El viernes pasado el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para legalizar los aportes de dinero con que los que las empresas financian las campañas de los partidos patronales. En esa misma línea, dicho proyecto de ley establece que los espacios gratuitos que los partidos políticos tienen en los medios de tv y radio se reducen a la mitad.
Miércoles 25 de julio de 2018 13:38
El escándalo de los aportantes truchos usando las bases de datos de la ANSES, de empleados de empresas amigas y hasta de miembros de la propia coalición para la campaña de Vidal y Cambiemos de 2017 dejó golpeado al gobierno. El discurso honestista del oficialismo quedó destruido y están buscando desviar las denuncias hacia una reforma de la ley de financiamiento.
El proyecto de ley presentado con la firma del presidente, el ministro del Interior y el jefe de gabinete pone una vez más al desnudo el carácter corrupto y la ligazón del partido de gobierno a los grandes empresarios. Es que sin ponerse colorados, los máximos dirigentes de Cambiemos, argumentan que este proyecto de ley es necesario ya que la actual legislación prohíbe el aporte de empresas en las campañas electorales pero que ese financiamiento ocurre de todos modos. Entonces, como ahora se descubrió que ellos recibieron millonarios fondos de empresarios y que trucaron los balances de sus campañas justificando esos aportes mediante cientos o miles de aportantes truchos, ahora piden que se legalice que las empresas financien sus campañas. Escandaloso.
Esto no es una exageración. El mismo proyecto de ley en sus considerandos justifica esto en los siguientes términos: “Por otra parte, el Proyecto propone la eliminación de la prohibición a las personas jurídicas de realizar aportes de campaña. Precisamente esta prohibición se encuentra entre las medidas introducidas en los últimos años que no han mostrado resultados positivos, en tanto no funcionó como mecanismo para generar mayor equidad. En cambio, existe un amplio consenso respecto a que estos aportes ocurren de todos modos y que la principal consecuencia de esta restricción consistió en un aumento de la opacidad en el financiamiento. Frente a la restricción jurídica, tal como lo advierten los estudios sobre este tema, el dinero de las empresas ha seguido financiando campañas, pero lo ha hecho sin que ese dinero sea registrado, dejando el financiamiento político aún más lejos del escrutinio público”. La lógica sería: como nos financiamos en forma ilegal, corrupta y después tenemos que inventar que hasta beneficiarios de planes sociales aportan miles de pesos a Cambiemos enviamos un proyecto de ley para que esa forma de conseguir dinero sea legal. Un nivel de impunidad y cinismo difícil de superar ya que el gobierno y Vidal, una de las principales implicadas en este escándalo, pretenden tapar el escándalo con este mismo proyecto de ley.
Lo que no menciona el proyecto de ley es que luego esas empresas son las mismas que, casualmente, luego de ganar el partido que apoyaron ganan licitaciones públicas millonarias con la que recuperan con creces los aportes efectuados. Como bien planteó la legisladora del FIT Myriam Bregman, precisamente, este es el caso de la empresa de seguridad Murata.
El Gobierno “blanqueó” los aportes realizados por esta empresa utilizando los nombres de empleados rasos de esa empresa que ni siquiera estaban avisados de esa maniobra. Como era de esperarse esa empresa terminó obteniendo contratos millonarios con el GCBA.
Además lo que el proyecto indica como una realidad ineludibles es algo que en verdad es patrimonio común de los partidos patronales que desde siempre recibieron aportes de las empresas más importantes del país. Así financiaron sus campañas Cambiemos, el PJ y el FPV. No así el Frente de Izquierda que no acepta aportes de ningún empresario ni empresa y que es casi la única alianza electoral que tiene los balances contables aprobados como tuvo que reconocer hasta el propio Lanata en su columna del día sábado del diario Clarín.
Otro de los puntos salientes de este proyecto de ley es que plantea reducir a la mitad los espacios gratuitos en la TV y la radio que todos los candidatos tienen en cada elección.
El proyecto de ley enviado por Marcos Peña y Rogelio Frigerio plantea sustituir el artículo 43 quáter de la Ley N° 26.215 estableciendo que “los servicios de comunicación están obligados a ceder el CINCO POR CIENTO (5 %) del tiempo total de programación para fines electorales”. Con la redacción actual los medios de comunicación deben ceder el 10 % del tiempo total de programación. Este aspecto del proyecto de ley es gravísimo ya que de esta manera se consolida un sistema de financiamiento de partidos políticos completamente inequitativo. Los partidos patronales no solo cuentan con fondos multimillonarios, además utilizan los gastos de publicidad de los actos del Gobierno para realizar campañas publicitarias de esos mismos candidatos. Y como sostuvimos en una nota previa a que se desatara el escándalo de los aportantes truchos, a esos aportes “hay que sumarle que algunos candidatos tienen detrás el impulso de medios de comunicación de empresarios amigos, cuando no son propiedad de esos mismos candidatos. El sistema de financiamiento de los partidos políticos es una muestra del alcance real de la democracia burguesa. Los candidatos de los trabajadores y los sectores humildes de la sociedad intentan ser ocultados, condenados al anonimato, por este sistema”.
El oficialismo busca con este proyecto ocultar sus negociados con las empresas y sus finanzas truchas al mismo tiempo que ataca las posibilidades de realizar campaña a las fuerzas de los trabajadores. Por eso desde el PTS en el Frente de Izquierda proponemos que la totalidad de los gastos de campaña de los partidos políticos sea completamente igualitario y financiado exclusivamente por el estado. Para así terminar con campañas multimillonarias que son utilizadas para que los trabajadores, los estudiantes y los pobres solo conozcan las variantes que ofrece Cambiemos, el peronismo o el Frente Renovador.
