Nuevamente el caso Odebrecht levanta polémicas dentro de la esfera política internacional. Esta vez, con el suicidio de Alan García, expresidente de Perú, quien se encuentra involucrado en una serie de atropellos a los derechos humanos en dicho país.
Martes 23 de abril de 2019
El caso Odebrecht
Este caso se enmarca en los años de gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil, el mismo partido de Lula Da Silva y Dilma Ruseff, bajo el cual varios gobiernos “progresistas” realizaron pactos de corrupción a través de empresas como Odebrecht o incluso Petrobras.
Es por esto, que la derecha continental, apoyada por la derecha estadounidense, ha desplegado la operación Lava Jato, con el objetivo de ir “comiendo piezas” cual tablero de ajedrez con cada uno de los mandatarios relacionados al lulismo.
Sin embargo, cabe destacar que la operación mantiene mil y un lazos con las multinacionales extranjeras (especialmente estadounidenses), que no tiene nada que ver con el "combate a la impunidad y a la corrupción": busca sólo sustituir un esquema de corrupción por otro más servil a las potencias extranjeras.
Es por esto que Lava Jato fue parte fundamental del golpe institucional en Brasil, que abrió el camino para el triunfo de Bolsonaro, manteniendo a Lula preso. Táctica que ha buscado ser replicada en países como México y ahora en Perú. Y que incluso la derecha y el peronismo en Argentina proponen implementar de manera legal.
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Pero, ¿y qué pasa con Alan García?
Alan García no es la excepción a esto. Vinculado a los casos de corrupción a nivel internacional la derecha ha aprovechado este impulso para cuestionarlo.
Sobre este punto Cecilia Quiroz, militante de la agrupación de mujeres y diversidad sexual Pan y Rosas – Perú, afirmó que:
“No nos cabe duda de que Alan García y su segundo gobierno estuvieron vinculados muy estrechamente a la corrupción promovida por la empresa Odebrecht, así como lo estuvieron gobiernos como el de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán o personajes como Keiko Fujimori, entre otros servidores del gran capital. Sin embargo, consideramos que los crímenes por violación a los derechos humanos cometidos por Alan García durante sus dos gobiernos no pueden quedar impunes y pasar al olvido como si nada hubiera ocurrido". Destacando así las matanzas en los centros penitenciarios de El Frontón, San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara en 1986, y posteriormente de comunidades originarias en Bagua el 2006.
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Hay que enfrentar esta ofensiva de la derecha
La derecha busca abrirse paso con las campañas estilo “Odebrecht”, legalizando el financiamiento de empresarios, estableciendo acuerdos a favor del imperialismo como el ProSur y el reciente TPP11, los cuales vienen a reproducir y profundizar la lógica neoliberal: mayor explotación, despidos, y atacar las libertades sindicales.
Esto ha ido a la par en Chile de impulsar una agenda represiva, incluyendo proyectos como Aula Segura, la reducción de la edad para el control preventivo de identidad, el programa criminalizador Elige Vivir Sin Drogas y la escandalosa propuesta de establecer un toque de queda para la juventud menor de 18 años.
Es en este marco que a nivel internacional existe un gran desafío para las y los trabajadores, las mujeres, estudiantes, diversidad sexual, migrantes, pueblos originarios y la gran diversidad "racial" existente en América Latina: El de levantar una gran fuerza social organizada para enfrentar a la derecha y sus políticas conservadoras y retrógradas. Y esto sólo podrá ir de la mano de un proyecto anti-capitalista, superador de la política de pasividad del neo-reformismo del Frente Amplio en Chile, el peronismo y el Kirchnerismo en Argentina, y la serie de proyectos "progresistas" que se han dedicado a administrar de la mano de la gestión capitalista y corrupta como lo ha demostrado el Partido de los Trabajadores en Brasil.
En definitiva un proyecto político anti-capitalista, pro-obrero y feminista-socialista, que ponga de cabeza al gobierno de los ricos.