Luego de los sistemáticos intentos de vacar al ahora ex presidente de Perú, Pedro Castillo, por parte de un Congreso profundamente corrompido y deslegitimado, y luego de que Castillo, con una medida bonapartista, intentara disolverlo, la “justicia” peruana determinó 7 días de detención preliminar por flagrancia y la posibilidad que el ex presidente sea investigado por el “delito de rebelión”.
Viernes 9 de diciembre de 2022 08:49
En diversas ciudades y en la capital limeña han empezado a producirse movilizaciones exigiendo el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones, que han sido objeto de una fuerte represión policial al servicio del odiado y desprestigiado Parlamento y del nuevo Gobierno de Dina Boluarte.
El salto en la crisis política peruana expresa de manera cruda la descomposición más profunda de la llamada “democracia” burguesa, cuyas instituciones vienen siendo profundamente cuestionadas a tal punto que durante los últimos años prácticamente se hizo una práctica habitual la vacancia y las acusaciones de incapacidad moral.
El corto Gobierno de Castillo estuvo caracterizado por un profundo y permanente acoso político por parte de los sectores derechistas del Congreso, obligándolo, en sus escasos 16 meses de gestión, a cambiar más de 100 ministros, afrontando causas judiciales fraudulentas y sostenidas con la única prueba de “testigos protegidos”.
Ante este escenario, Castillo jamás apeló a la movilización de los sectores populares, obreros, campesinos ni de las comunidades indígena-originarias, sino que al revés, buscó satisfacer las presiones de la derecha congresal despojándose de sus promesas electorales sin percibir que al hacerlo se iba quedando sin base de apoyo y completamente solo.
La detención y posterior encarcelamiento de Castillo con la amenaza de llevar adelante un “juicio por rebelión”, con una pena que podría oscilar entre 10 a 20 años de cárcel, es una medida que la derecha congresal y los sectores empresariales quieren imponer como una medida ejemplificadora ante el menor atisbo reformista de la Constitución fujimorista y, por tanto, del poder político que detenta, elección tras elección, gobierno tras gobierno, este sector político vinculado al empresariado y profundamente corrompido que controla todos los poderes del Estado.
Por todo esto y porque en el ataque a Castillo en realidad se expresa la voluntad de esta casta política de seguir golpeando sobre las espaldas del pueblo trabajador del campo y la ciudad, para preservar sus intereses y continuar enriqueciéndose, es que repudiamos el encarcelamiento de Castillo y exigimos su libertad inmediata, así como el cese de la persecución política y la represión a quiénes exigen la convocatoria a elecciones generales.
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