose no casualmente por encima de la media nacional.
Hace tan solo un mes el intendente Alfaro denunciaba la maniobra empresarial para forzar un aumento del boleto y amenazaba con quitar las concesiones de las empresas que por “mala gestión” no pudieran pagar los salarios. Lo que se dice, un bluff. Mientras tanto el Secretario de Trabajo, Roberto Palina, se excusaba de intervenir y salía a pedir sesiones extraordinarias para aprobar el tarifazo.
Inmediatamente después el gobierno provincial intervino para adelantar más subsidios a los empresarios, con lo cual quedarán a la espera del inicio de las sesiones legislativas cuyo primer punto de agenda es el tarifazo.
La novedad es que esta vez votaron en contra los ediles que responden al ex gobernador, José Alperovich, y los bussistas de Fuerza Republicana. No por defender el bolsillo popular, sino por cálculo electoral. Recordemos que estos espacios votaron todos y cada uno de los tarifazos anteriores.
Ricardo Bussi, demagógicamente pidió que la plata "salga de la política". Quien se presenta como un "incorruptible" no es otro que el hijo del fallecido genocida, Antonio Bussi, condenado por delitos de lesa humanidad pero también por enrriquecimiento ilícito en una causa que incluyó investigaciones sobre cuentas en el Suiza a nombre de sus hijos Ricardo y José Luis, y que hace décadas lo catapultaron a la política provincial, ocupando diversos cargos legislativos desde entonces.
Con esta suba, que llevará el costo del boleto en la capital a 19,3 pesos, la tarifa interurbana se mantiene como una de las más altas del NOA, superando a Salta ($16) y Jujuy ($17,2). Es que durante el gobierno de Manzur la tarifa de transporte interurbano pasó de 4,83 a 19,3 pesos, un aumento de 300% en poco más de tres años, superando ampliamente la inflación.
Y a pesar de que este año las empresas de transporte, representadas por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), recibirán 1560 millones de pesos en subsidios de la provincia, más 645 millones de la Secretaría de Transporte de la Nación, más el subsidio al gasoil, y seguirán recaudando millones por la venta de pasajes, los empresarios afirman que tienen problemas de rentabilidad.
Con un informe que no se hizo público, firmado por Gustavo Adrián Holgado, director de Tránsito y Transporte, el concejo habilitó este nuevo tarifazo a libro cerrado. Nuevamente las empresas obtuvieron el aumento que quisieron sin abrir sus libros de contables.
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El traspaso de los subsidios a la provincia pone en manos del gobernador una cantidad de recursos multimillonarios que repartirá de manera discrecional a este sector cuya cúpula, conformada tan sólo 5 empresarios (directivos de AETAT), venía concentrando la mitad de los subsidios de la Nación, maniobras fraudulentas incluidas para cobrar dos veces.
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La cercanía entre el gobernador y la cúpula empresarial quedó registrada en una foto que subió el periodista Jorge Asís junto a Manzur desde la residencia de Jorge Berreta (vicepresidente de AETAT), en noviembre de 2018, justo unos días antes de que los empresarios forzaran un paro de transporte dejando de pagar el aguinaldo y que concluyó con un salvataje de 80 millones de pesos de la provincia.
Estatización del transporte público bajo control de trabajadores y usuarios
Desde el PTS en el Frente de Izquierda, Alejandra Arreguez, sostuvo que “durante el paro de transportes de febrero ya anticipábamos que la pelea entre el gobernador y el intendente era un verso y que se preparaban para votar juntos un nuevo tarifazo. Es que Cambiemos y el PJ gobiernan para defender los intereses de los empresarios. Somos la única fuerza política que consecuentemente se opone a todas las medidas de ajuste, como los tarifazos que es parte de la hoja de ruta trazada por el FMI. No hay ningún motivo para seguir sosteniendo el negocio privado de estos empresarios, que reciben mas de la mitad de sus ingresos en subsidios del Estado, y a pesar de lo que recaudan tienen un servicio pésimo porque no invierten un peso. Desde el PTS en el Frente de Izquierda, exigimos la anulación de los tarifazos y que se abran los libros de contabilidad de las empresas; la única manera de garantizar un servicio barato y eficiente es quitar este servicio público de manos privadas y que el transporte sea estatizado bajo control de los trabajadores y comités de usuarios”.