Discurso Presidencial. Arce anuncia referéndum y más medidas de ajuste pro-empresariales

El 5 de agosto los empresarios privados exigieron al gobierno de Arce Catacora una agenda de 12 puntos para enfrentar lo que ellos califican como ‘crisis severa’. Las medidas liberalizantes que demandan los empresarios se suman al acuerdo de los 10 puntos que cedió el gobierno del MAS-IPSP en febrero.

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En su discurso presidencial del 6 de agosto, Arce Catacora, hace un importante guiño hacia la burguesía al anunciar una cumbre social y empresarial para discutir el tipo de cambio y un referéndum para definir la continuidad, o no, de la subvención a la gasolina. El referéndum anunciado por Arce Catacora además pretende llevar a las urnas la distribución de escaños parlamentarios en base a los resultados censales y la interpretación del Art. 168 de la CPE que podría habilitar o inhabilitar una nueva candidatura de Evo Morales. Sobre este último punto, en conferencia de prensa, el diputado evista, Gualberto Quispe, señaló que aceptarían el referendum pero que se incluya la consulta de revocatoria tanto para el mandato de Arce como del vicepresidente David Choquehuanca.

Los empresarios privados, mediante el IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior), emitieron un comunicado un día antes del discurso presidencial, en el que caracterizan como ‘severa’ la crisis que enfrenta el país y exigen medidas de liberalización. La respuesta favorable del gobierno del MAS-IPSP para las demandas empresariales no se hizo esperar. Desde la Casa de la Libertad en Sucre, en el protocolar discurso presidencial por el 199 aniversario de Bolivia, Luis Arce Catacora anunció una serie de medidas económicas que profundizan el compromiso de febrero entre el gobierno y el sector privado.

El porqué de la crisis: ¿Dónde están los dólares?

Desde La Izquierda Diario venimos denunciando que la falta de divisas en Bolivia es efectivamente un secuestro de dólares de parte de los empresarios y banqueros, pues, no existe ningún control sobre las exportaciones agroindustriales. Cuando se hizo público el escándalo de los Papeles de Panamá y la fuga de dólares hacia paraísos fiscales, el MAS-IPSP con mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) decidió rechazar la Ley contra la Fuga de Capitales y garantizar la impunidad de los grandes empresarios.

La tasa de interés de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos como política orientada a la repatriación de dólares se suma a este fenómeno. Hay una falta de disponibilidad de dólares en el mercado oficial, y desde la banca privada en los hechos se ha aplicado un corralito que restringe la posibilidad de los y las ahorristas y destinatarios de remesas a cobrar su dinero en dólares. Este corralito impuesto por la banca privada tiene el aval implícito del Estado, las resoluciones ambiguas de la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) se constituyen en cómplices de la retención ilegal de los ahorros y remesas de miles de trabajadores.

La crisis política agravada después de la intentona golpista del 26J, va acompañada de un resquebrajamiento de los precarios equilibrios económicos, y ante los indicios cada vez más evidentes de una crisis económica el gobierno del MAS-IPSP anuncia ajustes contra el pueblo trabajador, a la medida de los grandes empresarios privados, banqueros y agroindustriales.

La escasez del dólar en el mercado oficial ha dado lugar a un mercado negro que especula vorazmente con el tipo de cambio, devaluando en los hechos la moneda nacional. Los empresarios privados exigen ‘sincerar el tipo de cambio’, y luego de más de 15 años del tipo de cambio fijo, el gobierno anuncia la apertura de un diálogo con los empresarios y el sector productivo para tratar el tipo de cambio. Hasta el 26 de junio el Banco Central de Bolivia (BCB) había prohibido toda transacción con el uso de criptoactivos en el país, sin embargo, ahora da un giro para impulsar “el uso de plataformas digitales y criptoactivos respaldados en oro y litio para facilitar transacciones y aliviar el uso del dólar físico”, a pesar de la alta volatilidad y especulación que caracterizan los criptoactivos.

El riesgo inminente de devaluación de la moneda en los hechos es un ataque al poder adquisitivo de los ingresos del pueblo trabajador, mientras los grandes empresarios exportadores se benefician. Ante cualquier intento de devaluación, debemos organizarnos y luchar en defensa del salario mínimo nacional acorde a la canasta familiar y con escala móvil.

En febrero, al firmar el acuerdo entre el gobierno de Arce Catacora y los empresarios, supuestamente se iba a regularizar la disponibilidad de dólares, ¡mintieron! y ahora tienen la osadía de exigir al Estado ‘coadyuvar a la baja de la mora’ para ‘precautelar la solidez del sistema financiero’. Los banqueros exigen al Estado ayudarles en la cobranza de las deudas en mora, pero no dicen nada de la tremenda estafa financiera del Banco Fassil.

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No hay salida a la crisis de divisas de la mano de los banqueros. Lxs socialistas revolucionarios luchamos por la nacionalización de todo el sistema financiero, con la creación de una banca estatal única bajo control obrero colectivo. ¡Basta de especulación! ¡Basta de fuga de capitales!

¿Y qué de la subvención a los combustibles?

Las filas interminables en gasolineras a la espera de combustibles se hacen cada vez más comunes. Según datos del primer mandatario, “a mayo de 2024, el 58% de la gasolina y el 86% de diésel que consumimos son importados y la situación se agrava por precios internacionales”, esta importación se paga en moneda extranjera a precio de mercado, y se subvenciona el consumo interno a precios fijos. La precariedad de la situación económica se expresa en los aprietos del gobierno nacional para el pago de las importaciones, cualquier imprevisto puede repercutir en atrasos en los pagos de importación, y los complejos balances geopolíticos se expresan por ejemplo con la compra de gasolina rusa, que al final tuvo que ser importado en buques de bandera panameña para evitar escaladas diplomáticas con los Estados Unidos.

Los intentos de ‘gasolinazo’ de Carlos Mesa (2004) y Evo Morales (2010), que buscaban eliminar la subvención a los carburantes, resultaron en masivas protestas populares y la anulación de las medidas, dejando el precio de venta de la gasolina en 3,74 Bs. En la agenda empresarial se encuentra la liberación de importación de combustibles (sin impuestos) y su libre venta, es decir, dejar en manos del mercado el precio de la gasolina y el diésel.

Las declaraciones de Evo Morales parecen coincidir con los empresarios, al plantear la necesidad de repensar la política de subvención. Arce esquiva la toma de decisión y con un falso barniz democratizante convoca a un referéndum nacional en torno a la subvención de los carburantes, obligando al pueblo trabajador a ponerse la soga al cuello, con la disyuntiva de la escasez de gasolina o la liberación de precios. Paralelo al referéndum, Arce anunció la liberación de impuestos para la importación de diésel y gasolina y la venta de la gasolina premium plus a 5,71 Bs y la gasolina ultra premium 100 a 6,71 Bs.

El proyecto de biocombustibles que fue impulsado por los agroindustriales en alianza con el gobierno de Evo Morales ahora se consolida con Arce Catacora. El modelo de biodiésel exige la introducción en mayor escala de transgénicos para mayor productividad y orienta la producción agroindustrial hacIa los combustibles y no así el consumo humano y la soberanía alimentaria. Arce se refiere a la necesidad de tecnologías para aumentar la productividad, respondiendo a la exigencia de ampliación de uso de transgénicos. El MAS-IPSP que denunciaba al régimen de facto de Jeanine Añez por ampliar el uso de transgénicos ahora reivindica los mismos.

La demanda de los empresarios agroindustriales de ‘transición energética’ e ‘incentivo a la producción de biodiésel por privados’ fue respondida por el gobierno del MAS-IPSP que anunció incentivos fiscales como un gravamen arancelario cero y el IVA cero para importaciones de maquinaria y equipamiento para plantas de biodiesel. Mientras los grandes empresarios gozan de no pagar impuestos ni aranceles aduaneros, el pueblo trabajador se encuentra una vez más a la merced del mercado internacional.

Liberar las exportaciones

En el pacto de febrero el gobierno de Arce ya liberó las exportaciones, cumpliendo con una demanda de los empresarios privados a la que también se sumó Evo Morales, quien indicaba que si se exporta el ganado vacuno podemos comer carne de llama. Entre los doce puntos de exigencia los empresarios incluyen la eliminación de toda restricción a la exportación. En su discurso presidencial Arce accedió a esta demanda condicionando a un ‘plan de abastecimiento interno’.

Lejos de romper con el modelo de economía primario exportador, esta política con la que tienen acuerdo ambas fracciones del MAS-IPSP y el empresariado privado, reafirma nuestro papel en la distribución internacional del trabajo. No existe ninguna garantía efectiva contra la fuga de capitales mucho menos del ingreso de divisas al país.

Los y las socialistas revolucionarios exigimos el monopolio estatal sobre el comercio exterior para enfrentar la fuga de dólares que llevan adelante, no sólo agroindustriales y demás exportadores, sino determinar colectivamente qué bienes importar al servicio de las necesidades sociales y no al servicio de acumular ganancias como sucede actualmente.

¡No más deuda externa!

Las constantes negociaciones entre el órgano ejecutivo y legislativo giran en torno a la aprobación de ‘créditos internacionales’. Una de las limitaciones que establece la CPE es que todo crédito internacional debe ser aprobado por el legislativo, un candado constitucional que obliga al ejecutivo a negociar a cambio de lograr inyecciones de divisas del exterior. En este momento los principales acreedores de la deuda externa pública del país son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con cerca a un tercio, el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF con un 20%, el Banco Mundial (BM) con más del 11%, la República Popular de China con cerca al 10% y Francia con un 5%, esta composición es una muestra de las dependencias cruzadas que caracterizan las relaciones geopolíticas del país. Esta dependencia cruzada es un punto de contradicción entre el gobierno de Arce y los empresarios privados quienes exigen que la deuda externa se contraiga con organismos internacionales en lugar de los acuerdos bilaterales, es decir, priorizar los lazos de dependencia con el imperialismo estadounidense en lugar de apostar por el acercamiento a las potencias capitalistas emergentes de los BRICS.

Los antiimperialistas luchamos contra las cadenas de la deuda externa y las relaciones de dependencia con cualquier potencia imperialista o capitalista, pues ninguna de estas potencias es un ‘mal menor’ o ‘socio estratégico’. Rechazamos la política de endeudamiento y sumisión, y rechazamos el pago de la deuda externa, así como rechazamos las multimillonarias indemnizaciones que imponen al país las empresas transnacionales mediante conciliaciones internacionales.

Los empresarios tienen un proyecto de recorte, ajuste y privatización

El gobierno del MAS-IPSP tiene una política de negociación y entreguismo permanente para favorecer los intereses económicos de la burguesía financiera, esto se expresa en los acuerdos de febrero y el discurso presidencial. Estos acuerdos garantizan el respeto a la gran propiedad privada y las ganancias usureras de la burguesía, pero el MAS-IPSP a diferencia de los gobierno neoliberales, gobierna bajo la presión de las demandas de las clases populares que lo llevaron al gobierno. En ese sentido hay elementos programáticos en torno al papel estatal en la economía que exige la derecha empresarial que lo diferencian del proyecto progresista: el recorte del gasto público para reducir el déficit fiscal y la evaluación de la ‘rentabilidad’ de las empresas estatales.

La derecha empresarial ha anunciado su proyecto de clase, al igual que el plan motosierra de Milei, el ataque a la educación y la salud pública, y el desmantelamiento de las empresas públicas. Las presiones del pacto fiscal, que será eje de la discusión política con los resultados del censo, pondrán en tela de juicio el modelo económico plural del MAS-IPSP. Desde la izquierda trotskista llamamos a la organización con independencia de clase, en defensa de la educación y la salud pública, gratuita y de calidad. Ante cualquier intento de privatización o cierre de las empresas estatales, que se traducirá en la tercerización, precarización y despido de trabajadores, estas empresas deberán pasar al control obrero colectivo.

¿El referéndum como salida a la crisis política?

La intentona golpista del 26J puso en evidencia el papel protagónico de las fuerzas armadas y policiales en la política nacional, este rol es un hecho objetivo desde el golpe de Estado de 2019 que ha abierto una crisis política nacional que hasta ahora no se resuelve.

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La pugna dentro del MAS-IPSP no tiene justificación ideológica, sino que se basa en lealtades personales y espacios laborales en el Estado, ambas fracciones logran pactos coyunturales con la oposición de derecha dentro del parlamento y llevan su disputa a todos los órganos del Estado. La pregunta propuesta por Arce en torno a la interpretación del Art. 168 de la CPE (reelección presidencial) pretende llevar la disputa entre fracciones masistas a un referéndum nacional, enfrentando el caudillo del MAS-IPSP con todas las otras fuerzas políticas del país, incluyendo la fracción arcista del MAS.

El reaccionario paro cívico-empresarial de Santa Cruz que encerró el departamento bajo control paramilitar por 36 días en 2022 exigiendo la realización del censo de población hizo evidente la futura pelea por la definición del pacto fiscal (distribución de recursos entre el gobierno central, gobiernos departamentales, regionales, municipales y universidades públicas) y la nueva distribución de escaños parlamentarios por población. La pregunta de referéndum en torno a los escaños pretende trasladar esta definición a las urnas, una medida aparentemente democrática, pero que mantiene un sistema antidemocrático y exclusivo.

La ilusión arcista de un referéndum como salida a la crisis política que vive el país ignora el trasfondo de la crisis, que no se resuelve con una mayor proscripción electoral ni con ajustes en el reparto de curules. El sistema político del país es profundamente antidemocrático y proscriptivo, característica que fue ahondada con la Ley de Organizaciones Políticas aprobada por el MAS-IPSP de Evo Morales en 2018. Los principales partidos políticos en el país nunca han cumplido los requisitos para la inscripción de nuevas organizaciones políticas electorales, pues gozan de vigencia siglas electorales registradas hace más de 40 años sin militancia real, que hoy son siglas de alquiler, que bajo la figura de alianzas se presentan con nuevos nombres y colores a solicitud de los candidatos de la burguesía. La principal oposición parlamentaria de derecha que se presentó como Comunidad Ciudadana, no ha presentado ni una firma al órgano electoral y se vale de la sigla electoral del otrora maoísta FRI; por su parte CREEMOS de Luis Fernando Camacho tampoco cumplió con los requisitos electorales, sino que alquiló las siglas de la democracia cristiana (PDC) y la UCS.

El sistema de partidos y organizaciones políticas mantiene con vigencia partidos caducos e inexistentes como ‘siglas de alquiler’ mientras imposibilita la participación electoral de nuevas agrupaciones con reglamentos restrictivos. ¡Exigimos el derecho a la participación directa en las elecciones de organizaciones políticas y sociales, sindicatos, comunidades, pueblos originarios y candidatos independientes!. La cámara de senadores es un resabio feudal, reaccionario y antidemocrático, que diluye el peso de las mayorías, al igual que la figura de diputados plurinominales son de elección indirecta y en lista cerrada. La figura presidencial es una herencia monárquica y personalista, con la potestad unilateral de conformar el órgano ejecutivo. ¡Luchamos por una cámara única de diputados del pueblo, con funciones legislativas y ejecutivas, elegidos sobre la base de una única circunscripción electoral nacional, con representación directa de los pueblos originarios!

Pero esto no es suficiente, hay que terminar con una casta de politiqueros al servicio de los capitalistas sean del oficialismo y/o de la oposición. Todo diputado/diputada, jueces y demás cargos electos deben recibir el salario de un fabril calificado o de un maestro de escuela, para terminar con el carrerismo individual, fuente de corrupción y prebendalismo. Debe ser revocable en cualquier momento que sus electores consideren que no cumple el mandato por el cual fue elegido/a. Todo funcionario público elegido por voto popular debe ser revocable en cualquier momento que no cumpla con el mandato de sus electores.

Desde la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI) advertimos que el referéndum propuesto por Luis Arce Catacora no resolverá la crisis política que hoy vive nuestro país, luchamos por una salida democrática que termine con la proscripción electoral y los privilegios de la casta politiquera. Llamamos a la autoorganización contra las medidas de ajuste en beneficio de los empresarios privados, anunciadas por el gobierno del MAS-IPSP. Ante la especulación, la falta de divisas, la devaluación y la creciente deuda externa: nacionalizar la banca bajo control obrero colectivo, monopolio estatal del comercio exterior, ni un crédito más, no al pago de la deuda externa. ¡No permitiremos que carguen la crisis capitalista sobre los hombros del pueblo trabajador, que la paguen los empresarios!