Criminalización de la protesta. Archivaron la causa contra los militantes que protestaron en la Suprema Corte de Justicia en 2013

El poder judicial decidió dar por extinguido el “delito de atentado especialmente agravado” del que se acusaba a un grupo de militantes sociales que participaron de la protesta en la Suprema Corte de Justicia en 2013. Protesta que sucedió a partir de la indignación generada por la remoción de la ex jueza Mariana Mota (que fue de las pocas juezas que mostró voluntad de avanzar en las causas de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura).

Como venimos diciendo desde hace años, la acusación contra estos militantes es totalmente arbitraria y selectiva, direccionada especialmente contra militantes identificados con el mote de “la izquierda radical”. Irma Leites y Álvaro Jaume, Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro), Aníbal Varela dirigente sindical de ADEOM, son 5 de los 6 militantes perseguidos durante años bajo esta acusación, junto con el fallecido Jorge Zabalza.

En conversación con La Izquierda Diario, Irma Leites nos relata los sucedido ese día y la intención del poder de elegirla a ella y los otros militantes para quitar de escena la reacción popular de rechazo que se manifestó en ese momento, con una participación amplia de organizaciones populares de todo tipo:

“Ese día entramos cientos y cientos de personas a la Suprema Corte de Justicia a repudiar esto. A partir de ahí fuimos procesados siete personas que eligieron, obviamente, nosotros siempre hemos remarcado que esta causa tiene un simbólico resultado: al acusar a siete personas como los responsables de esos hechos, ellos les quitan el rol general a la participación colectiva.” Y agregando que: “No porque nosotros hubiéramos tenido ningún rol especial ese día, sino porque realmente era una situación muy simbólica que fueramos siete personas acusadas de algo que no se sabía que era. Porque todos los que habíamos estado ahí presentes habíamos hecho los mismo: el repudio a la impunidad, la memoria viva, la bronca de que las chicanas jurídicas y de los abogados de los militares hubieran tenido ese resultado de perjudicar a quien había procesado a varios de los represores por los delitos que realmente correspondían.”

Fueron tomados como el chivo expiatorio de la situación, para amedrentar a todo el movimiento de DDHH y a todo aquel que se atreva a señalar el silencio cómplice y la impunidad que reina en el régimen uruguayo con respecto a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Es también una muestra clara de criminalización de la protesta social, reprimiendo especialmente a los sectores políticos y sociales que se presentan como independientes del régimen político.

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En las últimas horas la organización de DDHH Plenaria Memoria y Justicia emitió un comunicado que compartimos con ustedes:

Un poco de historia

Hasta 2013 desde el Juzgado Penal de 7mo turno, la jueza Mota venía avanzando en distintas causas judiciales y en condenar a varios violadores de derechos humanos de la dictadura, por lo cual la Suprema Corte decidió su traslado a un juzgado civil en una clara señal de defensa de la impunidad y de evitar nuevos juzgamientos.

En febrero de ese año cientos de personas se movilizaron para protestar, y algunos de ellos fueron imputados, en un primer momento, del delito de sedición. Cabe recordar que la convocatoria a manifestarse fue realizada también por sectores vinculados al FA y contó con la adhesión del PIT-CNT y la presencia de varios de sus principales dirigentes; sin embargo la Justicia se ensaña y persigue a aquellos luchadores tildados de “radicales” que no responden a esos sectores políticos.

La defensa de los acusados presentó un recurso de inconstitucionalidad ante lo que se entendía como una persecución política y restricción del derecho a la protesta y logró que la propia Suprema Corte (con otros integrantes) se pronunciara contra la tipificación de sedición y que la jueza Riera terminara clausurando el expediente.

Igualmente al poco tiempo, el fiscal Gustavo Zubía, el mismo que fue parte del Partido de la Gente y actualmente es diputado Colorado, pidió su reapertura, cambiando la acusación a “atentado” en lugar de sedición. Esto fue tomado por la jueza Salterain que dictaminó la condena de cárcel para los 6 acusados.

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Irma Leites nos testimonia como fue todo este proceso: “se tiene que constituir una Suprema Corte de Justicia especial que juzga este caso y nos absuelve, consideran que es un límite del derecho de la protesta, eso es importante. Y de vuelta, el Fiscal Zubía recurre esto y dice que estábamos mal procesados por esto y pide o sedición o atentado especialmente agravado que es por lo que nos van a procesar. Este proceso sigue, va a Tribunal de Apelaciones de vuelta, cometiendo la primer falta del poder judicial que es procesarnos dos veces por la misma causa, porque se había cerrado la causa, cuando ellos declaran que fue inconstitucional nuestro procesamiento.”

Y hasta que finalmente el proceso “vuelve a la Suprema Corte de Justicia, en el último recurso que presentan nuestros abogados es el de casación y ahí lo que sucede es que nos procesan definitivamente, que dicen que está bien que la Suprema Corte de Justicia nos vuelva a juzgar y quedamos definitivamente procesados. Esto luego va a un juzgado que se llama de Vigilancia y Ejecución de la Pena, y este juzgado el que ahora el 7 de agosto de este año, resuelve de que la pena está extinguida y decide archivar.”

La lucha contra la criminalización

Durante estos años, se organizó y movilizó en defensa de estos militantes, denunciando la persecución y complicidad del régimen, para imponer la impunidad. Con la solidaridad se lograron llevar a cabo acciones de protesta como la concentración en plaza Libertad en 2021, la marcha en marzo del año y pasado y la conferencia de prensa en la sede de ADEOM, para mencionar solo las principales acciones. Gracias a esa pelea solidaria, se logró revertir finalmente la situación. En este sentido Irma Leites nos comunicó acerca de este punto que: “la solidaridad ha sido muy importante, hemos mantenido movilizaciones, hemos mantenido conversaciones, denuncias de distinto tipo de como se podía tener por estos hechos procesados a siete personas durante todo este tiempo. En este tiempo también murió Jorge Zabalza y murió procesado por esta causa. En el nombre de él y de todos los compañeros y compañeras, y organizaciones que han estado en la vuelta, les damos las gracias todos y cada uno de nosotros que nos tocó vivir esta persecución.”

Es un logro importante en la lucha contra la impunidad y la criminalización de la protesta, pero como sabemos, la lucha sigue. Porque los ataques del poder, contra aquellas/os que se atreven a levantar la voz contra la injusticia, se renueva. Pero también seguirán renovándose la solidaridad y voluntad de lucha, que nunca renunciarán a dar todas las peleas necesarias. Como nos expresó finalmente Irma Leites en las últimas horas: “la lucha siempre vale la pena y tiene estos frutos”.