OFENSIVA REPRESIVA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN BOLIVIA. Áñez decreta que los jueces penales sean críticos de arte

Este fin de semana, el autoproclamado Gobierno de Áñez promulgó el Decreto Supremo N°4231 ampliando el alcance de dos anteriores decretos para “prevenir” la “desinformación” sobre el manejo de la crisis socio-sanitaria en el país.

El decreto establece que las formas de expresión escrita, impresa o artística, son proclives a delito. Imponen esta medida excusándose en la declaratoria de emergencia a causa del Coronavirus (COVID-19).

La norma establece que cualquier persona que difunda información en cualquiera de las formas anteriormente mencionadas, será pasible a denuncia por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal.

Recordemos que los anteriores decretos supremos No 4199 y No 4200, fueron ampliamente cuestionados por la población en general e incluso por organismos internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos que solicitó dejar sin efecto el DS 4200 por no cumplir con el principio de legalidad y no ajustarse al interés imperioso de proteger la salud.

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De igual forma, la internacional Human Rights Watch (HRW) observó en dichos decretos que el lenguaje es vago y puede ser mal utilizado para "calmar" a quienes critican las políticas antipopulares de Áñez.

Si bien, ambos anteriores decretos, ya vulneraban el derecho a la libertad de expresión, lo novedoso del DS 4231 es la inclusión de las expresiones artísticas como causales de persecución penal. Esta situación refleja muy bien la mutación del autonombrado Gobierno de "transición" hacia un régimen inquisitivo, que se ampara en la crisis sanitaria y la cuarentena militarizada, para supuestamente "prevenir la desinformación".

La escalada represiva y la creciente vulneración en los derechos más básicos como el de la libertad de expresión amenanzan toda forma de manifiestación escrita, impresa y artística, "advirtiendo" la posibilidad de un proceso penal.

Ahora bien, ésta disposición no aclara quién y tampoco señala cómo valorarán o juzgarán las expresiones artísticas para imponer una pena.

Del mismo modo, esta disposición contraviene lo establecido en la Constitución Política del Estado (Art. 107) y en la Ley de Imprenta. Esto ha generado mucha preocupación en los distintos medios de comunicación, sobre todo, en aquellos que en las últimas semanas sacaron a la luz varios hechos de corrupción, uso de bienes del Estado e incumplimiento de la cuarentena entre otros. Hechos en los cuales fueron protagonistas varios funcionarios del Gobierno de Áñez.

Recordemos que la Ley de Imprenta y la CPE establecen como únicos mecanismos de regulación de las publicaciones y de la información emitida por medios de prensa, no solo la propia responsabilidad de las agencias informativas sino el llamado tribunal de prensa. Con este decreto, Áñez busca eliminar estas garantías legales y constitucionales para trasladar todo al ámbito de la jurisdicción penal.

Asimismo, sobre la ejecución y aplicabilidad del decreto en cuestión, no se aclara cuales parámetros serán los idóneos para que el Fiscal o la Policía Cibernética puedan valorar las manifestaciones artísticas como presupuesto para perseguir un delito.

Otro problema, en caso de que se procese penalmente a alguien por un delito asociado a la “desinformación” será para el "juzgador", quien tendría que fundamentar su sentencia haciendo una valoración artística.

Es evidente que el Gobierno golpista en su afán perseguidor, no tomó en cuenta estas cuestionantes. No obstante, lo que sí queda claro con esta disposición, es que este tipo de censura es otro intento más de avanzar y silenciar cualquier forma de protesta.

Ante este brutal atropello a la libertad de expresión, las y los trabajadores además de reivindicar nuestras libertades democráticas, debemos reivindicar la poesía, la literatura, la música, las danzas, el cine y toda forma de expresión artística como formas vitales de manifestación de nuestra conciencia y nuestras necesidades humanas.

Las y los periodistas, organizaciones de prensa, de artistas y de derechos humanos, y la población en general debemos exigir la abrogación inmediata de estos decretos que vulneran los más básicos derechos humanos como es el de la libertad de expresión.

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