Tras la turbulenta audiencia con el denunciante Juan Grabois y la funcionaria del Ministerio de Capital Humano Leila Gianni, la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó que el Gobierno debe informar sobre el stock de comida almacenada en depósitos oficiales (alguna a punto de vencer) y presentar un cronograma detallado para entregarla a quienes lo necesitan.
Miércoles 5 de junio 15:13
Este miércoles la Cámara Federal porteña confirmó por unanimidad la medida cautelar que había dictado el juez federal Sebastián Casanello contra el Ministerio de Capital Humano en el caso de los alimentos almacenados en el galpón de la ex PepsiCo de Villa Martelli (Norte del GBA) y en Tafí Viejo (Tucumán). En su fallo, los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico reiteraron la orden de Casanello para que la cartera que conduce Sandra Pettovello informe el stock de comida almacenada en esos depósitos y el cronograma de su entrega a quienes lo necesitan.
El caso, destapado por investigaciones periodísticas, se convirtió en un escándalo político donde la ministra de máxima confianza de Javier Milei quedó en el ojo de la tormenta. Una de las primeras consecuencias fue la renuncia de Pablo de la Torre, hasta la semana pasada amigo personal de Pettovello y secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. Buscando quedar a salvo, la funcionaria quiso desviar la atención denunciando penalmente a su exsubordinado por la presunta contratación irregular de personal en la Secretaría. Algo que puede salirle mal, ya que ella también estaría involucrada en esas contrataciones.
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El lunes de la semana pasada Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, había dictado una medida cautelar a pedido de Juan Grabois, quien denunció a las autoridades del Ministerio de Capital Humano por almacenar sin entregar alimentos de primera necesidad en un contexto de profunda crisis alimentaria por la que atraviesan millones de personas.
En su sentencia, el juez federal intimaba al Gobierno a que presentara en un plazo no mayor a tres días “un plan de distribución” de la comida retenida en galpones oficiales de Villa Martelli y Tafí Viejo. Esa distribución, decía el fallo, debía realizarse sin demoras, de forma “inmediata”, ya que investigaciones periodísticas determinaron que parte de esa mercadería estaba próxima a vencerse.
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Haciendo alarde del negacionismo que caracteriza a La Libertad Avanza en los más diversos terrenos, Pettovello apeló el fallo de Casanello y el caso pasó a ser analizado por la Sala II de la Cámara Federal porteña. Este martes los camaristas convocaron a las partes para escuchar sus argumentos. Del lado querellante fue Grabois y del lado querellado fue la exkirchnerista Leila Gianni, actual subsecretaria de Legales de Capital Humano.
Las imágenes viralizadas del cruce a insulto limpio entre Grabois y Gianni en los pasillos de Comodoro Py empañó durante algunas horas el fondo del asunto, donde cada parte buscó dar sus propias explicaciones del escándalo. Pero los jueces Irurzun, Farah y Boico buscaron salir del escándalo (en el que también quedaron expuestos) no demorando la resolución sobre el caso.
Finalmente, un día después de la audiencia con las partes los camaristas confirmaron lo dictado por Casanello hace más de una semana. Ahora el Gobierno debería acatar la orden judicial, entregar los alimentos a quienes les corresponde y presentar un plan de manejo de esas toneladas de mercadería. Que lo haga es otra cosa. De hecho, ya mostró su intención de tomarse en broma el fallo judicial al firmar un convenio con la turbia organización Conin, comandada por el médico medieval y antiderechos Abel Albino.
Redacción
Redacción central La Izquierda Diario