La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los pedidos de arresto domiciliario solicitados por las defensas de los genocidas Alfredo Astiz y otros represores de la ESMA, condenados a prisión perpetua por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Desde que comenzó la cuarentena ya son 34 los represores beneficiados con la prisión domiciliaria.
Jueves 4 de junio de 2020 11:15
La pandemia por Covid-19 es una nueva excusa para que los genocidas responsables de crímenes atroces durante la última dictadura cívico militar eclesiástica, pidieran que se les otorgue el beneficio de prisión domiciliaria.
En este caso, las defensas del marino Alfredo Astiz y otros represores que fueron juzgados en las causas conocidas como ESMA II y ESMA unificada, habían solicitado el beneficio que fue rechazado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, confirmando la decisión del Tribunal Oral Federal 5, que ya había rechazado el pedido de domiciliaria para los condenados.
Además de Astiz lo habían solicitado los genocidas Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Alberto Eduardo González y Antonio Pernías todos ellos condenados por crímenes de lesa humanidad en perjuicio de centenares de víctimas.
Además la Sala II también confirmó la revocación de la prisión domiciliaria de Raúl Armando Cabral, otro represor condenado de la megacausa ESMA, a quien se le había otorgado el beneficiado a fines del año pasado, y que fue recientemente denunciado por su esposa por violencia de género.
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Genocidas con beneficios, el resto de los presos hacinados
En la resolución de la Sala II se detallan los motivos de la negativa a otorgar el beneficio. Entre los argumentos se señala que los sectores en los que se encuentran detenidos los genocidas están subpoblados, de acuerdo a lo que surge del informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre los presos con riesgo de salud a partir del coronavirus en la órbita del Servicio Penitenciario Federal. Es decir, hay menos presos en relación a la cantidad de plazas, realidad muy distinta de las condiciones inhumanas de detención que sufren miles de personas privadas de su libertad en las cárceles del país, que en su mayoría terminaron allí por delitos contra la propiedad o venta de drogas a pequeña escala .
El único lugar para los genocidas es la cárcel común
Con la pandemia como excusa desde el inicio de la cuarentena decretada el 20 de marzo pasado, hasta la primera semana de mayo se presentaron ante juzgados y tribunales federales 177 pedidos de arresto domiciliario o excarcelaciones por parte de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad, de acuerdo al relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en base a la información aportada por las fiscalías federales.
Hasta el relevamiento, el 72 por ciento de las solicitudes fueron rechazadas, mientras que 34 represores lograron acceder al beneficio de prisión domiciliaria y uno de ellos logró la excarcelación.
A casi 45 años del golpe, la mayoría de los genocidas sigue impune
De acuerdo al informe presentado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad el pasado 24 de marzo, hay 562 causas abiertas por delitos de lesa humanidad, con 3315 imputados, siendo sólo 968 los condenados, después de casi 45 años del golpe.
En suma, el 47% del total de 3161 personas investigadas en causas penales por delitos de lesa humanidad se encuentran libres (1563), mientras que el 28% están detenidas (913) y el 24% fallecieron (811).
Con respecto al estado de las investigaciones, el informe mostró que, de un total de 592 causas en trámite, el 45% se encuentra en etapa de instrucción (266), el 41% obtuvo sentencia (241), el 11% está elevada a juicio (65) y sólo el 3% está actualmente en juicio oral (20).
Un dato preocupante que se suma a que ante semejantes crímenes sean sólo 969 los condenados, es que el tiempo para que una sentencia quede firme es en promedio de 5,3 años desde su radicación ante un tribunal oral, la realización del juicio y el veredicto definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A este ritmo, la mayoría morirá impune.
La lucha independiente del Estado por el juicio y castigo en cárcel común para todos los responsables del genocidio una necesidad imperiosa para terminar con la impunidad.
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