El estado de emergencia en dos distritos de Lima y siete de la norteña región de Piura fue anunciado este martes bajo la excusa de "combatir la inseguridad". El Gobierno de Boluarte militariza la calle y suspende garantías durante 60 días.
Jueves 21 de septiembre de 2023 10:11
Imagen de archivo. Estado de emergencia en Perú, enero 2023 / El Peruano.
Los distritos declarados en emergencia por 60 días son San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho en Lima, así como Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa de la región Piura.
Durante ese período la Policía Nacional va a mantener el control del orden interno, con el apoyo de las fuerzas armadas. Es decir que el Gobierno de Boluarte va a militarizar las calles durante dos meses suspendiendo los derechos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y seguridad personales.
Lo hace sin afectar a los grandes empresarios vinculados al narcotráfico y a los altos mandos policiales y militares, de manera demagógica y populista, bajo la excusa de combatir el incremento de la inseguridad.
Recordemos que este tipo de medidas, ya se implementaron anteriormente en el Perú (como bajo el Gobierno de Pedro Castillo o Vizcarra, entre otros), para, a partir de ello, tratar de parar y reducir la llamada "violencia ciudadana" y el denominado "crimen organizado" que, como muestran muchas cifras, se incrementa de manera cotidiana en el país y la región.
Sin embargo, estas iniciativas antidemocráticas que, generalmente, tienen únicamente motivaciones demagógicas ya que buscan congraciarse con el miedo de un sector importante de la población, no han contribuido en la práctica a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana y la violencia. Y esto se da porque, desde los diversos gobiernos de turno y desde las instituciones del Estado no se afecta concretamente a los grandes empresarios vinculados al narcotráfico, los cuales, como ha quedado expresado en diversos reportajes periodísticos, controlan a los jueces y fiscales, así como a los altos jefes de la policía nacional y del ejército.
Es precisamente a raíz del incremento del poder del narcotráfico en las grandes ciudades del Perú, que se ha venido dando un incremento de la violencia, la inseguridad y el crimen organizado. Más allá de ello, las instituciones del estado no han podido (o no han querido) enfrentar en serio este problema, por eso, más allá de capturas de pequeños comercializadores de droga, no se sancionan a los denominados “peces gordos” del narco, muchos de ellos con estrechos vinculo con los partidos políticos que hoy controlan el poder del país y a los altos funcionarios del estado.
Otro de los factores estructurales que viene generando el incremento de la violencia y que este gobierno no quiere enfrentar por sus compromisos con los grupos de poder económico nacionales e internacionales, tiene que ver con el incremento de la pobreza, la misma que está estrechamente relacionada al incremento del desempleo, la informalidad y la precarización laboral que hoy afecta a más del 70% de la población económicamente activa del Perú. Esta problemática es consecuencia directa de la implementación, por más de 30 años, de una serie de medidas de corte neoliberal que ha lo único que han contribuido es a enriquecer a un puñado de empresarios perjudicando al pueblo trabajador.
Estas serían la razones de fondo que estarían llevando al incremento de la violencia en el país, lo cual, como ya se dijo no se solucionara con la implementación del estado de emergencia implementado por el ejecutivo y secundado por el oportunismo y demagogia de diversos alcaldes distritales.
Según lo dispuesto por la normativa legal, la Policía Nacional deberá mantener el control del orden interno, con el apoyo de las fuerzas armadas, para lo cual esta institución determina las zonas donde se requiere su intervención.
Asimismo, durante el estado de emergencia quedan suspendidos derechos esenciales. En este período, la Policía Nacional coordina con las fuerzas armadas, las instituciones que administran justicia, los gobiernos regionales y locales, la Superintendencia Nacional de Migraciones, y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil.
Esta supuesta lucha del gobierno contra la violencia ciudadana, también viene siendo utilizada por el ejecutivo para tratar de lavarse la cara por su responsabilidad directa en los casi 70 muertos que dejo la violenta represión a los manifestantes que participaron en el pasado levantamiento popular que cuestionaba la asunción de Dina Boluarte después que el Congreso de la República promoviera la destitución de Pedro Castillo.
