Después de cuatro años de indagatorias fiscalía cierra investigación del caso ASIPES, el caso que puso en el tapete público la intromisión de gremios empresariales en la redacción de leyes a su favor.
Miércoles 23 de septiembre de 2020
Año 2014, mientras en el Senado se discute la ley corta que fija las cuotas de pesca del jurel, la actual senadora y presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe, intercambiaba una serie de correos electrónicos con el entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) Luis Felipe Moncada. Estos intercambios, que luego fueron expuestos por la fiscalía, mostraban cómo, el presidente de la ASIPES envió una serie de indicaciones e incluso instrucciones a la senadora para el tratamiento de la ley.
Luego de cuatro años de investigación, el día de ayer la fiscalía decidió no perseverar en la investigación y decretó el sobreseimiento de las y los imputados en uno de los tantos casos de cohecho que se han investigado en el país.
Los casos que comenzaron con el destape del financiamiento irregular de la política con el caso PENTA Y SQM han resultado, en su mayoría, con todos los acusados saliendo libres y sin grandes costos.
Como lo dejó claro el 2018 la propia fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, la ley que penaliza el cohecho es tan compleja de aplicar que asegura la impunidad para quienes realicen este tipo de transacciones mientras sigan ciertos resguardos.
El caso de la senadora Van Rysselberghe es emblemático ya que a pesar de que la fiscalía logró el alzamiento de sus cuentas bancarias y el acceso a sus correos electrónicos donde encontró misivas enviadas por Luis Felipe Moncada con títulos tipo: "Corregido proyecto de ley que permite pesca jurel con línea de mano fuera de la cuota anual de esa especie"(10/09/2014), "Declarar inconstitucional indicaciones"(26/11/2014) o "indicación boletín 9097" (09/12/2014) bastó que la senadora señalara que “Respecto de la forma de pedir las cosas Luis Felipe, como lo conozco desde hace años, es la forma en que se comunica. es así, pero no significa que esté dando una orden, sino que es su forma de hablar en todo.” O que “En general, yo coincidía con los puntos del correo, aunque en todo caso lo que aporta ese correo es mayormente información ya entregada.” para que la fiscalía no se hiciera la convicción de que tras esos correos había alguna “orden”.
Caso similar ocurre con los dineros entregados ya que la senadora señaló no haber recibido dineros durante la tramitación de la ley, pero la fiscalía logró comprobar que si hubo pagos previos y posteriores a la tramitación. Solo ese hecho liberaría de culpa a la senadora e imposibilita la persecución del cohecho.
La familia se protege
Una cosa que llama atención de este tipo de casos son las relaciones y conexiones que existen entre el mundo empresarial y el político tradicional.
Luis Felipe Moncada no solo fue el presidente de una asociación gremial, sino que también es un amigo personal de la senadora JVR y uno de sus mentores en la UDI. Como la misma senadora lo reconoció en su declaración al fiscal el 2018, conoció a Moncada durante su tiempo en la universidad, fue este quien la ingresó al movimiento gremial y la formó ideológicamente en las ideas de Jaime Guzmán.
Además, Moncada es uno de los fundadores de la UDI en la Región de Concepción.
Una relación similar podía observarse en el esquema de PENTA donde Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano entregaron ilegalmente financiamiento a las campañas de senadores en ejercicio, en su mayoría militantes UDI, Délano era militante de la UDI e incluso integraba el consejo histórico del partido, además realizó trabajo como generalísimo de Joaquín Lavin en la elección de 1989 y las presidenciales del 1999 y 2005.
Finalmente de lo que se trata es que las redes empresariales se mezclan con las políticas a través de lazos familiares y de amistad construidos desde los colegios de elite, las universidades de elite, las comunas de elite. No por nada se ha llegado a hablar de que los ricos y poderosos del país constituyen una casta que se protege y garantiza la impunidad en este tipo de casos.
Una justicia para ricos y otra para pobres
El 2010, Bastián Arriagada, un joven de 22 murió calcinado en un módulo incendiado de la cárcel de San Miguel. Su crimen fue vender CD’s piratas en la comuna de San Bernardo. Se encontraba cumpliendo una pena de 61 días de presidio. El 2015, cinco años después del incidente, The Clinic entrevistó a la madre de Bastián para consultar su opinión sobre los casos de corrupción que saltaban a la luz pública por esos días.
Marcela Arriagada señaló en dicha entrevista que “Bastián era culpable de vender películas, ni siquiera las copiaba, se las pasaban, pero no era un peligro para la sociedad, como para que lo metieran preso” “Es injusto, los políticos roban, hacen lo que quieren, hay mucha corrupción, ninguno tiene pena de cárcel. ¿Qué justicia hay para los pobres?, ninguna. En Chile los ricos hacen lo que quieren. Las prisiones son para los pobres.”. Este juicio de una madre dolida, 5 años después, mantiene toda su vigencia.
Y es que el sistema judicial chileno asegura la impunidad para los ricos y poderosos. Mientras Carlos Délano y Eugenio Lavín pagaron con clases de ética, Iván Moreira pagó 35 millones de pesos en 12 cuotas o Jacqueline Van Rysselberghe terminó siendo sobreseída por conocer y coincidir ideológicamente con Luis Felipe Moncada desde hace años, Francisco Hernández Riquelme fue condenado por supuestamente lanzar bombas molotov contra carabineros en diciembre de 2019 o el caso de Roberto Campos Weiss quien alcanzó a estar 54 días en prisión preventiva luego de ser señalado como uno de los responsables por la destrucción de TORNIQUETES DEL METRO en la estación San Joaquin.
Así funciona la justicia en el país, si eres rico y tienes conexiones puedes defraudar al fisco en más de 600 millones de pesos e ir a clases de ética, pero si eres pobre y rompes un torniquete deberás pasar más de 50 días en la Cárcel de Alta Seguridad.
